Así lo dispone la iniciativa que pasó a sanción presidencial luego de ser aprobado en último debate en el Senado y según su texto «el Gobierno nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública».
La propuesta dispone que el Ministerio de Educación se encargará de establecer los requisitos académicos para la permanencia de los estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la matrícula y establecerá sanciones a estudiantes que abandonen su proceso de formación y siendo beneficiados de la gratuidad en la matrícula.
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Las poblaciones que se priorizarán con el proyecto serán las que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén IV; las víctimas del conflicto armado, en especial las que se encuentren en el Registro Único de Víctimas; los integrantes de comunidades étnicas indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como los que hacen parte de la población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país.
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El texto también incluye que el Gobierno implementará la entrega de los apoyos económicos para sostenimiento, con el fin de evitar que «un estudiante matriculado en programas de pregrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas reciba más de un apoyo de Gobierno Nacional para el mismo propósito».
