Dos semanas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional puso en marcha una metodología única para determinar cuáles edificaciones pueden volver a ser ocupadas, cuáles requieren restricciones y cuáles representan peligro de colapso. Las inspecciones tendrán dos etapas y, en una primera evaluación, los inmuebles serán identificados con carteles verdes, amarillos o rojos de acuerdo con su nivel de riesgo.
En momentos en que miles de familias esperan conocer si podrán regresar de manera segura a sus viviendas y comienza una de las fases más complejas de la emergencia —la rehabilitación y posterior reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto—, el Gobierno Nacional estableció los criterios que deberán aplicarse en todo el país para evaluar las edificaciones afectadas.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó la Circular n.º 73 del 20 de agosto de 2026, mediante la cual estableció los lineamientos técnicos y operativos para aplicar una metodología unificada de evaluación de las construcciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
La decisión busca que las inspecciones que se realizan en los territorios tengan criterios técnicos comunes y que sus resultados permitan establecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de viviendas, edificios comerciales e infraestructura esencial. También serán determinantes para orientar las decisiones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
La medida se adopta en desarrollo de la declaratoria de situación de desastre de carácter nacional, establecida mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, un día después del terremoto.
Una metodología única para evitar evaluaciones contradictorias
Uno de los principales objetivos del nuevo procedimiento es evitar que una misma edificación sea inspeccionada bajo criterios diferentes o que existan inconsistencias entre los registros realizados por distintas autoridades, organismos o profesionales.
La metodología fue construida de manera articulada entre la UNGRD y entidades públicas, gremios, organizaciones de ingeniería, universidades y organismos internacionales.
En su elaboración participaron el IDIGER, Camacol, Fasecolda, Asocapitales, la Red Colombiana de Ingeniería Sísmica (CEER), la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geodestas (ACICG) y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI).
También hicieron parte las universidades de los Andes, Nacional de Colombia, Industrial de Santander, del Valle, Javeriana y del Norte, además de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La UNGRD explicó que también recibirá las propuestas de evaluación que ya vienen desarrollándose en los territorios, con el propósito de armonizarlas y consolidarlas dentro del proceso nacional.
¿Para qué servirán las evaluaciones?
Los resultados permitirán adoptar decisiones sobre restricciones de uso de las edificaciones, retorno seguro de las personas a sus viviendas y restablecimiento de servicios esenciales.
Además, la información obtenida servirá como base para determinar las acciones que deberán ejecutarse cuando la emergencia avance hacia la fase de recuperación.
La implementación será progresiva. La UNGRD coordinará el proceso a nivel nacional, mientras que las entidades territoriales serán responsables de coordinar las evaluaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Primera fase: inspección rápida de las edificaciones
La metodología tendrá dos fases.
La primera corresponde a una evaluación rápida, consistente en una inspección visual de las construcciones ubicadas en las zonas priorizadas.
El propósito será establecer inicialmente si una edificación:
- Puede ser ocupada.
- Puede utilizarse, pero con restricciones.
- No debe ser ocupada debido a las condiciones de seguridad observadas.
Esta primera clasificación será provisional. La UNGRD advierte que la evaluación deberá repetirse en caso de que se registren nuevas réplicas u otros acontecimientos que puedan modificar las condiciones de seguridad de la estructura.
Verde, amarillo o rojo: así se identificarán los edificios
Una de las principales novedades del procedimiento será la instalación de carteles de tres colores en las construcciones evaluadas.
🟢 Verde: permitirá el ingreso y utilización de la edificación sin restricciones. Sin embargo, la UNGRD aclara que recibir esta clasificación no significa necesariamente que el inmueble esté completamente libre de daños.
🟡 Amarillo: indicará que existen restricciones para el ingreso, ocupación o utilización de la estructura y que será necesario practicar una evaluación más detallada.
🔴 Rojo: advertirá sobre peligro de colapso y, por lo tanto, quedarán prohibidos el ingreso y la ocupación, excepto cuando exista autorización de la autoridad competente.
Un aspecto importante es que un cartel rojo no significa automáticamente que el inmueble tenga que ser demolido. La UNGRD señala expresamente que esta clasificación, por sí sola, no constituye una orden de demolición.
Segunda fase: evaluación detallada
La segunda etapa será mucho más exhaustiva.
La evaluación detallada tomará como base el formulario de inspección de edificaciones después de un sismo desarrollado por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER).
Estará dirigida principalmente a los inmuebles que inicialmente hayan recibido carteles amarillos o rojos, además de aquellos que sean remitidos expresamente desde la primera fase.
Esta inspección permitirá confirmar o modificar la clasificación inicial, establecer recomendaciones sobre las intervenciones necesarias y caracterizar la situación de las familias u organizaciones que ocupaban las estructuras.
Con esos elementos, serán finalmente las alcaldías las encargadas de determinar el destino de los inmuebles.
Hospitales y colegios tendrán prioridad
El Gobierno estableció un tratamiento especial para la denominada infraestructura vital.
En estos casos no será necesario esperar a una segunda etapa: la evaluación detallada se realizará desde el comienzo.
Tendrán prioridad:
- Hospitales y demás instalaciones del sector salud.
- Establecimientos educativos.
- Infraestructura de servicios públicos esenciales.
- Edificaciones indispensables para la atención de las comunidades.
La prioridad busca determinar rápidamente cuáles instalaciones pueden seguir funcionando y cuáles requieren intervenciones antes de volver a prestar sus servicios.
Información quedará georreferenciada
Todos los datos obtenidos durante las inspecciones serán incorporados al Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD).
La información será manejada bajo criterios de georreferenciación, validación y trazabilidad, lo que permitirá tener un registro nacional de las construcciones evaluadas.
La UNGRD suministrará las herramientas digitales necesarias para recopilar la información durante las dos fases. Estas plataformas podrán utilizarse en línea, pero también estarán habilitadas para operar en zonas donde existan problemas de conectividad.
Crearán registro de profesionales que podrán realizar las inspecciones
La metodología contempla además la creación del Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE).
A través de este mecanismo serán registrados, verificados y habilitados los profesionales voluntarios que participen en las evaluaciones de las estructuras.
La asignación dependerá del nivel de formación académica de pregrado o posgrado, especialidad y experiencia profesional exigidos para cada uno de los perfiles establecidos por los lineamientos.
Además, quienes participen deberán contar con matrícula o tarjeta profesional vigente y estar libres de sanciones o restricciones para ejercer su profesión.
Comienza una etapa decisiva después del terremoto
La implementación de esta metodología marca el inicio de una etapa fundamental tras la emergencia: establecer técnicamente qué construcciones son habitables, cuáles pueden recuperarse y cuáles representan un riesgo para la población.
Las evaluaciones serán determinantes no solo para permitir que miles de familias regresen de manera segura a sus hogares, sino también para dimensionar las necesidades de reparación y reconstrucción que dejó el terremoto del 10 de agosto.
La clasificación mediante carteles verdes, amarillos y rojos ofrecerá además a los ciudadanos una señal visible sobre el estado preliminar de cada inmueble, mientras las evaluaciones detalladas permitirán a las autoridades territoriales tomar las decisiones definitivas sobre las estructuras más afectadas.