El Estado en los últimos años, consolidó un importante proceso de planeación y, dado que ha habido más avances en unos aspectos que en otros y se requiere acelerar en la implementación de todos los puntos del acuerdo, dijo Carlos Camargo.
“El reto de lograr la paz implica un esfuerzo extraordinario para todas las entidades y un decidido esfuerzo presupuestal, que, de forma responsable y organizada, se debe seguir haciendo”, aseguró el Defensor sobre el seguimiento que su Entidad ha hecho a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
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La Defensoría del Pueblo ha podido identificar algunos cuellos de botella y como garante de los derechos humanos, continúa dando las recomendaciones para superarlos para que los comprometidos con el Acuerdo puedan cumplir con lo pactado en materias de seguridad, reparación y acceso a tierras.
“Considero necesario recordar que el Acuerdo Final de Paz es una obligación del Estado compromiso de todas las partes. No se puede concluir que hay una ausencia de voluntad si se tiene en cuenta que la ejecución está prevista a doce años”, explicó.
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En lo que tiene que ver con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a corte de octubre del año anterior, fue reportado un 40% de iniciativas con rutas de implementación activadas. En relación con el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, se mantuvo la vinculación formal de 99.097 familias beneficiarias.
En su más reciente informe de seguimiento al Acuerdo, la Defensoría concluyó que, en el periodo julio-diciembre de 2022, se evidenció un fenómeno de ralentización en su implementación. Sobre el catastro multipropósito, un tema no menos importante, no se conoce el porcentaje de avance a diciembre pasado.
