La auditoría evidenció una ejecución presupuestal cercana al 50 % y halló irregularidades contables por $33.009 millones.
La Contraloría General de la República practicó Auditoría Financiera a los estados financieros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), así como a la información presupuestal de la entidad para la vigencia 2025.
Se evaluaron los estados financieros, la gestión y ejecución del presupuesto asignado con corte a31 de diciembre de 2025, así como las políticas públicas de discapacidad, post conflicto, marcador para la paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto, desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales.
En relación con la ejecución presupuestal, para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contó con una apropiación total vigente de $4.436.480.318.562. Los compromisos ascendieron a $4.341.502.333.045, equivalentes al 97,85% del total del gasto, mientras que las obligaciones alcanzaron $2.234.527.164.750, correspondientes al 50,36% del total.
Como resultado del análisis y evaluación de la ejecución presupuestal, se identificó una baja ejecución de los recursos apropiados, la cual alcanzó aproximadamente el 50% del presupuesto asignado para la vigencia, generando rezagos de aproximadamente $2 billones. A pesar de las gestiones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución e impulsar los compromisos misionales, dichas acciones no fueron suficientes para materializar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados, afectando el cumplimiento de las metas institucionales.
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Adicionalmente, durante la auditoría se identificaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables, entre las cuales se destaca la falta de reconocimiento de los recursos entregados por la DIAN en calidad de donaciones. Este concepto dio lugar a 3 hallazgos, de los cuales uno presenta connotación fiscal por $33.009 millones, originado en la ausencia de soportes que acrediten la entrega de bienes a los beneficiarios finales, la no ubicación física de las mercancías y su omisión en los registros contables de la entidad, configurando un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público.
Como resultado del proceso auditor se establecieron veintitrés (23) hallazgos administrativos, dieciocho (18) con presunta incidencia disciplinaria, uno (1) con incidencia fiscal por $33.009.669.360, uno (1) para apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio, Uno (1) con Otra Incidencia, para traslado a la DIAN y dos (2)para solicitud de apertura de IndagaciónPreliminar.