Asimismo La entidad de derechos humanos citará a su sede nacional el próximo lunes, 8 de abril, a las asociaciones de afiliados de esa EPS y veedurías para revisar con minucia lo que serán las acciones del ente que pasa a administrar la entidad promotora de salud, con la finalidad de que sea garantizado el servicio esencial a la salud de los 5.650.000 afiliados. El miércoles de la próxima semana también se reunirá con el equipo interventor.
El defensor indica que el equipo interventor debe diseñar un modelo de gestión que garantice el acceso efectivo a la salud y la continuidad en los tratamientos de todas las personas afiliadas a esa entidad administradora de planes de beneficios de salud, dándoles prioridad a quienes padecen enfermedades crónicas, graves o huérfanas, sin barreras ni interrupciones.
“Iniciaremos visitas a través de nuestras 42 Defensorías Regionales y nuestra Delegada para el Derecho a la Salud a las sedes de Sanitas en todo el país y las de sus prestadores, con el fin de verificar el cumplimiento del abecé emitido por la Superintendencia para este proceso, siempre defendiendo los derechos de las personas que puedan llegar a verse afectadas o impactadas por la intervención, todo desde un enfoque de derechos humanos”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El defensor hace un llamado antes la situacion actual que presenta la Eps y enfatiza, “hacemos un llamado urgente para que el equipo interventor diseñe un modelo de gestión que garantice el acceso efectivo a la salud y la continuidad en los tratamientos de todas las personas afiliadas a esta entidad administradora de planes de beneficios de salud, priorizando a quienes padecen enfermedades crónicas, graves o huérfanas y asegurando que reciban la atención, diagnósticos y tratamientos necesarios sin barreras, obstáculos ni interrupciones”.
También es fundamental proteger los derechos laborales del talento humano de Sanitas, velando por condiciones laborales justas y garantías de estabilidad en sus empleos. Así mismo, es necesario salvaguardar los derechos patrimoniales de los proveedores y acreedores de la EPS intervenida, asegurando que sus intereses sean considerados de manera equitativa y transparente en el proceso de intervención.
“Para ello, el Gobierno Nacional debe garantizar el flujo de recursos a Sanitas y las demás entidades administradoras de planes de beneficios de salud, con la finalidad de que sea mejorada la situación financiera del sector”, señala el Defensor del Pueblo.
De igual forma, la Defensoría insta a la nueva administración de la EPS Sanitas y a las autoridades nacionales y territoriales en salud a actuar con la mayor prudencia, responsabilidad y sensibilidad hacia todos los involucrados, dándole prioridad a la prestación continua y sin barreras de todos los servicios de salud y tratamientos en curso.
“A las personas afiliadas, unas 5.650.000, queremos hacerles un llamado a la calma. Los servicios de salud no deben colapsarse por excesiva demanda, las citas programadas y los tratamientos en curso deben seguir exactamente igual y nada debería reprogramarse. No es necesario intentar adelantar los servicios ni consultar la reconfirmación de los mismos; congestionar los canales de atención pone en riesgo el derecho a la salud”, llama Carlos Camargo Assis.
La entidad nacional de derechos humanos, adicionalmente, las insta a no dejarse llevar por las noticias falsas ni por el pánico, solamente, les pide, debe atenderse la información que provenga de fuentes oficiales y evitar la divulgación de noticias dudosas o que provoquen incertidumbre o temores.
“La salud es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado, y es responsabilidad de todos los actores involucrados promoverlo, garantizarlo y protegerlo en beneficio de todas las personas que habitan nuestro territorio”, remarcó el Defensor del Pueblo.
