Como si se tratara de una premonición o más bien de una lectura juiciosa, rigurosa de un Gobierno que desgobierna a Colombia a punta de atajos y vericuetos advertí en la Cámara de Representantes, el pasado 9 de diciembre, que tras el archivo de la Reforma Tributaria, mal bautizada como “Ley de Financiamiento”, el Ejecutivo intentaría imponerla por la vía de un Estado de Excepción. Lo dije con claridad: se aprovecharían de su propia negligencia, de su propia irresponsabilidad fiscal y de su propia incapacidad para gobernar con planeación, para justificar una emergencia artificial que les permitiera crear impuestos por decreto, saltándose al Congreso de la República … Y, lamentablemente, así ocurrió.
Hoy el Gobierno culpa al Congreso por aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2026 y negar su Reforma Tributaria. Llega incluso a tildarnos de “tramposos”, pero esa narrativa no resiste el menor análisis. Lo que hicimos en las comisiones económicas conjuntas, fue adelantarnos a un Gobierno mañoso que ya había mostrado sus cartas en 2024, cuando en el Legislativo negamos el Presupuesto General de la Nación para el año 2025 por estar desfinanciado, a lo que el Ejecutivo respondió adaptándolo vía decreto, vulnerando el espíritu democrático y el principio de la separación de poderes. En esta oportunidad, esto es, al tramitar en el año 2025 el Presupuesto para el 2026, el Senado y la Cámara de Representantes decidieron no caer en la trampa: aprobando el presupuesto de 2026, el cual pese a quedar desequilibrado, es una alternativa que admite la Constitución vigente, lo cual en esta hipótesis, supone tramitar con posterioridad una iniciativa en procura del equilibrio.
Ahora bien, al advertir cómo congresistas que la propuesta con la que se pretendía superar el desequilibrio presupuestal incluía para los Colombianos de a pie, esto es, para los mas vulnerables y necesitados, impuestos, decidimos archivarla. Eso no es trampa; eso es ejercer control político y cumplir la función constitucional que nos compete y que nos corresponde, pues no somos notarios, ni convidados de piedra, ni un apéndice del gobierno nacional. Somos integrantes de una rama del poder público autónoma e independiente, pese a que el pseudo emperador Gustavo Petro pretenda algo diferente.
Y es que suponer, que la aprobación de un presupuesto desfinanciado implica que inexorablemente el congreso debe aprobar más impuestos para financiarlo, constituye una fantasía que sólo está en la mente y en la cabeza de un gobierno, que aunque trata de combinar todas las formas de lucha, tal cual como lo hacía el Presidente de la República en su pasado guerrillero, en esta oportunidad no le sonó la flauta, porque encontró en las comisiones económicas de las que hago parte, una muralla infranqueable, que lo impidió, porque no estamos dispuestos a patrocinar más onerosas cargas tributarias para los Colombianos.
La Constitución no impone al Legislativo la obligación de aprobar la financiación de presupuestos desfinanciados; mucho menos de convalidar la improvisación, el derroche y la corrupción del Ejecutivo. Nuestro deber se limita a considerar y discutir las iniciativas que en
ese sentido se nos presenten, pudiendo aprobar o improbar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que hicimos.
Lo que debería hacer este Gobierno derrochón gobierno al que la austeridad le resulta incómoda y la responsabilidad fiscal le resulta ajena es reducir partidas para equilibrar el presupuesto, tal como lo prevé el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Pero ese camino exige decisiones impopulares dentro del Gobierno tales como: recortar la burocracia, frenar el gasto político, priorizar la inversión social real sobre el clientelismo. Y eso, claramente, no está en el ADN de este nefasto gobierno.
Y es que en lugar de reducir el gasto, todo parece indicar que el Ejecutivo optará por la vía rápida que habíamos pronosticado: declarar una emergencia económica para recaudar 16 billones de pesos. Todo esto mientras culpan al Congreso poniéndonos una lápida sobre nuestras espaldas, cuando son ellos, ellos, quienes protagonizan los mayores escándalos de corrupción del país reciente: el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con ex ministros hoy privados de la libertad; la sanción histórica del Consejo Nacional Electoral a la campaña presidencial por irregularidades en su financiación; los graves señalamientos sobre nexos entre altos mandos del Gobierno y del Ejército con disidencias de las FARC; y una cadena interminable de escándalos que ya no sorprenden, pero sí desgastan la credibilidad en el país.
El ministro de Hacienda y Crédito Público confirmó que la emergencia económica se declararía para afrontar la situación fiscal de 2026, tras el hundimiento de la ley de financiamiento que contemplaba ingresos por 16,3 billones de pesos. Para justificarla, el Gobierno habla de “hechos sobrevinientes y protuberantes”: la crisis del sistema de salud, la unificación de la UPC ordenada por la Corte Constitucional con un costo aproximado de 3 billones, el deterioro de la seguridad y la necesidad de mayor gasto en defensa. Pero ninguno, ninguno de estos hechos pueden ser calificados de imprevisibles y mucho menos de sobrevivientes. Todos, todos eran conocidos, advertidos y, en muchos casos, provocados o agravados por las propias decisiones del Gobierno Petro.
Más aún, los 16 billones que se pretenden recaudar representan menos del 3 % del Presupuesto General de la Nación para 2026. Resulta fiscalmente insostenible afirmar que un faltante de esta magnitud amenaza de manera grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, como lo exige el artículo 215 de la Constitución para declarar un estado de emergencia. La fragilidad fiscal no equivale, por sí sola, a una emergencia constitucional; menos aún cuando su origen está en decisiones de gasto y endeudamiento que se corrigen con política fiscal ordinaria, no con decretos excepcionales.
El paquete tributario que se anuncia confirma el verdadero propósito: ampliar el impuesto al patrimonio, subir el gravamen a los movimientos financieros al 5 por 1.000, imponer IVA a los juegos de azar online, encarecer licores y cigarrillos, y crear un impuesto especial del 1 % sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón. Medidas de rápida activación para hacer caja, repartiendo la carga entre patrimonio, consumo, transacciones y sectores
estratégicos. Todo, todo sin el debate democrático que exige la reserva de ley en materia tributaria.
No se trata de negar la complejidad del momento fiscal. Se trata de defender la Constitución y el bolsillo de los Colombianos. Las medidas tributarias adoptadas por decreto estarán sometidas a un control constitucional estricto, porque la emergencia no puede convertirse en un atajo permanente para gobernar a punta de imposiciones. Colombia no necesita más improvisación ni más impuestos creados en estado de excepción. Necesita responsabilidad, planeación y respeto por la democracia. Y eso, eso, hoy por hoy, es precisamente lo que más le falta a este nefasto Gobierno.
