La educación en Colombia debe apuntarle a una formación integral e inclusiva

La educación en Colombia debe apuntarle a una formación integral inclusiva en todos sus niveles, Defensoría del Pueblo

Tras la radicación en el Congreso de la Ley Estatutaria a la Educación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a que se reconozca el papel de actores públicos y privados al estructurar el sistema de educación.

“Todos estos actores desempeñan un papel fundamental en la garantía progresiva del derecho a la educación y en la prevención de posibles retrocesos en el acceso a la educación de calidad. Reiteramos nuestra postura de promover el pluralismo educativo”, señaló Carlos Camargo Assis. 

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La entidad calificó como oportuno que las metodologías y procesos educativos sean pertinentes y adecuados a la comunidad y su contexto regional y cultural, respetando los derechos humanos y los sistemas educativos propios, preservando la diversidad educativa. 

“Las instituciones privadas complementan las ofertas del sector público, enriqueciendo el sistema educativo y beneficiando a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto, es por esto que cualquier medida hacia las instituciones privadas debe garantizar la diversidad educativa”.

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Para el Defensor del Pueblo, el texto radicado ante el Congreso de la República debe apuntar a una formación integral, inclusiva, pluralista, equitativa y con calidad, garantizando el derecho fundamental a la Educación y debe aplicarse en todos sus niveles.

“Otro aspecto crucial es materializar el derecho a la educación con calidad en las zonas rurales de Colombia y hacerle el debido seguimiento. También, garantizar la idoneidad académica, ética y pedagógica de los docentes, la dignificación de su labor, su profesionalización y formación integral. Los estímulos al cuerpo docente son relevantes para asegurar la educación en todos los territorios del país”, añadió. 

La entidad promoverá diálogos abiertos, democráticos y participativos para conocer las perspectivas de distintos sectores sobre el proyecto propuesto, a través de su Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.