El vacío institucional en la CREG hace crecer las preocupaciones de la Contraloría General de la República por apagón institucional del sector energético colombiano
- Esta situación, donde no se conocen los nombres de los expertos comisionados de la CREG, coincide con la llegada oficial de El Niño.
- El impacto de esta segunda consecuencia podría verse en las finanzas públicas y en el bolsillo de los propios usuarios.
La Contraloría General de la República expresó hoy su creciente preocupación por el vacío institucional que sufre actualmente la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, justo cuando ha iniciado oficialmente el fenómeno de El Niño y tiene que tomar medidas sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas, a lo que se añade que mientras se mantenga esta situación, no se podrán tomar medidas en el tema tarifario, lo que podría significar un alto impacto para las finanzas de la Nación y para los mismos usuarios.
La Contraloría afirma que «los usuarios del Caribe actualmente tienen un costo unitario de kilovatio hora, que puede incrementarse en la facturación en un solo mes, por ejemplo de $300.000 a $345.000, y así sucesivamente en los siguientes meses«.
Durante el presente año, se ha hecho evidente la crisis en la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, entidad integrada por el Ministro de Minas y Energía, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director del Departamento Nacional de Planeación, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y por los seis expertos comisionados, quienes deben tener dedicación exclusiva y especiales cualidades y que, de acuerdo con la Ley 2099 de 2021, deben ser nombrados por el presidente de la república por periodos de cuatro años. Dentro de las facultades atribuidas a dichos comisionados, se encuentran la independencia y autonomía para elaborar propuestas regulatorias.
La CGR ve con preocupación cómo a la fecha, al no conocerse los nombramientos de estos expertos comisionados, hay un vacío institucional. Según lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, es la CREG tiene a su cargo la competencia para determinar las variables que establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural y GLP.
Uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la comisión- CREG – y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la Resolución CREG 101031 de 2022 sobre “tarifas justas”, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales y, por lo tanto, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “Apagón Financiero”, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la CREG.
Al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
De acuerdo con el ente de control, al no tener claras estas cuentas, no se observa cómo los prestadores del servicio van a recuperar estos saldos y si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía.
Respecto a la publicación del presidente Gustavo Petro, sobre el manejo de subsidios por parte de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P –en liquidación-, la cual fue intervenida por la Superservicios en noviembre de 2016, fecha en la que dejó de ser el operador del servicio de electricidad en la Región Caribe, la entidad manifiesta que:
«La Contraloría General de la República quiere aclarar a la ciudadanía que en el ejercicio del control fiscal sobre los subsidios, profirió falló con responsabilidad fiscal en el año 2021 por $211.755 millones de pesos en contra de Electricaribe, por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social -FOES que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.
Respecto del periodo comprendido entre noviembre de 2016 y julio de 2017, es necesario indicar que, como consecuencia del cambio de parametrización ordenado por el Agente Especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para acatar el fallo del Tribunal de la Guajira y el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, se evidenció en la facturación de los periodos comprendidos entre los meses de agosto y diciembre de 2017, retribuciones en favor de los usuarios de las zonas especiales en cuantía de $21.357.707.267.
Finalmente, la Empresa de Energía Eléctrica del Caribe – ELECTRICARIBE S.A, constituyó Garantía Bancaria por la suma de $187.227 millones con la entidad Bancaria BBVA a favor de la Contraloría General de la Republica dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal en salvaguarda del interés público, recursos que fueron objeto de devolución al Tesoro Nacional»
