El exfiscal general Francisco Barbosa radicó una denuncia penal para que se determine si organismos del Estado realizaron seguimientos, interceptaciones y consultas irregulares a bases de datos durante el gobierno de Gustavo Petro. El material que podría ser analizado incluye 147 terabytes de información, 40 computadores, cinco celulares y varias tabletas.
Un nuevo capítulo alrededor del presunto uso irregular de organismos de inteligencia durante el anterior Gobierno llegó formalmente a la Fiscalía General de la Nación.
El exfiscal general Francisco Barbosa Delgado radicó este lunes 5 de octubre una denuncia penal en averiguación de responsables para que el ente investigador establezca si fue víctima de seguimientos, interceptaciones de comunicaciones y búsquedas selectivas en bases de datos sin autorización judicial mientras estuvo al frente de la Fiscalía.
Barbosa, quien ejerció como fiscal general entre febrero de 2020 y febrero de 2024, acudió a la justicia después de conocerse revelaciones periodísticas relacionadas con una auditoría forense realizada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Fiscalía confirma oficialmente que Barbosa dirigió el organismo investigador entre 2020 y 2024.
“Fui objeto de seguimientos, de búsqueda selectiva en bases de datos y de interceptaciones”, aseguró el exfiscal al explicar las razones de la denuncia.
Barbosa habla de una presunta “Fiscalía paralela”
Uno de los puntos más fuertes de su pronunciamiento tiene que ver con lo que calificó como la posible existencia de una estructura estatal que habría desarrollado actividades que, según él, terminaron interfiriendo en funciones propias de las autoridades judiciales.
“Es inadmisible que hayan montado una parafiscalía, que hayan montado una Fiscalía paralela”, afirmó Barbosa.
El exfuncionario insistió en que será la Fiscalía la que deberá establecer si realmente existió una actuación coordinada entre funcionarios de distintas entidades, quién impartió las órdenes, quién ejecutó las actividades y, especialmente, quién recibió la información obtenida.
“Yo no voy a parar hasta encontrar a los responsables. Hay que saber quién recibía esa información y quién se beneficiaba con esa información”, manifestó.
Barbosa evitó atribuir directamente responsabilidad penal al expresidente Gustavo Petro y sostuvo que esa determinación deberá surgir de las investigaciones. Al ser interrogado sobre quién pudo ordenar las supuestas interceptaciones, respondió que primero deben conocerse los resultados de la indagación.
¿Qué organismos aparecen mencionados?
La denuncia parte, entre otros elementos, de información publicada recientemente sobre presuntas actuaciones realizadas desde organismos estatales durante el anterior Gobierno.
Según el documento conocido por medios de comunicación, aparecen mencionadas la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). También se solicita establecer la trazabilidad de eventuales consultas relacionadas con información tributaria, migratoria y otras bases de datos estatales.
La hipótesis denunciada señala que algunas actividades habrían sido impartidas mediante órdenes de trabajo y otras presuntamente de manera verbal. Las consultas habrían alcanzado información financiera, cambiaria, telefónica, notarial, vehicular, pensional y migratoria. De acuerdo con la denuncia, los resultados supuestamente eran reportados periódicamente a la Presidencia. Estas afirmaciones forman parte de los hechos que ahora deberán ser comprobados o descartados por las autoridades.
Pide revisar desde agosto de 2022
Entre las diligencias solicitadas está la preservación y revisión de registros desde el 7 de agosto de 2022, así como inspecciones que permitan recuperar órdenes de trabajo, bitácoras de consultas y posibles reportes.
También se pide establecer si hubo consultas sobre Barbosa, sus números telefónicos, integrantes de su familia o personas vinculadas con su esquema de protección.
La denuncia solicita, además, revisar la trazabilidad de eventuales consultas realizadas a través de sistemas de la DIAN y Migración Colombia y obtener información de operadores de telefonía que permita determinar si existieron interceptaciones.
147 terabytes y decenas de dispositivos, bajo la lupa
Uno de los elementos que podría resultar determinante es el volumen de información recopilado durante la auditoría forense realizada sobre la DNI.
Según la información conocida hasta ahora, fueron preservados aproximadamente 147 terabytes de datos, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y varias tabletas. Ese material podría permitir reconstruir actividades, consultas, archivos y comunicaciones relacionadas con las presuntas irregularidades denunciadas.
Barbosa pidió que el material sea preservado y llegue a manos de los investigadores respetando la cadena de custodia, precisamente para impedir que información relevante pueda perderse o ser alterada.
La denuncia también solicita que sean escuchados funcionarios y exfuncionarios que puedan aportar información, además del equipo encargado de la auditoría forense.
Los posibles delitos que pide investigar
Aunque será la Fiscalía la encargada de definir la calificación jurídica, en la denuncia se plantea que las conductas investigadas podrían relacionarse con delitos como violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, abuso de autoridad, revelación de secreto, utilización de asunto sometido a reserva, abuso de función pública y peculado por uso, entre otros.
El caso también tiene una dimensión constitucional. El artículo 15 de la Constitución protege la intimidad y establece las condiciones para la interceptación de comunicaciones, mientras que la Ley Estatutaria 1621 de 2013 regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Barbosa sostiene que las actividades denunciadas, si se comprueban, pudieron exceder esos límites legales.
¿Barbosa habría sido el único?
El exfiscal aseguró que las revelaciones conocidas no se limitarían a su situación. Entre los nombres mencionados públicamente aparece el de la exvicefiscal Martha Mancera, aunque cualquier actuación concreta respecto de ella también deberá ser objeto de verificación judicial.
La investigación deberá determinar ahora si existió realmente un mecanismo coordinado para obtener información sobre funcionarios, exfuncionarios u otras personas, si las actuaciones tenían autorización legal y cuál fue el destino de los datos eventualmente recopilados.
“¿Qué puede esperar cualquier ciudadano?”
Barbosa afirmó que la gravedad de la denuncia radica especialmente en que, durante parte del periodo en el que presuntamente se habrían producido las actuaciones, él ejercía como fiscal general de la Nación.
“Si se lo hicieron al Fiscal General de la Nación, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano de este país?”, cuestionó.
El exfiscal también aseguró que llevará el proceso hasta que se determine qué ocurrió y quiénes pudieron intervenir.
Su abogado, Juan Camilo Caicedo, quedó encargado de representar sus intereses y realizar seguimiento a la investigación.
Por ahora, no existe una decisión judicial que establezca que funcionó una “Fiscalía paralela” ni que determine responsables por las supuestas interceptaciones. La denuncia abre una nueva etapa: corresponderá a la Fiscalía recaudar y analizar la evidencia digital, verificar las actuaciones de los organismos mencionados y establecer si las actividades denunciadas ocurrieron, si estaban autorizadas y quiénes participaron en ellas.
