El exgobernador de San Andrés no podrá salir de Barranquilla y deberá comparecer a las audiencias. La Fiscalía apeló la decisión e insiste en que debe permanecer recluido mientras avanza el proceso.
La libertad de Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue ordenada por el Juzgado Primero Penal Municipal Mixto con función de control de garantías de la isla, que decidió imponerle restricciones mientras continúa el proceso por presunta extorsión y secuestro contra contratistas de la Gobernación.
La determinación se conoció durante la audiencia del miércoles 21 de octubre. El exmandatario no podrá salir de Barranquilla, deberá asistir a las diligencias judiciales y quedará bajo vigilancia del Inpec, según lo informado sobre la decisión. La Fiscalía presentó recurso de apelación.
¿Qué pasó en la audiencia?
La Fiscalía había solicitado una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Para sustentarla, expuso los elementos que, según su investigación, relacionarían a Hawkins con intimidaciones contra dos contratistas y con la retención de una familiar de uno de ellos.
La Procuraduría se apartó de esa petición. Según el reporte de la diligencia, su delegada cuestionó la suficiencia de los elementos presentados para vincular al exgobernador con los presuntos responsables de las intimidaciones y pidió profundizar las verificaciones.
El juez optó por mantenerlo vinculado al proceso sin enviarlo a prisión.
El caso: presuntas exigencias por $3.000 millones
La captura de Hawkins fue anunciada el 19 de octubre, después de que unidades de la Policía Nacional lo detuvieran en Barranquilla en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el exgobernador habría contactado a integrantes del grupo delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a dos contratistas y exigirles, en conjunto, $3.000 millones. Los cobros estarían acompañados de amenazas contra las víctimas y sus familias para permitirles continuar con sus actividades comerciales en la isla.
En uno de los episodios investigados, una familiar de un contratista habría sido retenida en Cartagena para presionar el pago. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado. Hawkins no aceptó los cargos.
El testimonio de una joven retenida
Entre los elementos expuestos por la Fiscalía está la declaración de la sobrina de uno de los contratistas. La joven relató que permaneció en un vehículo entre hombres armados y que, durante una videollamada sostenida por el conductor, habría reconocido al exgobernador en la pantalla.
Ese reconocimiento forma parte de la versión presentada por el ente acusador y deberá ser contrastado durante el proceso. La declaración no constituye, por sí misma, una decisión judicial sobre la responsabilidad de Hawkins.
¿La investigación es por contratos?
Aunque las presuntas víctimas son contratistas de la Gobernación, la captura y la audiencia de esta semana corresponden al proceso por extorsión y secuestro.
Hawkins enfrenta, por separado, otro expediente relacionado con contratación pública. El 15 de octubre, la Fiscalía informó la radicación de un escrito de acusación por presuntas irregularidades en el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, contratado por $11.125 millones.
En esa actuación se le atribuyen los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La investigación estima un presunto detrimento superior a $4.330 millones y examina la contratación con la Asociación Regional de Municipios del Caribe —Aremca—.
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¿Quién es Everth Hawkins?
Everth Julio Hawkins es un dirigente raizal y abogado de la Universidad Libre, con especializaciones en Derecho Administrativo y Gestión de Entidades Territoriales.
Fue elegido gobernador del archipiélago para el periodo 2020-2023, por el Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago —MAPPA—, en una coalición en la que participó Cambio Radical. Antes había ocupado las secretarías de Hacienda y General de la administración departamental.
Por ahora, continuará afrontando el proceso bajo las condiciones fijadas por el juez. La Fiscalía mantiene su solicitud de detención carcelaria y sostiene que representa un peligro para la sociedad, argumento con el que apeló la medida no privativa de la libertad.
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