La Sala Plena de la Corte Constitucional, definió que no era procedente cambiar el procedimiento para investigar y juzgar al Presidente, congresistas y altos funcionarios, que actualmente se hace bajo la Ley 600 de 2000.
La Ley 600 de 2000 se aplica en procesos penales contra el Presidente de la República y altos funcionarios del Estado sujetos a este fuero. Congresistas seguirán siendo investigados bajo la Ley 600 de 2000.
Mediante una demanda, se pretendía que los aforados fueran procesados por la Ley 906 de 2004 que rige en materia penal para todos los colombianos.
En la decisión la Corte Constitucional decidió no cambiar el procedimiento y seguir aplicando el regimén inquisitivo como se conoce a la Ley 600 de 2000, en cumplimiento de la Constitución que consagra un fuero especial a favor de los altos funcionarios.
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