El Defensor del Pueblo. Carlos Camargo, ratificó hoy que “si bien es cierto que estamos en una etapa de transición, es imperativo que los mensajes enviados se traduzcan en acciones afirmativas, pues los indicadores del plan marco de implementación distan de registrar avances significativos, en oposición a los propósitos y la buena voluntad declarada por el nuevo Gobierno. No obstante, sólo en la medida en que se cumpla lo pactado en el Acuerdo Final podremos hablar de Paz Total”.
Al presentar el Tercer Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, correspondiente al periodo del 8 de julio y el 31 de diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo verificó la atención de las recomendaciones realizadas en los informes anteriores, el cumplimiento en la implementación y la voluntad del Gobierno hacia el logro de los objetivos trazados en el Acuerdo.
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Camargo destacó que están puestas las expectativas en el nuevo Gobierno para impulsar los compromisos del Acuerdo Final, dado que el discurso del Presidente de la República, Gustavo Petro, se ha referido a la necesidad de cumplir lo pactado y en consecuencia ejecutar los compromisos previstos. Ratificó también que el contenido social, las propuestas ambientales y la necesidad de vincular a toda la sociedad y a todos los actores constituyen los pilares a partir de los cuales el nuevo gobierno se muestra comprometido con la implementación del Acuerdo.
Sin embargo, aseguró que “no son suficientes los anuncios, con menor razón si son aprovechados o entendidos de mala manera y convertidos en mecanismo de presión para lograr decisiones inmediatas, como en el caso de las ocupaciones ilegales de tierras”, tras indicar que “el Acuerdo Final debe integrarse al espíritu de la Paz Total, y asumir el cumplimiento del primero como un elemento fundamental para ser creíbles en el segundo. «El incumplimiento del Acuerdo Final le quitaría posibilidades persuasivas a los argumentos de la Paz Total», alertó el Defensor.
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A juicio de Carlos Camargo, en el compromiso de la jurisdicción agraria de crear la figura de juez de tierras, los recursos para ello deben estar línea con la racionalidad del gasto y ese funcionario será el encargado en la ruralidad, de resolver los conflictos suscitados o asociados a la tenencia u ocupación de la tierra y cuyas decisiones deben efectuarse con enfoque de género. «Un juez especializado en tierras con capacidad de atender todas las conflictividades, que pueda llegar donde está el campesino, que evite el escalamiento del conflicto mediante el uso de mecanismos alternativos, entre otros, ese funcionario al que se aludió en las discusiones de La Habana no se traduce en una nueva Corte«, advirtió.
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Al hablar de avances y desafíos resalto el Defensor que el nivel de implementación no ha sido el mismo en todos los puntos, pero no por una baja ejecución en alguno de ellos se puede concluir ausencia de voluntad para la implementación o con el Acuerdo Final, con menor razón si se tiene en cuenta que la ejecución está prevista a doce años. Asi mismo dijo que en lo que tiene que ver con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para octubre de 2022, se reporta un 40% de iniciativas con ruta de implementación activas, lo cual refleja un avance del 6% con respecto al informe defensorial anterior, presentado en el mes de julio de 2022.
En cuanto al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, la Defensoría del Pueblo observa que se mantiene la vinculación formal de 99.097 familias beneficiarias sin que se haya definido una respuesta para las familias que no se inscribieron pero que vienen pidiendo inclusión y en avances del catastro multipropósito se alerta que no son halagadores pues aún no se conoce el porcentaje a diciembre de 2022.
