Pese a los avances registrados en la expansión de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la Contraloría General de la República identificó que, mientras en 2019 y 2020 la ejecución de la Política Pública de Conectividad Digital superó el 90%, a partir de 2021 se registró una disminución sostenida, alcanzando “niveles críticos” en 2024 (61,40%). Un comportamiento asociado a la persistencia de desigualdad en el país.
Tal escenario fue dado a conocer en el estudio Índice de Brecha Digital de la CGR: fundamentos conceptuales, metodología y evidencias de convergencia territorial (2019–2024), en el que también se incluyó un análisis por proyectos que expone un desarrollo heterogéneo de la PPCD: el 48% fue clasificado como “muy crítico”, mientras que el 38% alcanzó niveles de ejecución “adecuados”, evidenciando una mayor concentración de irregularidades en iniciativas relacionadas con conectividad rural, acceso público e inclusión digital, lo que afecta directamente los resultados esperados en el cierre de la brecha.
La evaluación de la Política Pública de Conectividad Digital (PPCD) evidenció una ejecución presupuestal promedio de 74,20% entre 2019 y 2024, lo que ubica la gestión financiera en una clasificación “crítica”, con una caída sostenida desde 2021.
El bajo desempeño presupuestal, sumado a la heterogeneidad en la ejecución de los proyectos, incide en la persistencia de la brecha digital en el país, particularmente en Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Caribe, de acuerdo con el estudio Índice de Brecha Digital de la CGR: fundamentos conceptuales, metodología y evidencias de convergencia territorial (2019–2024).
El documento revela que la mejora en los ingresos y en las condiciones sociales no ha implicado una integración efectiva al entorno digital, particularmente en hogares rurales y de bajos ingresos, los cuales presentan valores cercanos o superiores al 80% en el Índice de Brecha Digital de la Contraloría General de la República (IBD-CGR).
De hecho, el IBD-CGR registró en 2024 un valor nacional de 70,73, con mayores niveles de exclusión en las regiones de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el Caribe. En departamentos como Vichada y Vaupés, la brecha digital superó el 85%, mientras que en Bogotá y San Andrés y Providencia (58,8% y 65,8%, respectivamente) se registraron los niveles más bajos del país.
Lo anterior se traduce en una barrera estructural para el desarrollo equitativo a raíz de los altos niveles de privación digital, principalmente en hogares rurales, grupos de menores ingresos y territorios con rezagos históricos que evidencian una brecha entre conectividad y uso efectivo de la tecnología, presentando sistemáticamente los indicadores más bajos de infraestructura, asequibilidad y habilidades digitales.
Aunque desde 2022 la brecha digital experimentó un descenso en los sectores urbano y rural (en las ciudades, la cifra pasó de 69,10% a 66,24%; mientras que en el campo disminuyó de 88,60% a 86,03%), la disparidad se sitúa actualmente en el margen de los 20 puntos porcentuales.
En este sentido, el Índice de Brecha Digital deja al descubierto una relación entre exclusión digital y desigualdad socioeconómica, desde una estructura territorial de tipo centro – periferia en la que el acceso a oportunidades digitales está condicionado por factores geográficos, económicos e institucionales.
La Contraloría advierte en su estudio que, aunque los departamentos con mayores niveles iniciales de exclusión digital han registrado reducciones relativamente más rápidas durante el periodo comprendido entre 2019 y 2024, y la dispersión entre territorios ha disminuido gradualmente, los avances han sido insuficientes para eliminar las brechas absolutas existentes.
A su vez, se subraya que el desafío no se limita únicamente a la expansión de la conectividad, dado que los principales vacíos se concentran en el desarrollo de habilidades digitales y en el uso educativo, productivo y cívico de las TIC, lo que limita el aprovechamiento de la tecnología para el aprendizaje, el acceso a servicios públicos y la generación de valor económico.
El análisis también evidencia una desconexión entre la reducción de la pobreza monetaria y la evolución de la brecha digital. Aunque los indicadores de pobreza multidimensional han mejorado tras la pandemia, registrando en 2024 el valor más bajo (11.5%) de los últimos cinco años, la exclusión digital se ha mantenido, lo que demuestra que el aumento del ingreso no garantiza, por sí solo, una integración efectiva al entorno digital.
La Contraloría General hace hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de inclusión digital desde un enfoque multidimensional, que articule infraestructura, asequibilidad, formación en competencias digitales y uso significativo de las TIC, con énfasis en el ámbito educativo y en los territorios más rezagados. Contexto en el que herramientas de medición sistemáticas, como el IBD-CGR, facilitan la toma de decisiones, la focalización de esfuerzos y el avance hacia una inclusión digital equitativa, sostenible y alineada con los objetivos de desarrollo del país a largo plazo.
