Luis Carlos Gutiérrez Martínez reconoció ante la justicia que autorizó dos diplomas que certificaban que Juliana Guerrero era contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, pese a que, según la Fiscalía, ella no había cumplido los requisitos académicos. Como parte de un preacuerdo pidió perdón y aceptó una condena de 36 meses. Mientras tanto, Guerrero volvió a faltar a una audiencia y su proceso seguirá por separado.
El escándalo por los títulos académicos falsos de Juliana Andrea Guerrero Jiménez produjo su primera condena penal.
Un juez de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien aceptó su responsabilidad en las irregularidades que permitieron expedir dos diplomas a nombre de Guerrero.
Gutiérrez Martínez fue condenado a 36 meses de prisión —tres años— por falsedad ideológica en documento público, luego de reconocer su participación en la expedición de documentos académicos que, según la investigación, consignaron información que no correspondía a la realidad.
El acuerdo representa un cambio sustancial frente a lo ocurrido en marzo. Cuando la Fiscalía lo imputó inicialmente, el exdirectivo no aceptó los cargos. Meses después decidió negociar con el ente acusador, reconocer su responsabilidad y someter el acuerdo a consideración de un juez.
Los dos diplomas que terminaron en una investigación penal
La Fiscalía reconstruyó durante las audiencias el procedimiento mediante el cual fueron expedidos los documentos académicos.
Los diplomas, fechados el 1.º de julio de 2025, señalaban que Juliana Guerrero había cumplido los requisitos para obtener los títulos de profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
Para la Fiscalía, esa certificación era falsa.
El ente acusador sostuvo desde la imputación que Gutiérrez, aprovechando su condición de secretario general de la institución, “suscribió, autorizó y expidió dos diplomas académicos falsos”, además de las correspondientes actas de grado, haciendo constar el cumplimiento de requisitos que realmente no habían sido satisfechos.
La investigación estableció, entre otras cosas, que Guerrero no había cumplido requisitos académicos obligatorios para obtener válidamente esos títulos.
Fiscalía: no había presentado las pruebas obligatorias
Uno de los elementos centrales expuestos por la Fiscalía es que Guerrero no había presentado la prueba Saber Pro, requisito exigido para el título profesional.
En el caso del programa tecnológico, tampoco habría cumplido con la prueba exigida para ese nivel de formación.
A esto se suma un elemento todavía más delicado: según la Fiscalía, no existían registros académicos reales que demostraran el cumplimiento del plan de estudios correspondiente a los títulos expedidos.
Las investigaciones iniciales incluso llevaron al ente acusador a sostener que Guerrero no había asistido regularmente a las clases ni presentado los exámenes necesarios para obtener los grados.
El caso había salido a la luz desde 2025, cuando investigaciones periodísticas y denuncias de la representante Jennifer Pedraza pusieron en duda que Guerrero hubiera cumplido el requisito de Saber Pro.
Gutiérrez tenía un perfil con amplios permisos en el sistema
La Fiscalía puso especial atención en las facultades tecnológicas y administrativas que tenía Luis Carlos Gutiérrez dentro de la Fundación Universitaria San José.
Como secretario general, contaba con un usuario con perfil de administrador en los sistemas institucionales.
Según explicó la fiscal del caso, ese nivel de acceso le permitía intervenir en diferentes etapas del procedimiento de validación de los documentos académicos e incluso modificar resultados.
La Fiscalía sostuvo que validadores externos habían rechazado previamente la expedición de los dos títulos de Guerrero. Sin embargo, utilizando su perfil administrativo, Gutiérrez habría intervenido posteriormente para permitir que los diplomas fueran expedidos.
Ese comportamiento se convirtió en uno de los elementos fundamentales para atribuirle responsabilidad penal.
El giro de Gutiérrez: de no aceptar cargos a negociar con la Fiscalía
Cuando Luis Carlos Gutiérrez fue llevado ante el Juzgado 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el 26 de marzo de 2026, la Fiscalía le imputó falsedad ideológica en documento público.
En esa oportunidad no aceptó el cargo.
El proceso avanzó hacia la etapa de acusación, pero posteriormente su estrategia jurídica cambió.
La defensa comenzó una negociación con la Fiscalía que terminó en un preacuerdo.
Mediante esa figura, el acusado aceptó su responsabilidad y renunció a continuar hasta un juicio ordinario en el que la Fiscalía tendría que demostrar su responsabilidad más allá de toda duda razonable.
A cambio, las partes acordaron los términos jurídicos de la aceptación, que fueron sometidos al control de legalidad del juez.
El resultado fue una pena de 36 meses de prisión.
“Violenté el ordenamiento jurídico de este país”
Uno de los momentos más significativos de la diligencia ocurrió cuando Gutiérrez Martínez tomó la palabra y reconoció públicamente la gravedad de su actuación.
El exsecretario pidió perdón por lo sucedido y admitió que su comportamiento vulneró tanto la ley colombiana como las reglas que rigen la educación superior.
“Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior”.
Gutiérrez agregó que quería ofrecer disculpas por sus actuaciones y convertir su caso en una advertencia sobre las consecuencias que puede producir una decisión equivocada.
“Como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”.
La defensa había señalado que uno de los propósitos de la aceptación era también contribuir a reparar los daños reputacionales ocasionados a la institución educativa.
¿Y qué pasa con Juliana Guerrero?
La aceptación de responsabilidad de Luis Carlos Gutiérrez no significa que Juliana Guerrero haya sido condenada.
Su proceso continúa de manera independiente.
Guerrero fue imputada en marzo de 2026 por fraude procesal debido a que, según la tesis de la Fiscalía, conocía que los documentos contenían información falsa y aun así los habría utilizado para acreditar requisitos relacionados con su aspiración a convertirse en viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad. Ella no aceptó los cargos.
La Fiscalía ha sostenido que los documentos fueron cargados al SIGEP II, plataforma utilizada por el Estado para registrar hojas de vida y soportes de quienes aspiran o ingresan a cargos públicos.
La tesis del ente acusador es que Guerrero tenía conocimiento de las irregularidades existentes alrededor de sus títulos cuando los utilizó.
La defensa de Guerrero tendrá la posibilidad de controvertir esa hipótesis durante el proceso. Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, mantiene su presunción de inocencia.
Juliana Guerrero no asistió a la audiencia
Mientras un juez estudiaba y avalaba el preacuerdo de Gutiérrez, el proceso contra Juliana Guerrero volvió a sufrir un aplazamiento.
La audiencia de acusación prevista contra ella no pudo avanzar tras una solicitud para reprogramar la diligencia. Noticias Caracol informó que se trató de la tercera ocasión en el proceso en que Guerrero no compareció a una diligencia programada.
La audiencia deberá ser nuevamente agendada.
La Fiscalía ya había anunciado que llevaría a Guerrero a juicio por los hechos relacionados con la presunta utilización de los títulos académicos irregulares.
Los pagos también quedaron bajo la lupa
Otro capítulo que generó controversia durante la investigación fue el relacionado con los pagos efectuados a la Fundación Universitaria San José.
Información revelada posteriormente indicó que existían registros electrónicos de pagos efectuados a nombre de Guerrero.
Entre ellos aparecen movimientos realizados el 29 de julio de 2025, cuando se registraron pagos de $2.000.264 por matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y $4.776.300 por matrícula en Contaduría Pública.
La particularidad temporal llamó la atención porque los diplomas investigados tenían fecha del 1.º de julio de 2025, es decir, anterior a esos registros de matrícula.
Ese elemento aumentó los interrogantes sobre los procedimientos administrativos utilizados para generar los documentos.
¿Quiénes aparecen en este proceso?
El expediente tiene varios protagonistas.
Luis Carlos Gutiérrez Martínez era secretario general de la Fundación Universitaria San José y tenía funciones directamente relacionadas con la validación y expedición de documentos académicos. Ahora aceptó responsabilidad penal y fue condenado.
Juliana Andrea Guerrero Jiménez es la beneficiaria de los dos títulos investigados. La Fiscalía sostiene que posteriormente utilizó esos documentos dentro de su aspiración al Viceministerio de Juventudes. Ella no aceptó cargos y continuará enfrentando el proceso.
También aparece Romelia Ñuste Castro, rectora de la Fundación Universitaria San José, aunque su situación corresponde a actuaciones administrativas diferentes. El Ministerio de Educación formuló cargos contra la institución, su rectora y el entonces exsecretario general por las presuntas irregularidades detectadas en los procesos de expedición de títulos.
El fundador de la institución, Francisco Pareja, también intervino públicamente durante el escándalo y llegó a reconocer en medios de comunicación que Guerrero no había estudiado regularmente en esa institución.
El Ministerio de Educación también abrió investigación
Las consecuencias del caso trascendieron el proceso penal.
En febrero de 2026, el Ministerio de Educación Nacional abrió un proceso sancionatorio contra la Fundación Universitaria San José y formuló pliego de cargos contra la institución, su rectora Romelia Ñuste y Luis Carlos Gutiérrez.
La cartera también adoptó medidas de inspección sobre la institución ante las dudas relacionadas con la legalidad de los procedimientos académicos y la expedición de diplomas.
Las denuncias posteriormente se ampliaron a otros posibles casos de títulos otorgados irregularmente a personas vinculadas con entidades públicas, lo que llevó a revisar si el episodio de Guerrero correspondía a un hecho aislado o hacía parte de irregularidades de mayor alcance.
Una aceptación que puede ser clave para el juicio de Guerrero
La condena de Luis Carlos Gutiérrez constituye un punto de quiebre en el expediente.
Por primera vez, uno de los directamente involucrados en el procedimiento mediante el cual fueron generados los títulos aceptó penalmente que participó en la expedición de documentos que contenían información falsa.
Sin embargo, esa admisión no determina automáticamente la responsabilidad penal de Guerrero. Para condenarla, la Fiscalía deberá demostrar en su proceso individual los elementos del delito que le atribuye, incluyendo su conocimiento y utilización de los documentos en las circunstancias señaladas por la acusación.
El expediente que comenzó con interrogantes sobre dos diplomas universitarios ya produjo así su primera condena: tres años de prisión para quien fuera secretario general de la Fundación Universitaria San José, mientras la justicia se prepara para definir la responsabilidad de la principal protagonista del escándalo.
