La Fiscalía General de la Nación ordenó la práctica de un examen toxicológico a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), como parte de una investigación que busca establecer la veracidad de las denuncias presentadas por la exfuncionaria sobre presuntas amenazas, intimidaciones y posibles intentos de afectar su salud mediante el suministro de medicamentos o sustancias durante su permanencia en el Gobierno Nacional.
La decisión se produjo luego de una extensa diligencia judicial que se prolongó por más de seis horas y en la que Rodríguez amplió las denuncias que ha venido formulando tras su salida del Ejecutivo. La exdirectora compareció en calidad de denunciante ante investigadores del ente acusador, acompañada por su abogado, Manuel Villanueva, quien entregó nuevos elementos probatorios relacionados con los hechos denunciados.
Según explicó la defensa, uno de los puntos centrales de la declaración estuvo relacionado con presuntas actuaciones dirigidas a alterar el comportamiento y la capacidad de decisión de la exfuncionaria durante los últimos meses de su gestión en el Gobierno.
“La doctora Angie Rodríguez dejó en claro que, efectivamente, durante su estancia en el DAPRE y posteriormente en el Fondo Adaptación, hubo varios intentos de alterar y manipular su comportamiento por parte de un funcionario identificado, situaciones que terminaron consolidándose con el propósito de incidir en sus decisiones, y no sabemos si esto tenía como fin atentar contra su vida”, afirmó Villanueva al término de la diligencia.
La prueba toxicológica ordenada por la Fiscalía
Como resultado de la ampliación de la denuncia, la Fiscalía determinó la necesidad de adelantar un examen toxicológico especializado para establecer si Rodríguez pudo haber sido expuesta a medicamentos, sustancias o elementos químicos que hubieran afectado su estado físico o mental.
De acuerdo con la defensa, la prueba buscará determinar si existe evidencia científica que permita corroborar las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Dapre.
“La Fiscalía definió que era necesario hacer un examen toxicológico para establecer qué tipo de medicamento se le suministró a Angie Rodríguez. Efectivamente, durante la diligencia se ordenó esa prueba para establecer el grado de vulneración que ha tenido o ha venido teniendo la doctora Angie Rodríguez”, aseguró el abogado.
La investigación se encuentra en una fase preliminar y las autoridades judiciales deberán determinar si existen elementos suficientes para corroborar las denuncias presentadas por la exfuncionaria.
Testigos respaldarían parte de las denuncias
Uno de los aspectos que llamó la atención durante la diligencia fue la referencia realizada por la defensa a la existencia de varios testigos que, según asegura, habrían entregado información coincidente con los hechos denunciados.
Villanueva afirmó que la versión de Rodríguez estaría respaldada por al menos siete declaraciones de funcionarios vinculados tanto al Dapre como al Fondo Adaptación.
“El testimonio de la doctora Angie Rodríguez fue soportado por siete declaraciones, de funcionarios tanto del DAPRE como del Fondo Adaptación, que confirmaron los hechos que se estaban denunciando”, indicó.
No obstante, las identidades de estas personas y el contenido detallado de sus testimonios permanecen bajo reserva debido a la naturaleza de la investigación.
Historia clínica y decenas de consultas médicas
Como parte del material probatorio entregado al ente investigador, la defensa aportó la historia clínica completa de Rodríguez, además de los registros médicos que documentan la atención que recibió durante los últimos meses.
Según explicó el abogado, la documentación incluiría cerca de 40 consultas con especialistas en salud mental.
“La trazabilidad médica que existe en la historia clínica, cada vez que ella acudió a consulta, constituye uno de los antecedentes más importantes dentro del análisis médico que realizará la Fiscalía”, señaló.
Estos documentos serán analizados por peritos y especialistas para establecer si existe alguna relación entre las afectaciones reportadas por la exfuncionaria y los hechos que denuncia.
Una investigación que también examina presuntas amenazas
Además de la línea relacionada con el examen toxicológico, la Fiscalía mantiene abiertas otras investigaciones derivadas de las denuncias formuladas por Rodríguez.
Entre ellas se encuentran presuntas amenazas de muerte, llamadas intimidatorias y posibles presiones que habría recibido después de realizar declaraciones públicas relacionadas con el presidente Gustavo Petro y con situaciones ocurridas durante su paso por el Gobierno Nacional.
La defensa sostiene que algunas de esas denuncias involucran a personas que, según la exfuncionaria, tendrían vínculos con organismos estatales, aunque aclaró que la identificación de los responsables está en manos de la Fiscalía.
“El trabajo investigativo está ahora en manos de la Fiscalía y serán ellos quienes determinen quiénes están más allá de la persona señalada o de las personas señaladas en estas denuncias”, afirmó Villanueva.
Solicitan refuerzo de medidas de protección
Tras la diligencia, la defensa también pidió a las autoridades reforzar el esquema de seguridad de la exdirectora del Dapre, al considerar que los hechos denunciados representarían un riesgo para su integridad.
Según el abogado, la investigación actualmente contempla varias hipótesis que están siendo verificadas por los organismos judiciales.
“La situación está tomando una dimensión preocupante para la misma Fiscalía y solicitamos que se refuercen las medidas de seguridad porque existen elementos que evidencian intentos de afectar la vida, la salud y la integridad de Angie Rodríguez”, manifestó.
Contexto: la salida de Angie Rodríguez del Gobierno Petro
La investigación se produce semanas después de la salida de Angie Rodríguez de altos cargos dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Rodríguez se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), una de las posiciones más influyentes dentro de la estructura administrativa del Ejecutivo, y posteriormente ocupó responsabilidades dentro del Fondo Adaptación.
Su desvinculación se produjo mediante una declaratoria de insubsistencia, figura administrativa que permite la remoción de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Tras dejar el Gobierno, la exfuncionaria realizó declaraciones públicas sobre diversas situaciones que, según afirmó, ocurrieron durante su permanencia en la administración nacional.
Posteriormente denunció haber sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones, hechos que ahora son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de otras autoridades competentes.
Mientras avanzan las indagaciones, el ente acusador deberá establecer si los elementos materiales probatorios, los testimonios recopilados, la documentación médica y el examen toxicológico ordenado permiten corroborar las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Dapre. Hasta el momento, las denuncias continúan bajo investigación y no existen decisiones judiciales definitivas sobre los hechos expuestos por la exfuncionaria.