Colombia tiene una ley que ordena blindar el presupuesto de su Rama Judicial, y un Congreso que, año tras año, la incumple. El artículo 86 de la Ley 2430 estableció que los recursos para la justicia deben llegar, de forma progresiva, al 3 % del Presupuesto General de la Nación. Han pasado tres años desde esa orden legal, y nada que se cumple. La diferencia se traduce en un faltante de más de seis billones de pesos solo para el próximo año.
El Proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 le asigna a la Rama Judicial 11,43 billones de pesos, cuando las necesidades sustentadas ascienden a 17,5 billones. El déficit —6,1 billones— es la razón por la que millones de colombianos esperan meses, a veces años, por una respuesta judicial. La máxima es conocida: justicia tardía es verdadera injusticia.
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Lo más preocupante es que, en términos reales, el proyecto de ley en comento le está recortando presupuesto a la Rama Judicial. El incremento nominal que ofrece —4,6 %— queda por debajo de la inflación proyectada del 5,1 %, lo que equivale a una caída real del 0,5 %, contradiciendo la propia Ley 2430, que prohíbe reducir ese presupuesto de un año a otro.
Financiar debidamente y con suficiencia la justicia es la condición mínima para que la cacareada colaboración armónica funcione. Cuando el Legislativo le niega a la Rama Judicial los recursos que la ley le reconoce, está impidiendo que una rama del poder público cumpla sus funciones.
Ese incumplimiento tiene, además, un costo humano que rara vez entra en la discusión económica de los números y de los billones: los servidores judiciales que reportaron afectaciones emocionales por la sobrecarga laboral pasaron de 1.612 en 2022 a 6.149 en 2025. Es la otra cara de la congestión judicial, agravada este año por el sismo del 10 de agosto, que dejó 110 sedes afectadas en cinco departamentos y obligó a desviar recursos que estaban destinados a modernización.
El Congreso tiene ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de aprobar el presupuesto de 2027: se trata de cumplir una ley estatutaria que fue objeto de control previo por la Corte Constitucional. Cada peso que le falta hoy al sector de la justicia representa, el día de mañana, a un colombiano más esperando una solución judicial definitiva. La justicia no puede seguir siendo la cenicienta en el Estado Social de Derecho colombiano, cuando justamente su misión es la de preservarlo, reivindicando los derechos de los más vulnerables y desposeídos, y ejerciendo el consabido control a las otras ramas del poder público.