El proyecto avanzó en las comisiones primeras de Senado y Cámara y pasará a las plenarias. Lara defendió la iniciativa y abandonó el recinto antes de terminar la votación; minutos después se conoció su salida del Gobierno.
La ley de sometimiento a la justicia del Gobierno de Abelardo de la Espriella fue aprobada en primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso, durante la noche del miércoles 21 de octubre. La iniciativa continuará su trámite en las plenarias de Senado y Cámara.
El proyecto busca establecer condiciones para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones armadas ilegales, mediante beneficios judiciales sujetos a la colaboración con las autoridades, la entrega de bienes y la reparación de las víctimas. Fue radicado el 13 de octubre por los entonces ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, con mensaje de urgencia.
¿Cuántos votos obtuvo?
Durante la jornada, la ponencia positiva recibió el siguiente respaldo:
| Comisión | A favor | En contra |
|---|---|---|
| Primera del Senado | 21 | 1 |
| Primera de la Cámara | 21 | 10 |
Estas cifras corresponden a la aprobación de la ponencia que permitió avanzar hacia la discusión del articulado.
Previamente, las propuestas de archivo habían sido derrotadas con 38 votos en contra del archivo y 20 a favor, según el reporte de la sesión.
El último proyecto que defendió Lara antes de salir del Gobierno
El sometimiento fue el último proyecto que Rodrigo Lara defendió como ministro durante la jornada quien salió del recinto cuando faltaban unos diez artículos por votar. Minutos después se conoció el anuncio presidencial de su salida; la aprobación del proyecto se completó posteriormente.
Durante su intervención, Lara insistió en que las organizaciones comparecerían ante la justicia ordinaria y descartó la creación de una jurisdicción especial.
“Aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías”, manifestó.
“Para someterse a la justicia, los grupos criminales deben entregar las armas, liberar a los menores reclutados y secuestrados, informar sobre los desaparecidos y cesar sus actividades ilícitas”
También sostuvo que las operaciones de la fuerza pública y las investigaciones de la Fiscalía continuarían durante los actos preparatorios del sometimiento.
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Los principales puntos del proyecto
El siguiente resumen recoge disposiciones de la ponencia para primer debate y las explicaciones dadas durante la sesión. Su contenido podrá cambiar en las plenarias.
1. Rebajas de penas diferenciadas. El artículo 18 de la ponencia, que incorpora el artículo 66B a la Ley 418, plantea una reducción del 50 % de la pena acumulada y del 30 % para quienes ejercieron mando. Para estos últimos establece un mínimo de diez años de pena.
2. Obligaciones para acceder al mecanismo. El artículo 17 exige desarme, cese de actividades ilícitas, entrega de menores reclutados y personas secuestradas, colaboración con la justicia y aportes a la reparación.
3. Beneficios para colaboradores económicos. Se contempla suspender condicionalmente la ejecución de la pena, después de un año, a colaboradores vinculados con lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, sujetos a entrega de bienes y compromisos restaurativos.
4. Pérdida de beneficios por incumplimiento. La ponencia prevé su revocatoria mediante valoración judicial.
5. Intervención territorial. El artículo 15 articula acciones de seguridad, justicia y desarrollo para evitar que otras estructuras ocupen los territorios.
6. Entrega de bienes para reparar a las víctimas. Cancino explicó que los activos deberán ser entregados y verificados por la Fiscalía. Frente a los cuestionamientos sobre beneficios a testaferros y lavadores, sostuvo: “No es cierto que se vaya a lavar la cara de nadie ni es el espíritu de la ley”.
7. Sin reconocimiento político. El Gobierno defendió el mecanismo como una ruta judicial y señaló que no contempla cancelar órdenes de captura ni suspender las de extradición como concesión a las organizaciones.
Los reparos de la oposición
Durante el debate surgieron cuestionamientos sobre los beneficios para colaboradores financieros, las garantías de las víctimas y la verificación de quienes pretendan ingresar al mecanismo.
Congresistas opositores también señalaron la falta de concepto del Consejo de Política Criminal y de aval fiscal. Otro punto de controversia fueron los cambios propuestos a la contratación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana —Fonsecon—.
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara–296 de 2026 Senado, deberá superar ahora las discusiones en plenarias antes de completar su trámite legislativo. camara.gov.co
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