Condecoración a Magistrados y Exmagistrado o peligrosa instrumentalización de los reconocimientos.
El reciente anuncio de que el Presidente Gustavo Petro otorgará la Cruz de Boyacá a un grupo de Exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, en reconocimiento a su lucha contra el paramilitarismo, merece una reflexión crítica.
Aunque los aportes de estos juristas en la investigación de la parapolítica son indiscutibles, el contexto político y las motivaciones del Ejecutivo, generan serias dudas sobre la pertinencia de este homenaje.
Es evidente que el Gobierno busca proyectar una imagen que fortalezca su relación con la Rama Judicial, mejorando de paso, su imagen política.
Sin embargo, esta condecoración no lograra mejorar la relación entre la Corte Suprema de Justicia y la Casa de Nariño, que ha estado marcada por tensiones como producto de las hostilidades del Ejecutivo, sin que podamos olvidar, el asedio de que fue objeto la Corte, en la tarde del ocho (8) de febrero del presente año.
Recordemos que hace apenas unos días, la misma Corte Suprema de Justicia, declinó recibir la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata, argumentando que aceptar el reconocimiento podría comprometer los principios de autonomía e independencia judicial. Esta decisión, tomada por la Sala Plena, fue un acto de dignidad institucional; óigase bien, dignidad institucional, que buscaba salvaguardar la imparcialidad frente a un Gobierno cuya narrativa tiende a polarizar.
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En este escenario, resulta pertinente preguntarse si la entrega de la Cruz de Boyacá a los Exmagistrados, es un acto genuino de reconocimiento o una estrategia política para neutralizar críticas y reconfigurar la narrativa en torno al Gobierno. No podemos ignorar que el acto busca también capitalizar simbólicamente los logros de la Corte en momentos en que Petro enfrenta una creciente pérdida de credibilidad y una opinión pública dividida.
Además, preocupa el precedente que estas acciones podrían sentar. Cuando los poderes públicos instrumentalizan las condecoraciones como herramienta para intentar reparar relaciones deterioradas o para ganar legitimidad, se corre el riesgo de trivializar la importancia de estos reconocimientos.
La Cruz de Boyacá, el máximo honor que otorga el Estado Colombiano, no debe, ni puede convertirse en un mecanismo para aliviar tensiones políticas ni para lavar la imagen de un gobierno.
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En este punto, es necesario reconocer, resaltar y reivindicar, la postura firme de la Corte Suprema de Justicia, al rechazar la condecoración promovida inicialmente por el Ejecutivo. Este gesto de la Corte refleja una comprensión profunda de su rol como garante de la separación de poderes y de su compromiso con la autonomía judicial y con la independencia.
La decisión de los Magistrados actuales debería ser objeto de consideración, por parte de los Exmagistrados, y llamar también la atención a quienes buscan instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio propio.
Por último, es fundamental que este tipo de homenajes no se presten a lecturas ambiguas ni a sospechas de manipulación.
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Un justo reconocimiento al legado de la Corte Suprema de Justicia, no debería ser objeto de un manoseo, ni de un oportunismo político; en cambio si, deberían darse estos reconocimientos, enfocándose en resaltar los valores que defendieron quienes han sido Magistrados, y quienes lo son, durante su labor: la justicia, la verdad y la imparcialidad.
Colombia necesita fortalecer sus instituciones, no instrumentalizarlas. En un país donde la confianza en el aparato estatal es precaria, los gestos simbólicos deben ser cuidadosos y estar alineados con un verdadero respeto por la institucionalidad y por la democracia. De lo contrario, el riesgo es perpetuar desconfianza y generar polarización, que tanto, pero que tanto daño, le hace a nuestra sociedad.
