El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió un comunicado en el que valora la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, luego del ataque indiscriminado contra la población civil en Toribío, Cauca.
Sin embargo, cuestiona la efectividad de estos ceses al fuego, que han fortalecido a grupos armados ilegales y puesto en riesgo a la población.
Por lo cual, expresó su preocupación por la recurrente utilización de ceses al fuego por parte del Gobierno, señalando que estos han otorgado una ventaja a los grupos armados al margen de la ley, permitiéndoles fortalecer su accionar y expandir su control territorial. El reciente ataque en Toribío, que resultó en la muerte de la lideresa indígena Carmelina Yule Pavi y dejó dos personas heridas, es solo un ejemplo de las consecuencias de esta estrategia.
“Valoramos la decisión del Gobierno Nacional de firmar el decreto que ordena la suspensión del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, como consecuencia del ataque indiscriminado contra la población civil en Toribío, Cauca”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Camargo Assis insta a revisar los efectos de estos ceses al fuego y a garantizar condiciones estrictas y verificación efectiva para evitar ataques como el ocurrido en Toribío. Además, llama a los grupos armados ilegales a respetar el derecho internacional humanitario y a demostrar con acciones su voluntad de paz.
«Recalcamos lo indicado en nuestras Alertas Tempranas 005 de este año y 036 del 2023 y sus posteriores oficios de consumación: es imperativo que las organizaciones armadas ilegales respeten el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de proporcionalidad y precaución, así como de distinción, teniendo en cuenta que en la actualidad sus ataques parecieran estar dirigidos contra la población civil, como forma de presión para que las comunidades no permitan la presencia estatal, especialmente de la fuerza pública en zonas rurales», señala el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo también destaca el aumento alarmante del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el departamento del Cauca y comunidades indígenas. Insta a los grupos armados ilegales a detener esta práctica y a permitir la presencia estatal en las zonas rurales para evitar la vulneración de los derechos humanos.
Finalmente, Camargo Assis sugiere considerar una suspensión total del cese al fuego hasta que los grupos armados ilegales demuestren una verdadera voluntad de paz.
