Los temas esenciales del proyecto de Ley que apoyará el desmantelamiento de las bandas criminales del país fueron anticipados por Néstor Osuna, ministro de Justicia y los congresistas Ariel Avila y Alirio Uribe.
De acuerdo con el texto de la iniciativa solo se podrán beneficiar con la nueva Ley quienes hagan parte de organizaciones criminales conformadas por varias personas; quienes desarrollen actividades ilícitas permanentes; quienes cometan acciones que afecten a la población civil y quienes tengan o no jerarquía dentro de esos grupos criminales.
Según la propuesta los integrantes de eas organizaciones tendrán penas de 6 a 8 años de cárcel en establecimiento ordinarios siempre y cuando entreguen armas, rutas, bienes ilícitos y acaben intimidaciones y cualquier acción para ejercer control territorial.
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Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, los cabecillas y mandos medios de las estructuras criminales que se sometan tendrán penas efectivas entre los 6 y 8 años, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permisos de 72 horas ni redención de pena por trabajo o estudio.
El proyecto dispone también que quienes no llegaron a las jefaturas de esas organizaciones y no participaron en acciones ilegales de gran impacto, (delincuentes rasos), tendrán penas restaurativas hasta de 5 años con trabajos comunitarios o sociales.
Cárceles y blindaje
Las personas de las organizaciones delincuenciales que se acojan a esta oferta del Estado tendrán penas privativas de libertad en cárceles ordinarias impuestas por autoridades judiciales, según procedimientos dispuestos en la ley y een las normas de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales.
Ariel Ávila, ponente en el Senado, destacó que la no contempla la creación de una jurisdicción especial ni de nuevos procedimientos. “No hay estatus de beligerancia ni reconocimiento político”, subrayó.
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Avila precisó que la propuesta se blindó para evitar beneficios a personas equivocadas. “En caso de comprobar colados, habrá exclusión para estructuras y apertura de investigación para quienes paguen para beneficiarse”, advirtió.
Para Alirio Uribe Muñoz, ponente en la Cámara de Representantes, quienes se acojan a la ley deben reconocer la responsabilidad penal, contribuir a la verdad, reparar a las víctimas, participar en programas de reintegración, suspender actividades ilícitas, desmantelar la estructura armada, entregar las armas y entregar bienes activos vinculados al grupo ilegal.
El proyecto de Ley de sujeción y desmantelamiento de bandas criminales presentado al país, ahora está a consideración del Consejo de Política Criminal y antes de ser radicado en el Congreso a su trámite legislativo reglamentario.