Piden garantizar derechos humanos de colombianos en proceso de retorno desde Estados Unidos

Colombianos retornados
Colombianos retornados

Un llamado al Gobierno Nacional para que busque los mecanismos necesarios que permitan garantizar y proteger los derechos humanos de los colombianos que están en Estados Unidos a la espera de ser retornados, hizo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

“El Gobierno Nacional debe salvaguardar los derechos de los connacionales, independientemente de la circunstancia en la que estén. Nos preocupa como Defensoría del Pueblo el hecho de que, con base en las quejas conocidas recientemente, estén siendo maltratados por las autoridades migratorias estadounidenses en el desarrollo del acuerdo binacional que tiene como fin retornarlos a Bogotá”, apuntó.

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Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció que los connacionales están siendo objeto de medidas que atentarían contra el derecho a la dignidad humana, y el hecho de enfrentarse a las malas condiciones durante su paso por l                                                                                          .

Esta situación llevó a esa entidad a cancelar el plan piloto cuyo fin es recibir a colombianos retornados de Estados Unidos, principalmente niñas, niños, adolescentes y mujeres, entre el 1 y 7 de mayo de este año, en vuelos acordados entre el Departamento de Seguridad de ese país y la autoridad migratoria colombiana.

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“Urge que sea establecido un diálogo franco con las autoridades estadounidenses, a través de los debidos canales diplomáticos, en el que primen el respeto, el entendimiento y, de manera primordial, el compromiso que garantice la protección de los derechos humanos de quienes están en proceso de retorno a Colombia. Necesitamos que sea garantizada su integridad”, fue el llamado de Carlos Camargo Assis.

Igualmente, el Defensor del Pueblo recomendó al Gobierno activar un plan de contingencia y de respuesta desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) con énfasis migratorio. Además, hacer una caracterización de la población en condición irregular que dé cuenta de las dificultades, atención en salud y psicosocial, voluntariedad de ubicación, voluntariedad-seguridad, en articulación con entidades competentes nacionales y con el acompañamiento del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y personerías)”.