En la tarde de este martes, la Defensoría del Pueblo radicó un proyecto de ley que tiene como propósito deshacinar las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) ya que en la actualidad el hacinamiento en estos lugares a superado el 123%.
Esta iniciativa tiene como fin modificar algunos artículos del Código Penitenciario, para que los entes territoriales inviertan recursos que permitan, la construcción de sitios de reclusión que brinden las condiciones mínimas garantizándoles sus derechos fundamentales a los sindicados o detenidos preventivamente.
“Hemos presentado esta iniciativa para que el Gobierno Nacional, las alcaldías y gobernaciones asuman una responsabilidad real en la atención a estas personas privadas de la libertad. Esperamos que, una vez aprobado el proyecto de ley, sean puestas en marcha medidas que contribuyan al deshacinamiento y a la garantía de mínimos vitales como la alimentación y sitios de detención en condiciones dignas, de salubridad, entre otros”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Durante la radicación del proyecto, se contó con la presencia de congresistas de distintas bancadas, lo cual impulsará al Gobierno Nacional a centrar esfuerzos en la resocialización de la población condenada, esta iniciativa contó con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), organizaciones que, al conocer las problemáticas en las estaciones de Policía y URI, aportaron ideas significativas.
La entidad ha realizado varias advertencias sobre la situación de estos centros de detención transitoria, durante varios meses el Defensor del Pueblo Carlos Camargo advirtió que cerca de 17.500 personas privadas de la libertad en esos centros podrían quedarse sin alimentación, lo cual esta situación era una bomba de tiempo a la cual se le debía brindar atención a esta problemática.
Finalmente, la Defensoría ha señalado, que las carceletas no son lugares para la vida en reclusión porque no están garantizados los mínimos vitales, ya que, los privados de la libertad permanecen durante meses o años sin que les sea definida su situación judicial, pese a que solo deberían estar allí máximo de 36 horas. A ello se suma que no pueden recibir visitas, y el tiempo que permanecen en los centros de detención transitoria no les cuenta para pagar la sanción penal.
