Los elementos de prueba dan cuenta de que fueron celebrados de manera directa y en medio de presuntas anomalías 23 contratos para adquirir kits de mercado para atender a la población vulnerable del departamento.
Un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, al suspendido gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como presunto responsable de varias irregularidades detectadas en el trámite y celebración de varios contratos destinados a atender a la población afectada por la emergencia económica y social decretada con ocasión del Covid-19.
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En marzo de 2020, en el marco de la urgencia manifiesta declarada en el departamento, el entonces mandatario delegó a la secretaria departamental para que suscribiera 23 contratos para la adquisición de 73.500 kits de mercados, los cuales ascendieron a más de 9.000 millones de pesos.
La investigación constató que la contratación se realizó de manera directa, y con el aparente desconocimiento de varias disposiciones legales vigentes y advertencias hechas por los organismos de control para garantizar los principios de transparencia, selección objetiva y economía en los procesos contractuales. Se detectaron posibles anomalías en los estudios de mercado, pues carecían de referentes claros y rigor técnico.
Asimismo, se habría fijado caprichosamente el valor de 126.600 pesos por kit de mercado, sin tener en cuenta que los contratos tenían condiciones distintas, como número o tipo de productos, y necesidades de transporte.
Adicionalmente, quedó en evidencia que las grandes superficies, al parecer, fueron excluidas de la contratación sin justificación alguna y se permitió la selección de empresas o sociedades con falta de idoneidad.
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El abundante material de prueba también da cuenta de cotizaciones fraudulentas, indebida determinación de los precios unitarios de los kits de mercado, en algunos casos con costos irrisorios o artificiales; y posibles sobrecostos en, por lo menos, siete contratos. Todo lo anterior con el único propósito de ajustar los valores individuales a 126.600 pesos.
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