La Fiscalía General de la Nación salió al paso de las graves afirmaciones de la exfiscal Lucy Marcela Laborde, quien aseguró que Luz Adriana Camargo le planteó retirar el delito de lavado de activos del proceso contra Nicolás Petro. El ente acusador reconoce que la reunión señalada por la exfuncionaria sí ocurrió, pero sostiene que tuvo como propósito estudiar una solicitud de la defensa relacionada con un eventual preacuerdo y niega cualquier presión.
La Fiscalía General de la Nación respondió a las declaraciones de Lucy Marcela Laborde Betancourt, exfiscal que tuvo bajo su responsabilidad el proceso penal contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, y rechazó que desde la dirección del ente acusador se hubiera intentado modificar la acusación para favorecer al exdiputado del Atlántico.
La respuesta institucional se produjo después de una entrevista concedida por Laborde a la revista Semana, en la que la exfuncionaria aseguró que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le planteó retirar el delito de lavado de activos y mantener únicamente el de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía calificó las afirmaciones de su exfuncionaria como una presentación “sesgada, parcial e incompleta” de lo sucedido y sostuvo que algunas de sus declaraciones corresponden a “conjeturas, rumores, falsas creencias o interpretaciones subjetivas sin sustento”.
El episodio abre una controversia de versiones sobre lo sucedido dentro de la propia Fiscalía durante el trámite de uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política de los últimos años.
La denuncia de Lucy Laborde
Lucy Laborde rompió su silencio luego de su salida de la Fiscalía y aseguró que durante el tiempo que estuvo al frente del expediente de Nicolás Petro fue objeto de presiones internas.
La exfuncionaria contó que recibió el proceso después de que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien había formulado la acusación, fuera separado del expediente.
Según Laborde, heredó una investigación de grandes dimensiones, con aproximadamente 3,4 millones de elementos o evidencias y actuaciones relacionadas con cerca de 18 personas.
Pero el señalamiento que generó mayor controversia tiene que ver con una reunión realizada en el despacho de la fiscal general.
Laborde aseguró que en ese encuentro estaban, además de ella y Camargo, la entonces delegada para las Finanzas Criminales Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y quien para ese momento se desempeñaba como directora de Lavado de Activos, Alexandra Ladino.
La exfiscal relató así el comienzo de la conversación:
“La señora fiscal general me dice: ‘Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos?’. Y le dije: ‘Sí hay’”.
Según su versión, Camargo le preguntó por qué consideraba configurado ese delito y, después de escuchar sus argumentos, le habría planteado:
“¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?”
Laborde sostuvo que antes de ese planteamiento se discutieron las consecuencias que podía tener para Nicolás Petro una acusación por lavado de activos.
La exfuncionaria afirmó que durante la conversación se habló de una eventual inclusión en la denominada Lista OFAC y aseguró que posteriormente se habría planteado dejar únicamente el enriquecimiento ilícito y solicitar una pena elevada que eventualmente pudiera cumplirse en una guarnición militar.
Laborde dijo que no estuvo de acuerdo y defendió la existencia del delito de lavado de activos dentro de la acusación.
“Yo no iba a negociar. Yo ya había leído el escrito de acusación y había averiguado sobre el proceso”, sostuvo la exfiscal.
¿Por qué Laborde consideraba que había lavado de activos?
Durante la entrevista, la exfiscal también explicó la tesis jurídica que, según dijo, la llevó a mantener el delito.
Laborde señaló que, en su criterio, Nicolás Petro habría recibido recursos que no correspondían a los ingresos derivados de su actividad como diputado de la Asamblea del Atlántico.
La exfuncionaria sostuvo que posteriormente se habrían realizado operaciones destinadas a ocultar esos recursos mediante la adquisición de bienes.
“Incurrió en negocios jurídicos como comprar casas, comprar vehículos para ponerlos a nombre de otros y así ocultar esos dineros y negar que hubieran ingresado a su patrimonio”, afirmó.
Se trata de la tesis de la acusación que deberá ser discutida y probada en juicio. Nicolás Petro conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
La Fiscalía confirma que la reunión existió
La Fiscalía asegura que el propósito y desarrollo de esa reunión fueron diferentes a los descritos públicamente por la exfuncionaria.
La entidad explicó:
“Respecto de la reunión referida por la exfuncionaria, llevada a cabo el 5 de septiembre de 2024, esta tuvo lugar en el marco de las facultades que le asisten a la fiscal general de la Nación en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía que consagra el artículo 251.3 de la Constitución Política, sin perjuicio de la autonomía que la ley reconoce a los fiscales delegados.”
Y posteriormente negó de manera categórica la acusación central de Laborde:
“En ese espacio no se le impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión.”
Según la Fiscalía, el verdadero motivo de la reunión fue analizar una solicitud proveniente de la defensa de Nicolás Petro.
“El único objeto de la reunión fue examinar la petición de la defensa de variar la calificación jurídica para llegar a un preacuerdo, petición a la que no se accedió, como da cuenta la actuación.”
La institución agregó que, después de esa reunión, el expediente siguió adelante sin modificar los delitos por los cuales Nicolás Petro había sido acusado.
“El proceso siguió bajo la orientación jurídica impartida por la exfiscal, como responsable del mismo, sin cambio alguno de la adecuación típica.”
Nicolás Petro ya estaba acusado cuando Camargo llegó a la Fiscalía
Otro de los argumentos centrales del comunicado consiste en precisar la cronología del proceso.
Luz Adriana Camargo asumió como fiscal general de la Nación el 22 de marzo de 2024.
Para entonces, señala la Fiscalía, Nicolás Petro ya había sido acusado como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
La acusación había sido presentada por el entonces fiscal Mario Andrés Burgos Patiño en audiencias desarrolladas entre el 2 de noviembre de 2023 y el 11 de enero de 2024.
La Fiscalía recordó que Burgos continuó participando en la audiencia preparatoria desde el 29 de abril de 2024 hasta el 22 de julio de ese año, cuando fue recusado y separado del expediente después de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formulara cargos en su contra por posibles faltas disciplinarias relacionadas con el manejo del proceso.
Fue entonces cuando Lucy Laborde recibió el caso.
Fiscalía: Laborde recibió el proceso por sorteo
La entidad también respondió a cualquier cuestionamiento sobre la forma como Laborde llegó al expediente.
“Sólo ante esa contingencia la exfiscal Lucy Laborde recibió el caso por reparto automático y aleatorio a través del sistema SPOA, en presencia de la agente especial de la Procuraduría, y no por asignación discrecional.”
Laborde continuó entonces con la audiencia preparatoria.
La Fiscalía detalló que la exfuncionaria participó en 31 sesiones realizadas entre agosto de 2024 y junio de 2026.
Actualmente, el juicio oral todavía no ha comenzado porque están pendientes de decisión recursos de apelación interpuestos contra la determinación judicial relacionada con las pruebas que podrán ser utilizadas durante el juicio.
Los recursos fueron presentados por la propia exfiscal Laborde, la defensa de Nicolás Petro y el representante del Ministerio Público.
Fiscalía insiste: Nicolás Petro seguirá a juicio por lavado de activos
La Fiscalía asegura que, pese a la controversia, el delito de lavado de activos nunca fue eliminado del proceso.
“Es de destacar que el juicio se seguirá por los mismos delitos por los que se presentó la acusación el 11 de enero de 2024: enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.”
De esta manera, el ente acusador utiliza la continuidad de los dos delitos como uno de sus principales argumentos para controvertir la afirmación de que institucionalmente se hubiera ordenado retirar el lavado de activos.
Laborde asegura que después comenzaron las presiones
La versión de la exfiscal va más allá de aquella reunión.
Laborde aseguró que posteriormente fue enviada a trabajar a Barranquilla y que comenzó a desempeñar sus funciones en condiciones que consideró precarias.
En la entrevista afirmó que llegó a trabajar sin algunos recursos básicos.
“No tenía asistente, no tenía ni siquiera una impresora.”
También aseguró que finalmente entregó el despacho al funcionario que la reemplazó sin investigadores asignados:
“Le entregué al nuevo fiscal un despacho sin asistente, sin investigadores; me parece que eso es lo más lesivo para ese proceso, y para cualquier fiscal, no tener investigadores.”
Cuando le preguntaron directamente si consideraba que esas circunstancias constituían una forma de presión, respondió:
“Sí. Es una presión.”
Laborde también relató otros episodios que, desde su perspectiva, hicieron más difíciles sus condiciones laborales y aseguró que llegó a interpretar algunas situaciones como una estrategia para llevarla a renunciar.
La Fiscalía asegura que respaldó a Laborde
El ente acusador sostiene que ocurrió justamente lo contrario.
Según el comunicado:
“Hasta su retiro el 16 de julio pasado, la fiscal Lucy Laborde recibió pleno respaldo institucional para el desempeño autónomo de su labor en el proceso contra Nicolás Petro.”
La institución recordó que la defensa de Nicolás Petro intentó en dos oportunidades apartarla del expediente y que la fiscal general decidió mantenerla.
“Fue ratificada en el caso por la fiscal general de la Nación ante dos peticiones de la defensa para que fuera apartada de su conocimiento.”
La Fiscalía presenta esas decisiones como evidencia de que Laborde tuvo respaldo institucional y autonomía para continuar con el proceso.
¿Por qué salió Lucy Laborde de la Fiscalía?
Este es otro punto sobre el que existen versiones contrapuestas.
Laborde relacionó las circunstancias que rodearon su traslado y posterior salida con las tensiones generadas durante el manejo del expediente.
La Fiscalía niega que su desvinculación tuviera alguna relación con Nicolás Petro.
“Tampoco es verdad que su retiro de la entidad se relacione con este expediente.”
La institución sostiene que su salida se produjo en el marco del concurso de méritos para proveer 4.000 cargos de planta.
Según el comunicado:
“La desvinculación institucional de la exfiscal Laborde no fue un acto dirigido contra ella, sino la consecuencia natural del procedimiento administrativo.”
La Fiscalía entregó además una cifra para contextualizar los cambios: afirmó que 325 de los 420 fiscales especializados de la misma categoría, equivalentes al 77 %, superaron las pruebas del concurso y comenzaron a ingresar en propiedad a la carrera.
La entidad agregó que Laborde cumplía los requisitos para acceder a su pensión y no participó en el concurso que le habría permitido aspirar a permanecer en el cargo que ocupaba en provisionalidad.
Fiscalía habla de “interpretaciones subjetivas sin sustento”
El comunicado eleva el tono hacia el final y cuestiona directamente varias de las afirmaciones realizadas por su exfuncionaria.
“La Fiscalía General de la Nación respeta el derecho de cualquier exservidor a expresar la percepción y opinión sobre su paso por la entidad, limitándose a ofrecer información objetiva y verificable sobre hechos contrastables, no sobre conjeturas, rumores, falsas creencias o interpretaciones subjetivas sin sustento.”
La entidad sostiene que los hechos verificables muestran que el expediente fue asignado por sorteo, permaneció bajo control judicial y que nunca desaparecieron los dos delitos de la acusación.
“En este evento, los hechos dan cuenta de cómo el caso contra Nicolás Petro fue asignado por sorteo, la actuación continúa bajo control judicial, la acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público se mantiene y se respaldó y respetó la autonomía de la exfiscal Laborde.”
Dos versiones enfrentadas sobre una misma reunión
El punto central de la controversia queda ahora planteado alrededor de lo sucedido el 5 de septiembre de 2024.
Hay un hecho en el que ambas partes coinciden: la reunión ocurrió.
La diferencia está en lo que sucedió dentro del despacho.
Lucy Laborde sostiene que la fiscal general le planteó:
“¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?”
La Fiscalía responde:
“En ese espacio no se le impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión.”
Para Laborde, aquella conversación fue el comienzo de una serie de presiones relacionadas con su negativa a modificar el caso.
Para la Fiscalía, fue una reunión institucional destinada exclusivamente a estudiar una petición de la defensa para variar la calificación jurídica dentro de la posibilidad de un preacuerdo, solicitud que finalmente no prosperó.
Entre tanto, el proceso contra Nicolás Petro continúa.
El exdiputado deberá afrontar juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, exactamente los dos delitos incluidos en la acusación presentada originalmente en enero de 2024. El comienzo del juicio oral permanece pendiente de que sean resueltos los recursos de apelación relacionados con el decreto y rechazo de pruebas.
La controversia entre Laborde y la dirección de la Fiscalía abre ahora un nuevo capítulo alrededor de un expediente que, desde 2023, ha estado rodeado de disputas jurídicas y políticas y que todavía espera la instalación formal de su juicio oral.
