La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que seis Generales de la República fueron llamados a indagatoria a responder por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos». El Fiscal Francisco Barbosa hizo el anuncio de esta investigación en su reunión con Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con la Fiscalía General serán llamados a indagataria el Brigadier General (r) Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2008, que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras se desempeñó como comandante de la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
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También el Mayor General (r) Hernán Giraldo Restrepo, por los eventos sucedidos entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de julio de 2006, en los que se conocieron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo en el que comandó la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional. Igual el Mayor General (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por 15 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estas personas murieron el 16 de enero de 2006, en Urumita (La Guajira). Este caso se le atribuye al Batallón de Caballería Mecanizado N°2, cuyo comandante era el hoy investigado.
En la lista también aparece el Brigadier General (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi y (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que murieron siete hombres que, posteriormente, fueron presentados como ‘bajas en combate’. En su momento, el oficial era el comandante del Batallón de Artillería N°2 La Popa y el Brigadier General (r) Luis Felipe Paredes Cadena por un evento de ejecución extrajudicial que dejó una víctima en el corregimiento Mingueo, en Dibulla (La Guajira), el 18 de noviembre de 2006. Para la fecha el oficial estaba a cargo de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.
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El segundo escenario investigado por la Fiscalía involucraría al Brigadier General (r) Luis Fernando Rojas Espinosa, y está relacionado con la muerte de dos señalados integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 14 de marzo de 2004. El material probatorio indica que estas personas fueron llevadas mediante engaños a una zona boscosa del caserío Belén, en El Banco (Magdalena), puestas en estado de indefensión por unidades militares y asesinadas con disparos de fusil.
