Este lunes se desarrolla en los juzgados de Paloquemao la audiencia de imputación de cargos contra Laura Camila Sarabia Torres, una de las funcionarias más influyentes del gobierno del expresidente Gustavo Petro, por los hechos relacionados con la prueba de polígrafo practicada a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.
La diligencia judicial marca un nuevo capítulo en uno de los escándalos más polémicos que sacudieron a la Casa de Nariño durante el primer año del gobierno Petro. La Fiscalía considera que existen elementos para vincular penalmente a Sarabia por presuntas actuaciones irregulares derivadas de la desaparición de una maleta con dinero y documentos de su residencia particular.
Cambio de fiscal
Una de las novedades de la audiencia es que la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Marcela Abadía, quien ha liderado la investigación, no estará presente debido a unas vacaciones programadas previamente.
En su reemplazo comparecerá la fiscal Patricia Hernández, también delegada ante la Corte Suprema, quien asumirá temporalmente la representación del ente acusador en esta etapa procesal.
El cambio se produce en momentos en que la investigación entra en una fase decisiva tras más de tres años de indagaciones, entrevistas, declaraciones y recopilación de pruebas.
Los delitos que le imputará la Fiscalía
Inicialmente, la Fiscalía había anunciado la imputación de dos delitos:
- Abuso de función pública.
- Constreñimiento ilegal agravado.
Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que durante la diligencia también sería incluido un tercer cargo:
- Peculado.
La decisión se adoptó después de que fracasaran varios intentos de conciliación y acercamientos entre la defensa de Sarabia y la Fiscalía para evitar la judicialización formal del caso.
¿Qué ocurrió con Marelbys Meza?
Los hechos se remontan a finales de enero de 2023.
Siga la audiencia 🔴 EN VIVO | Fiscalía imputa cargos a Laura Sarabia por el caso Marelbys Meza y el polémico polígrafo
Para esa época, Laura Sarabia era jefa de gabinete de la Presidencia de la República y la funcionaria de mayor confianza del presidente Gustavo Petro.
Tras reportarse la desaparición de una maleta con dinero en efectivo y documentos de su residencia, las sospechas recayeron sobre Marelbys Meza, niñera de su hijo, y sobre Fabiola Perea, otra empleada vinculada a su entorno.
El 30 de enero de 2023, Marelbys Meza fue trasladada a la Casa Galán, una instalación utilizada por organismos de inteligencia y seguridad presidencial ubicada frente a la Casa de Nariño.
Allí fue sometida a una prueba de polígrafo. Posteriormente, Meza denunció que fue trasladada de manera irregular y que durante el procedimiento fue objeto de presiones para responder preguntas relacionadas con el dinero desaparecido.
El caso salió a la luz pública en mayo de 2023 y rápidamente se convirtió en una crisis política para el Gobierno.
La teoría de la Fiscalía
De acuerdo con los investigadores, la controversia no se limita a la realización de la prueba de polígrafo.
La Fiscalía busca establecer si recursos y funcionarios del Estado fueron utilizados para atender un asunto de carácter personal relacionado con la pérdida de dinero en la vivienda de una funcionaria pública.
Asimismo, pretende determinar si Marelbys Meza fue obligada o presionada a someterse al examen y cuál habría sido el papel de Laura Sarabia en la toma de esas decisiones.
Uno de los elementos que fortaleció recientemente la investigación fue la colaboración del capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica Cordón, quien obtuvo un principio de oportunidad parcial a cambio de aportar información a la justicia.
Según trascendió en el expediente, Mojica aseguró que la orden para realizar el polígrafo habría provenido de Laura Sarabia, afirmación que ahora deberá ser evaluada y contrastada dentro del proceso judicial.
La defensa de Laura Sarabia
Durante estos tres años, Laura Sarabia ha insistido en que no participó en conductas ilegales y que nunca ordenó actuaciones relacionadas con interceptaciones telefónicas o procedimientos por fuera de la ley.
Su equipo jurídico también ha cambiado en varias oportunidades.
La defensa fue asumida inicialmente por el penalista Jorge Mario Gómez.
Posteriormente pasó al exmagistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes.
Actualmente está en manos del exfiscal general de la Nación Mario Iguarán, quien ha liderado las más recientes conversaciones con la Fiscalía en busca de alternativas jurídicas antes de llegar a esta etapa procesal.
¿Quién es Laura Sarabia?
Laura Camila Sarabia Torres se convirtió en una de las figuras más poderosas del gobierno de Gustavo Petro.
Durante la administración ocupó varios cargos de alto nivel:
- Jefa de Gabinete de la Presidencia.
- Directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
- Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
- Ministra de Relaciones Exteriores.
- Embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
Su primera salida del Gobierno ocurrió en junio de 2023, precisamente en medio del escándalo generado por el caso Marelbys Meza y las denuncias de interceptaciones ilegales.
Posteriormente regresó al Ejecutivo y continuó ocupando posiciones estratégicas hasta convertirse en canciller.
Otros investigados y vinculados al caso
Además de Laura Sarabia, el expediente ha involucrado a varios funcionarios y miembros de la Policía Nacional.
Entre ellos destacan:
- Óscar Leandro Mojica Cordón, oficial que aceptó responsabilidad por violación ilícita de comunicaciones y actualmente colabora con la Fiscalía.
- Carlos Andrés Correa Loaiza, condenado por su participación en las interceptaciones.
- Jhon Fredy Morales, también condenado por las «chuzadas».
- Fabiola Perea, víctima de las interceptaciones ilegales junto con Marelbys Meza.
- El coronel Óscar Dávila (Q.E.P.D) , exintegrante de la seguridad presidencial, cuyo nombre apareció durante las investigaciones relacionadas con el uso de instalaciones donde se practicaban pruebas de polígrafo.
- El entonces jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, el coronel Carlos Alberto Feria, fue vinculado formalmente e investigado por la Fiscalía General de la Nación, el 28 de noviembre de 2023, la Fiscalía le imputó a Feria los delitos de constreñimiento ilegal, abuso de función pública y peculado por uso.
Lo que sigue en el proceso
Durante la audiencia, la Fiscalía expondrá los hechos jurídicamente relevantes y comunicará formalmente los cargos a Laura Sarabia.
La exfuncionaria podrá aceptarlos o rechazarlos. En caso de no aceptar responsabilidad, la investigación continuará y el ente acusador deberá determinar posteriormente si presenta un escrito de acusación para llevar el caso a juicio.
Más de tres años después de la desaparición de una maleta que inicialmente parecía un asunto privado, el expediente terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos político-judiciales del gobierno Petro, con policías condenados, interceptaciones ilegales acreditadas por la justicia y ahora una audiencia que podría definir el futuro judicial de una de las mujeres más influyentes que pasó por la Casa de Nariño.
Otro proceso en este escándalo: las “chuzadas” ilegales
La investigación sobre el polígrafo derivó posteriormente en otro hallazgo.
Las autoridades descubrieron que las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea fueron interceptadas ilegalmente.
Según las decisiones judiciales conocidas durante el proceso, ambas mujeres fueron presentadas falsamente como supuestas integrantes del Clan del Golfo para justificar la autorización de interceptaciones telefónicas.
Incluso, habrían recibido los alias de «La Madrina» y «La Cocinera» dentro de informes policiales utilizados para respaldar las solicitudes judiciales. Las investigaciones establecieron que esos reportes contenían información falsa.
Policías condenados
Por este episodio ya existen condenas judiciales.
Entre los uniformados procesados figuran:
- El capitán Carlos Andrés Correa Loaiza.
- El patrullero Jhon Fredy Morales.
La justicia concluyó que participaron en la elaboración y utilización de información falsa para conseguir las interceptaciones telefónicas.
Los delitos atribuidos incluyeron fraude procesal, falsedad en documento público y violación ilícita de comunicaciones.
