El presidente Abelardo De La Espriella asegura haber firmado 41 decisiones de extradición desde que asumió el poder el 7 de agosto. Entre los casos más relevantes aparecen antiguos negociadores de procesos de paz del gobierno Gustavo Petro, un oficial retirado de la Armada señalado de colaborar con narcotraficantes y varios requeridos por cortes estadounidenses. Sin embargo, firmar una extradición no significa que la persona ya haya sido entregada: algunos permanecen detenidos en Colombia, otros siguen prófugos y varios expedientes están en trámite de materialización.
La extradición se convirtió en una de las herramientas centrales de la nueva política de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Apenas 19 días después de asumir la Presidencia de la República, el mandatario anunció que había firmado 41 extradiciones, una cifra con la que busca marcar una ruptura frente a varias decisiones de la administración de Gustavo Petro y reforzar la cooperación judicial con Estados Unidos frente al narcotráfico y el crimen organizado.
“He firmado 41 extradiciones en 19 días de gobierno. Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene: los vamos a derrotar”, manifestó De La Espriella.
La política ha sido desarrollada junto con el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien participa en la revisión jurídica y administrativa de los expedientes de extradición que llegan al Ejecutivo después de superar las etapas correspondientes ante la justicia colombiana.
El ritmo es significativo: el Gobierno había informado el 26 de agosto que ya superaba las 30 extradiciones firmadas en 16 días. Tres días después, el balance divulgado por el propio presidente ascendió a 41.
Una precisión clave: 41 firmas no significan 41 personas ya enviadas
El número requiere una aclaración importante.
Una cosa es que el presidente firme o confirme una extradición y otra distinta que el requerido sea inmediatamente subido a un avión y entregado al país solicitante.
Después de la decisión presidencial pueden quedar pendientes recursos, notificaciones, coordinación entre autoridades, verificaciones sobre procesos internos y, especialmente, la ubicación y captura del requerido.
Eso explica por qué dentro de las 41 decisiones hay personas que ya estaban detenidas, otras que pueden ser entregadas después de completar el procedimiento y algunas que ni siquiera están bajo custodia porque permanecen prófugas.
Precisamente entre los cinco antiguos participantes de procesos de paz cuya entrega ordenó recientemente De La Espriella, tres están capturados y dos permanecen prófugos.
Los cinco nombres que simbolizan el giro frente a la “paz total”
Uno de los bloques más importantes de decisiones fue anunciado desde el Palacio de San Carlos.
El presidente ordenó hacer efectivas las extradiciones de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’; Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’.
No se trataba de solicitudes nuevas.
Las cinco extradiciones habían sido concedidas durante 2025, en el gobierno de Gustavo Petro, pero su ejecución quedó suspendida debido a que los requeridos participaban como representantes, voceros o integrantes de diferentes procesos de diálogo.
“He ordenado hacer efectiva la entrega en extradición a los Estados Unidos de América de cinco ciudadanos cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025, pero cuya entrega permanecía suspendida debido a la participación de estas personas como representantes en distintos procesos, mesas o espacios de diálogo adelantados por el Gobierno anterior”, explicó el presidente.
Alias ‘Mocho Olmedo’
Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, es señalado como uno de los principales integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura con presencia principalmente en el Catatumbo.
Estados Unidos lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
Su extradición recibió concepto favorable desde 2025, pero quedó suspendida por su vinculación a los diálogos con el Gobierno Petro.
Actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades colombianas, por lo que su entrega sí puede avanzar una vez se completen las etapas administrativas correspondientes.
Alias ‘Araña’
Otro de los casos más sensibles es el de Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, uno de los jefes de los Comandos de la Frontera y figura de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Rojas llegó a participar como interlocutor en conversaciones promovidas por la administración Petro.
Fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 mientras participaba en actividades relacionadas con esos acercamientos y quedó requerido en extradición por Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico.
Su caso se convirtió en uno de los principales símbolos de la controversia sobre la “paz total”: mientras tenía una solicitud de extradición vigente, era reconocido como representante de una estructura que dialogaba con el Estado.
Ahora De La Espriella ordenó que la entrega avance.
Alias ‘Muñeca’
Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, es señalado como uno de los dirigentes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachencas.
Según documentos oficiales del Ministerio de Justicia, Estados Unidos lo reclama por delitos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y porte de armas.
Castillo también había sido reconocido como representante dentro del espacio de conversación sociojurídico abierto por el Gobierno Petro.
Se encuentra detenido en Colombia, lo que permite avanzar materialmente hacia su entrega.
‘HH’ y ‘Pinocho’: extradición firmada, pero siguen prófugos
Los otros dos casos muestran claramente por qué una resolución presidencial no equivale inmediatamente a una extradición materializada.
Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, vinculado a Comuneros del Sur, y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, relacionado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tienen autorización para ser extraditados, pero continúan prófugos.
Por esa razón, el presidente ordenó a la Fuerza Pública localizarlos y capturarlos.
Solo después de ser puestos a disposición de las autoridades podrá ejecutarse su entrega a Estados Unidos.
El oficial retirado de la Armada que aparece en la lista
Entre los 41 expedientes también sobresale el del teniente retirado de la Armada Julián David Mosquera Dussán.
De La Espriella confirmó su extradición mediante la Resolución Ejecutiva 336 de 2026.
El oficial es requerido por una corte federal estadounidense por un caso de narcotráfico en el que investigadores sostienen que habría entregado información reservada de operaciones navales a organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína, permitiéndoles conocer movimientos de las autoridades y facilitar el tránsito de cargamentos hacia Estados Unidos.
El gobierno Petro había firmado inicialmente la resolución en mayo de 2026, pero la defensa interpuso recursos argumentando, entre otros aspectos, la existencia de investigaciones en Colombia relacionadas con los mismos hechos.
La nueva administración resolvió mantener la decisión de extraditarlo.
Fernando Vergara Palacios también aparece entre los casos destacados
Los balances divulgados durante los últimos días incluyen además a Fernando Vergara Palacios entre los requeridos cuya extradición fue autorizada durante la nueva administración.
Su nombre aparece dentro del grupo de expedientes firmados por De La Espriella en las primeras semanas del Gobierno, aunque la Presidencia no ha publicado todavía una relación única y consolidada con los 41 nombres, su estado procesal individual y la fecha exacta de cada entrega.
Por esa razón, no es correcto afirmar que los 41 ya se encuentren en cárceles estadounidenses.
Extradiciones materializadas
Mientras varios de los expedientes continúan en trámite, este sábado 29 de agosto sí se produjo una operación física de entrega de requeridos.
La Policía Nacional, a través de Interpol, entregó a ocho personas reclamadas por Estados Unidos y Austria.
Entre quienes fueron enviados a territorio estadounidense figuran Óscar Iván Morón Ramos, alias ‘Supervisor’; Elkliver López Jusayu; Juan Rafael Fuenmayor Barros; Elvis Giovanni Guevara Quintero; Jaime Torres Castiblanco y Erick Randhiel Mosquea Polanco.
Los tres primeros enfrentan señalamientos relacionados principalmente con tráfico internacional de cocaína. Morón, por ejemplo, estaría vinculado a una organización que utilizaba buques comerciales para enviar droga hacia Puerto Rico.
López es señalado como responsable de labores logísticas y Fuenmayor como integrante de una estructura dedicada al transporte de cocaína desde la Alta Guajira.
Guevara y Torres deberán responder ante la justicia del Distrito de Connecticut por presuntos robos armados en joyerías y establecimientos comerciales.
Mosquea Polanco, ciudadano dominicano y supuesto cabecilla de la denominada Red Falcón, está señalado de participar en una organización transnacional de narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades calculan que esa estructura habría movilizado enormes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Austria, por su parte, recibió a Daniela García Vanegas y Jorge Elkin Ríos Ortiz, investigados por una presunta red internacional de trata y explotación sexual.
En cambio, alias ‘Araña’, ‘Mocho Olmedo’ y ‘Muñeca’, aunque tienen orden presidencial para avanzar con su extradición, permanecían hasta los últimos reportes bajo custodia colombiana.
Alias ‘HH’ y ‘Pinocho’ ni siquiera pueden ser entregados todavía porque continúan prófugos.
No existe hasta ahora un balance oficial público que permita afirmar cuántas de las 41 decisiones firmadas por De La Espriella ya fueron materializadas individualmente. La cifra de 41 corresponde específicamente a decisiones presidenciales de extradición, no necesariamente a 41 personas ya trasladadas fuera del país.
De la “paz total” al sometimiento a la justicia
La aceleración de las extradiciones forma parte de un cambio mucho más amplio en la política de seguridad.
De La Espriella había anticipado desde la campaña presidencial que modificaría sustancialmente la política de “paz total” impulsada por Gustavo Petro.
Después de posesionarse el 7 de agosto, ha insistido en que las organizaciones que continúen vinculadas con narcotráfico, secuestro, extorsión, terrorismo u otras economías criminales no mantendrán beneficios simplemente por participar en negociaciones.
“Colombia necesita una paz verdadera, sustentada en hechos, justicia y resultados, no una política que termine convirtiendo el diálogo en un mecanismo de impunidad”, aseguró el mandatario.
También sostuvo que la política anterior “abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”.
Su Gobierno plantea reemplazar ese esquema por una política basada en seguridad, autoridad estatal y sometimiento a la justicia.
Iván Cancino y la nueva política de extradición
El ministro de Justicia, Iván Cancino, se ha convertido en una figura central en esta etapa.
Por el Ministerio pasan los expedientes y actuaciones administrativas relacionadas con el mecanismo de extradición, aunque la decisión no depende exclusivamente del ministro.
En Colombia, el procedimiento generalmente comienza con una solicitud internacional y una captura con fines de extradición. Posteriormente intervienen la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, que emite el concepto correspondiente en los casos previstos por la ley.
Al final, la decisión de conceder o negar la extradición corresponde al Presidente de la República, con las condiciones establecidas por la Constitución y las leyes.
Por eso las imágenes de De La Espriella y Cancino firmando resoluciones tienen un significado político, pero también representan la fase final de expedientes que, en muchos casos, comenzaron años antes.
Petro extradiciones
En los cinco expedientes relacionados directamente con antiguos negociadores de paz, el gobierno Petro había concedido las extradiciones en 2025, pero suspendió temporalmente la entrega por la participación de los requeridos en procesos de diálogo.
La administración De La Espriella levantó ese freno.
La diferencia está, entonces, en la decisión política de considerar agotado el beneficio derivado de su participación en las negociaciones y proceder con la cooperación judicial internacional.
El cierre de las mesas heredadas
El giro no quedó limitado a las extradiciones.
El Gobierno también expidió las resoluciones 342 a 350, dirigidas a desmontar procesos heredados de la administración Petro.
Las decisiones afectan los espacios de diálogo con estructuras vinculadas a alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Se retiraron reconocimientos a interlocutores, se modificó la situación de las delegaciones gubernamentales y se abrió el camino para reactivar órdenes de captura que habían quedado suspendidas.
Las medidas, sin embargo, no derogan el Acuerdo Final de Paz de 2016 con las antiguas Farc, ni eliminan las obligaciones estatales relacionadas con reincorporación, justicia transicional, reparación de víctimas y cumplimiento del acuerdo firmado con esa antigua guerrilla.
El desafío de los 99 integrantes de Comandos de la Frontera
Uno de los asuntos más complejos está en Putumayo.
Durante el proceso del gobierno anterior, 99 integrantes de los Comandos de la Frontera dejaron las armas y fueron trasladados a una Zona de Ubicación Temporal.
La autorización para extraditar a alias ‘Araña’, uno de sus principales dirigentes, obliga ahora al Ejecutivo a definir qué ocurrirá con quienes sí avanzaron en el proceso de desarme.
Ese punto será una prueba para la nueva estrategia: diferenciar entre quienes continúan delinquiendo y quienes efectivamente abandonaron las armas y aceptan someterse a la justicia.
Una promesa de campaña que comienza a materializarse
La extradición fue uno de los temas recurrentes de De La Espriella durante la campaña presidencial.
Su discurso planteaba recuperar la cooperación internacional como instrumento contra los principales narcotraficantes y organizaciones criminales.
Ahora pretende convertir esa promesa en resultados.
“Se acabaron los tiempos en los que los mecanismos de cooperación internacional se guardaban en un clóset”, manifestó al presentar el balance de sus primeras decisiones.
En apenas las primeras semanas de Gobierno, la cifra política es contundente: 41 extradiciones firmadas.
Pero el balance operativo deberá medirse de otra manera: cuántos requeridos terminan efectivamente ante jueces extranjeros, cuántos permanecen presos en Colombia, cuántos están prófugos y cuáles decisiones pueden enfrentar recursos o dificultades para materializarse.
Por ahora, los cinco antiguos negociadores de la “paz total” concentran la atención: ‘Mocho Olmedo’, ‘Muñeca’ y ‘Araña’ están bajo custodia y a la espera de que se complete su entrega; ‘HH’ y ‘Pinocho’ permanecen prófugos.
La nueva estrategia deja así una señal clara de los primeros días del Gobierno De La Espriella: la extradición vuelve a ocupar un lugar central en la política criminal colombiana, mientras las negociaciones abiertas por la administración Petro son sustituidas, al menos para varias estructuras, por una apuesta de sometimiento, operaciones de seguridad y cooperación judicial con Estados Unidos.
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Etiquetas: crimen organizado, extradición a Estados Unidos.
