Aquella enseñanza que nos transmitieron nuestros ancestros, en el sentido de que por cada taza de arroz deberíamos agregar dos tazas de agua, podría convertirse solamente en una remembraza. Aunque el Gobierno del Presidente Petro se jacte, ufane y alardee con presuntos logros en materia de reactivación económica del campo Colombiano, lo cierto del caso es que en algunas ocasiones pretende ganar indulgencias con ave marias ajenas, como ocurre con la Bonanza Cafetera, y en otras ocasiones, como en el caso de los arroceros, no le rinde como arroz, y en cambio si, el gobierno a e raja de principio a fin.
Y es que en efecto, los arroceros de Colombia llevan más de cinco meses pidiendo soluciones al Gobierno Nacional ante la grave crisis de precios que atraviesa el sector, por múltiples causas, siendo las principales, la caída en el consumo del cereal; y, la sobre oferta del grano en el mercado nacional, la cual a su vez en el caso de esta última, se explica por i) la producción desmedida y sin control en algunas regiones del país; ii) por la importación del producto proveniente de países como Ecuador; y también, iii) por el arroz que entra al territorio Colombiano de contrabando.
A través de mesas de diálogo con los delegados del Presidente Petro que hasta la fecha no han conducido a nada, se han planteado las problemáticas, pero las mismas han sido ignoradas sistemáticamente.
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Las leyes del mercado enseñan, que cuando hay sobre oferta, los precios caen. Hoy, el precio del arroz no cubre ni siquiera los costos de producción, lo que genera pérdidas económicas de hasta dos millones de pesos por hectárea para los cultivadores. Téngase en cuenta que los agricultores generalmente toman la tierra en arriendo para cultivarla. Adicionalmente los agricultores deben comprar insumos agrícolas costosos, y cuando cosechan, entregan el grano directamente o a través de la Federación de arroceros a los industriales, quienes o no compran, o compran al precio que quieren o pueden, pagando el precio del producto a los campesinos, en ocasiones después de 45 días de haber sido entregado el mismo, pues dada la saturación del grano en el mercado, no tienen otra opción que almacenarlo, esto es, guardarlo por un prolongado periodo de tiempo, lo que les implica costos financieros, pérdidas, más aún, cuando ya no cuentan con el incentivo de almacenamiento y en cambio si, tienen que asumir los costos financieros del dinero que han utilizado, durante el tiempo que tienen que guardar el producto para venderlo a un precio razonable.
La situación se torna insostenible. De hecho, los industriales han reducido la compra de la cosecha en un 19%, empujando a los cultivadores al límite. La eliminación por parte del Gobierno del Presidente Petro del incentivo al almacenamiento, ha dejado a los productores sin un precio base de referencia, agravando la crisis. Actualmente, el precio del arroz en cáscara ronda los $185.000 por carga; lo que solicitan es que se ajuste a $220.000 para cubrir costos y evitar más pérdidas económicas.
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Mientras tanto, el Gobierno Nacional, sigue aferrado a su retórica de inversión histórica en el agro, pero en la práctica, los municipios arroceros de Departamentos como el Tolima, Huila, Sucre, César, Casanare y Meta, padecen y sufren una crisis que pareciera no encontrar la luz al final del túnel, por falta de voluntad política y de soluciones concretas.
Ante la falta de respuesta, los agricultores en medio de su entendible desespero y de su razonable angustia, han optado por acudir a vías de hecho, como lo es, el paro arrocero, que ha afectado la movilidad en importantes vías del país.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, admite que después de cinco meses de diálogo aún no tiene claridad sobre el problema real.
En lugar de formular propuestas y ejecutar acciones propositivas en aras de la resolución de la problemática, el Gobierno sigue pidiendo más datos e información, que los arroceros ya han entregado.
Hoy, la incertidumbre es total y la crisis se agudiza, mientras los campesinos, transportadores, viajeros y comerciantes esperan una solución que no llega.
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El exceso de creatividad del Gobierno en procura de apaciguar los ánimos, solo le alcanza para proponer soluciones a largo plazo, las cuales tendrían efecto en la próxima cosecha, dejando sin respuesta ni propuestas para el ahora y el presente, a los productores que necesitan acciones inmediatas.
Las medidas cósmico futuristas propuestas por el Gobierno Nacional, entre otras cosas solo beneficiarían a un 8% del área total cultivada, lo que es absolutamente insuficiente para atender la crisis actual.
Para agravar la situación, las deudas insolutas o impagadas al sistema bancario y agrocomercial, por parte de los campesinos, están poniendo en jaque a muchos productores, quienes no pueden acceder a nuevos créditos ni mantener sus operaciones. A esto se suman condiciones sanitarias adversas que han afectado la calidad y el rendimiento de las cosechas.
Si no se toman medidas urgentes, la crisis podría desembocar en una escasez del producto, afectando aún más a los consumidores. Cómo quien dice, aquello de una taza de arroz, por dos tazas de agua, no será más que un recuerdo.
Y es que las negociaciones hasta el momento, han sido un genuino fracaso. La viceministra Xiomara Ortega no logró alcanzar ningún acuerdo con los arroceros, y tampoco con los molineros. Negociar con funcionarios sin capacidad de decisión solo demuestra la falta de voluntad política para resolver la crisis del agro. Mientras tanto, el país sigue sumido en la incertidumbre, los productores en la quiebra y el gobierno en una ceguera deliberada.
Este no es el gobierno del cambio, sino el gobierno del caos. Las crisis se acumulan, la inestabilidad es la regla general, y las soluciones brillan por su ausencia.
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El Presidente Petro debería cumplir lo que dijo en su trino del tres (3) de marzo, en el sentido de comprar la cosecha de los arroceros a un precio justo. Para ello podría promover por ejemplo: i) La compra del cereal a través de instituciones como el ICBF, o las Fuerzas Militares y de Policía, que demanda considerables volúmenes de alimentos, y dada la situación coyuntural, podrían priorizar la compra de arroz, con respecto a otro alimentos; ii) Buscar nuevos mercados para el grano en otros países, y hacer gestión por ejemplo ante la Comunidad Andina de Naciones CAN, para que países como Ecuador y Perú, compren nuestro producto, de la misma manera que nosotros lo hacemos con el de ellos; iii) Promover una política pública que permita regular y ordenar la producción del grano, otorgando por ejemplo subsidios a quienes siembren con semillas certificadas.
Finalmente y sin perjuicio de otras posibilidades, debe reconsiderarse la posibilidad de restablecer el incentivo al almacenamiento, pues con independencia de que la medida sea buena para algunos y no tanto para otros, es una medida que ha funcionado y no se puede descartar en una coyuntura como la que padece el sector.
Mientras Petro sigue aferrado a su discurso ideológico y hablando de reformas al agro, el campo colombiano se hunde en una crisis sin precedentes.
