La Defensoría del pueblo emitio un informe sobre el balance realizado por su Observatorio de Conflictividad Social, indica que, con relación a la jornada de elecciones territoriales del fin de semana, han ocurrido 98 eventos de protestas y disturbios en 86 municipios de 24 departamentos del país.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró el llamado a los ciudadanos, organizaciones y comunidades de todo el territorio nacional a respetar los resultados de las votaciones, la legitimidad y la legalidad del proceso electoral.
“Queremos y debemos evitar hechos de violencia que tengan como fin la reivindicación a la fuerza de derechos políticos y otros derechos fundamentales”.
Los hechos más relevantes ocurrieron en 13 poblaciones, donde hubo quema o destrucción de material electoral: Almaguer y Balboa (Cauca), Pueblo Rico (Antioquia), Gachantivá (Boyacá), La Paz (Cesar), Chinú (Córdoba), Imues, La Cruz y El Rosario (Nariño), Fonseca (La Guajira), Palocabildo (Tolima), Ricaurte (Nariño), Santiago (Putumayo) y Tiquisio (Bolívar) y los principales factores que motivaron estas protestas y disturbios fueron:
- Desconocimiento de los resultados electorales: Representando el 42% de los eventos, esto se debió principalmente a la escasa diferencia de votos entre los candidatos.
- Posibles irregularidades electorales: Un 29% de los eventos se relacionaron con denuncias de fraude electoral.
- Reclamaciones electorales de diferentes tipos: Un 17%.
- Polarización política: Un 5%.
- Pugnacidad: Un 4%, que no estaban relacionados con la jornada electoral.
- Exclusión de cédulas del censo electoral y revocatoria de candidaturas: Un 1% cada uno respectivamente.
“Resulta fundamental que los ciudadanos inconformes con los resultados electorales acudan a las vías constitucionales y legales establecidas para hacer las respectivas reclamaciones ante las autoridades competentes y que, por el contrario, no acudan a las vías de hecho ni se dejen instrumentalizar por quienes desean aprovechar la situación para forzar resultados de manera violenta”. Recalcó el Defensor del Pueblo
Hay que recordar que previo de los comicios fue atacada la Registraduría Municipal de Gamarra (Cesar) y con posterioridad a los mismos, las oficinas de la Registraduría de Almaguer (Cauca), Chinú (Córdoba), y El Rosario (Nariño), Tiquisio (Bolívar), Manaure (Guajira) y Becerril (Cesar), también fueron objeto de asonada.
La entidad protectora de derechos humanos valora el trabajo de la institucionalidad del Estado, al tiempo que deja claro su compromiso como garante de derechos: continuar acompañando en los territorios el escenario poselectoral.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo pone a disposición y al servicio de las autoridades, de los partidos y movimientos políticos y de la ciudadana en general su facultad mediadora, con el objetivo de facilitar los canales de diálogo que permitan la resolución pacífica de eventuales conflictos.
