El cierre de los pasos fronterizos en el Darién, anunciado por el Gobierno de Panamá, está generando preocupación por sus posibles efectos sobre los derechos de la población en movilidad humana. La Defensoría del Pueblo de Colombia insta al Gobierno Nacional a solicitar a las autoridades panameñas que respeten los principios del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en lo que concierne al refugio, acceso a necesidades básicas y la protección de migrantes susceptibles de asilo.
Este cierre afectará negativamente a las personas que ya se encuentran en tránsito irregular, incrementando la presión sobre los municipios receptores en Antioquia y Chocó. Además, se espera un aumento en las necesidades de protección, afectando los derechos fundamentales de estas poblaciones y comunidades étnicas en la región.
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Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades nacionales y locales implementar medidas de respuesta efectivas y urgentes para manejar esta crisis humanitaria, con un enfoque inclusivo y sin discriminación por nacionalidad, residencia, género, orientación sexual, origen étnico, religión o idioma.
El trabajo de verificación realizado por la Defensoría en la zona fronteriza destaca cómo la instalación de cercas con alambre de púas está poniendo en riesgo la integridad física de los migrantes, quienes enfrentan peligros significativos al intentar cruzar estas barreras improvisadas.
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En términos de cifras, entre enero y junio de este año, más de 197.000 personas han cruzado la selva del Darién, incluyendo a más de 27.500 migrantes solo en el mes de junio, entre los cuales hay más de 5.600 menores de edad.
La Defensoría del Pueblo también subraya la importancia de asegurar una migración segura, ordenada y regular, que respete la dignidad humana, a pesar de los desafíos planteados por las políticas recientes anunciadas por varios países, incluyendo restricciones de acceso y asilo.