Este hecho sin precedentes es producto de un preacuerdo suscrito con los exgobernadores Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, el cual fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. Los exmandatarios aceptaron 128 eventos delictivos y cumplirán penas superiores a los 11 y 9 años de prisión, respectivamente.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un grupo de policía judicial, demostró que los dos exfuncionarios se concertaron de manera ilegal, direccionaron la contratación del departamento entre 2013 a 2019, y desviaron los recursos en beneficio personal y de los contratistas seleccionados. De esta manera, quedó al descubierto un acuerdo ilegal.
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Inicialmente, el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable. Por su parte, Zapata Parrado, tan pronto asumió el cargo, dio continuidad a la ‘maraña’ de contratos que de manera irregular dejó comprometida su antecesor.
Ante la contundencia de las pruebas, los exgobernadores aceptaron mediante preacuerdo su participación en el entramado de corrupción y se comprometieron a devolver 14.794’564.100 pesos, que corresponden al detrimento patrimonial generado. La Fiscalía dispuso en la negociación judicial que la suma fijada como reintegro quedará a título del departamento de Guainía y será orientada a subsanar las deficiencias en bienes y servicios de la ciudadanía, y culminar todas las actividades y compromisos que no se ejecutaron.
