El presidente Abelardo De La Espriella centró buena parte de su alocución de este domingo en explicar por qué su Gobierno presentó un Presupuesto General de la Nación para 2027 superior al proyectado inicialmente, pese a haber prometido una política de austeridad. El mandatario aseguró que encontró gastos desfinanciados y un elevado nivel de endeudamiento heredado de la administración de Gustavo Petro. También anunció un ajuste de $17,4 billones, defendió la intervención de la Policía ante hechos violentos en universidades y ordenó revisar los privilegios de personas procesadas o condenadas por corrupción.
El presupuesto, la situación fiscal que recibió el Gobierno y las medidas de austeridad que comenzarán a aplicarse fueron algunos de los principales asuntos de la alocución del presidente Abelardo De La Espriella en la noche de este domingo 13 de septiembre.
El mandatario defendió ante el país el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto asciende a $634,9 billones, y respondió a los cuestionamientos por el incremento frente a la propuesta que había dejado preparada la administración anterior.
De La Espriella sostuvo que, al revisar las cuentas públicas después de asumir el Gobierno, encontró obligaciones que no estaban financiadas adecuadamente y que debían ser incorporadas para evitar problemas en sectores como pensiones, salud y educación.
Según las cifras del Gobierno, el nuevo presupuesto contempla $6,5 billones adicionales para el pago de pensiones, $2 billones para el sistema de salud, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, $700.000 millones para las universidades públicas y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). A esto se suma un fuerte incremento en el servicio de la deuda.
De La Espriella responsabilizó al Gobierno Petro
Durante su intervención, el presidente responsabilizó directamente al expresidente Gustavo Petro y a su administración por la situación de las finanzas públicas que, según afirmó, encontró al llegar a la Casa de Nariño.
“Durante cuatro largos años. La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, aseguró el mandatario.
De La Espriella afirmó que durante la administración anterior se adquirieron compromisos sin contar con recursos suficientes y cuestionó el manejo del endeudamiento público.
“Gastó mucho más de lo que podía pagar y acudió de forma irresponsable al endeudamiento”, señaló.
El presidente utilizó una expresión aún más gráfica para describir el costo que, a su juicio, tendrá esa deuda para el país: “La estamos pagando con intereses de gota a gota”.
De acuerdo con las cifras presentadas durante la alocución, para 2027 el servicio de la deuda llegaría a aproximadamente $155 billones. Según el mandatario, esto significaría destinar cerca de 24 de cada 100 pesos del presupuesto al pago de deuda, mientras alrededor de 14 pesos quedarían disponibles para inversión.
De La Espriella también sostuvo que las proyecciones de ingresos de años anteriores no correspondieron con lo efectivamente recaudado.
“Se gastaron sobre ingresos que no existían y hoy estamos pagando esa irresponsabilidad. Solo en 2024 los ingresos por impuestos fueron 71 billones menos que los estimados y en lugar de decir la verdad lo ocultaron”, afirmó.
El mandatario fue más allá y aseguró que recibió las finanzas públicas en una “situación crítica”. También acusó a la administración anterior de haber comprometido cerca de $10 billones en una semana y de utilizar cupos de crédito que debían cubrir necesidades de todo el año.
“Saquearon al país y al erario. Es un robo masivo al erario”, manifestó.
Un presupuesto más grande, pero con recortes por $17,4 billones
Una de las principales preguntas que ha rodeado el proyecto económico del nuevo Gobierno es por qué, mientras De La Espriella habla de austeridad, presentó un presupuesto superior al que había proyectado la administración Petro.
La explicación del Ejecutivo es que el aumento responde principalmente a la incorporación de obligaciones que estaban desfinanciadas y al crecimiento del servicio de la deuda.
Sin embargo, el presidente anunció paralelamente un ajuste de aproximadamente $17,4 billones dentro del presupuesto de 2027.
Las cifras oficiales conocidas hasta ahora distribuyen ese esfuerzo de austeridad en cerca de $11,9 billones a $12 billones en transferencias y otras líneas de gasto, $2,8 billones en adquisición de bienes y servicios y $2,5 billones en proyectos de inversión considerados no prioritarios. El Gobierno ha señalado que la revisión alcanza más de 250 líneas de gasto.
Durante la alocución, De La Espriella insistió en que reducir el gasto por sí solo no permitirá superar los problemas fiscales.
Su estrategia, explicó, también contempla atraer inversión privada, impulsar la construcción y la infraestructura, generar empleo, eliminar trámites que dificulten nuevos proyectos, movilizar recursos de la banca de desarrollo y promover alianzas público-privadas.
La apuesta del Ejecutivo es que el crecimiento económico contribuya a aumentar los ingresos del Estado y facilite una reducción gradual del déficit.
El debate será clave en el Congreso, donde las comisiones económicas deberán analizar el monto de $634,9 billonessolicitado por el Gobierno.
Policía podrá ingresar a universidades ante actos violentos
Otro de los anuncios de mayor impacto político de la noche estuvo relacionado con las protestas y los hechos violentos que se presentan dentro o alrededor de algunas universidades públicas.
De La Espriella anunció la elaboración de un protocolo nacional de actuación para establecer cuándo y cómo deberá intervenir la Fuerza Pública frente a hechos de vandalismo, violencia o terrorismo que tengan origen en instalaciones universitarias.
“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, afirmó.
El presidente diferenció la protesta pacífica de los hechos violentos y sostuvo que su Gobierno garantizará la primera, pero actuará frente a quienes utilicen los campus para preparar o ejecutar ataques.
“El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques a nuestra Fuerza Pública y la población civil no es protesta”, aseguró.
Y agregó: “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia”.
Según lo anunciado, la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender estos episodios. El protocolo deberá establecer los escenarios y condiciones de intervención, un asunto que abre un debate sobre los límites entre la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y las facultades de las autoridades para preservar el orden público.
Fin a privilegios para procesados y condenados por corrupción
El presidente también dedicó parte de su intervención a los delitos contra la administración pública y anunció una revisión de las condiciones de reclusión de personas procesadas o condenadas por corrupción.
De La Espriella cuestionó que personas señaladas por apropiarse de recursos públicos puedan permanecer en guarniciones militares, estaciones de Policía u otros lugares distintos a los establecimientos penitenciarios sin reunir las condiciones legales para ello.
El Gobierno revisará esos casos y, cuando corresponda, se realizarán los traslados a centros penitenciarios ordinarios. La alocución incluyó expresamente el anuncio del fin de privilegios para condenados o procesados por corrupción y la movilización de internos que no deban permanecer en instalaciones de la Fuerza Pública.
“La corrupción no es un delito sin víctimas”, sostuvo el mandatario al defender la medida.
De La Espriella señaló que cuando un funcionario o particular se apropia de recursos públicos, el daño finalmente recae sobre los ciudadanos.
“No están robándole al Gobierno, están robándole directamente al pueblo colombiano”, afirmó.
La instrucción presidencial apunta especialmente a los denominados delincuentes de “cuello blanco”, frente a quienes el Ejecutivo aseguró que no habrá condiciones penitenciarias privilegiadas por su posición económica, política o social.
Balance de seguridad: 24 cabecillas afectados y más de 17.000 capturas
La seguridad también tuvo espacio en la alocución.
De La Espriella presentó un balance de sus primeros 36 días de Gobierno y aseguró que durante ese periodo las operaciones de la Fuerza Pública han golpeado a las principales organizaciones criminales del país.
“Hemos afectado a 24 cabecillas de las principales estructuras narcoterroristas del país”, aseguró.
El mandatario también reportó 17.147 capturas desde el comienzo de su administración. Esa cifra corresponde al total de capturas reportadas por las autoridades durante el periodo y no exclusivamente a integrantes de estructuras narcoterroristas.
El Gobierno ha informado además sobre incautaciones de estupefacientes, armas, municiones y destrucción de infraestructura utilizada para la producción de drogas ilícitas.
De La Espriella respondió a decisiones judiciales sobre bombardeos y aspersión
El presidente también se refirió a recientes decisiones judiciales que han limitado algunas de las estrategias de seguridad impulsadas por su Gobierno.
Entre ellas mencionó las restricciones a bombardeos cuando exista evidencia de presencia de menores en campamentos de organizaciones criminales y una decisión que frenó operaciones de aspersión aérea en Putumayo.
De La Espriella aseguró que su Gobierno respetará las decisiones judiciales, pero anunció que utilizará los recursos jurídicos disponibles para defender las facultades constitucionales del Ejecutivo.
“Respeto absoluto por la justicia, pero defensa también firme de las facultades constitucionales del presidente”, afirmó.
El mandatario reiteró además su rechazo al reclutamiento de niños y adolescentes por parte de organizaciones armadas y narcotraficantes.
Acuerdos con Estados Unidos y Escudo de las Américas
Durante la alocución, De La Espriella hizo igualmente un balance de la reciente visita a Barranquilla del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
El presidente destacó el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
También recordó la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una estrategia regional de cooperación en seguridad y combate contra organizaciones criminales. El Gobierno ha anunciado que Medellín será una de las sedes de operación de esta iniciativa.
La agenda acordada con Washington contempla además mecanismos para movilizar inversión estadounidense hacia Colombia, particularmente en infraestructura, vivienda, energía y reconstrucción.
Terremoto y reconstrucción siguen dentro de las prioridades
Finalmente, el presidente volvió sobre la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto y la reconstrucción de los territorios afectados.
El Gobierno mantiene vigente una estrategia que incluye recursos para vivienda, hospitales, colegios, carreteras, servicios públicos y recuperación de la actividad productiva. En la alocución, De La Espriella reiteró especialmente el plan para Chocó y la participación del sector privado en la reconstrucción.
La administración ya había anunciado la creación de mecanismos especiales para canalizar recursos públicos y privados hacia las regiones golpeadas por el sismo y medidas extraordinarias en salud, educación, infraestructura y financiación.
La alocución de este domingo dejó así tres grandes líneas del discurso presidencial: defender un presupuesto más alto argumentando que refleja el verdadero estado de las cuentas públicas, combinar ese incremento con recortes y austeridad, y mantener una política de seguridad más estricta tanto frente al crimen organizado como frente a la corrupción y los hechos violentos durante manifestaciones.
El escenario inmediato estará en el Congreso. Allí el Gobierno deberá defender un presupuesto de $634,9 billones mientras explica cómo pretende compatibilizar el aumento de las necesidades de financiación, el creciente servicio de la deuda y los gastos de reconstrucción con su promesa de reducir el déficit y recortar el tamaño del gasto público.