Gobierno y arroceros alcanzan acuerdo tras 11 días de paro nacional
Luego de 11 días de movilizaciones y bloqueos por parte del sector arrocero, el Gobierno Nacional y el Comité del Paro Arrocero firmaron un acuerdo que permitió el levantamiento inmediato del paro, marcando un hito en la política agroindustrial del país. El pacto, que se centra en la regulación del precio del arroz y en medidas para estabilizar la cadena productiva, contempla seis compromisos clave y un cronograma de implementación dividido en fases.
📌 Los seis compromisos del acuerdo Gobierno – Arroceros
1️⃣ Regulación del precio del arroz paddy verde
El eje central del acuerdo es la fijación de un precio mínimo para el arroz paddy verde (arroz sin cáscara), bajo un régimen de libertad regulada de precios.
- Se aceptó una fórmula de cálculo presentada por el Ministerio de Agricultura, que asegura el cubrimiento de los costos de producción sin margen de ganancia.
- El borrador de la resolución será radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para recibir concepto de abogacía de la competencia, tal como lo establece la Ley 1340 de 2009.
- Una vez recibido dicho concepto, se expedirá la resolución oficial que dará inicio a esta primera fase de implementación.
2️⃣ Futura regulación del arroz blanco
Con el objetivo de mantener equilibrio en los precios al consumidor final, se establecerá una futura regulación para el arroz blanco, en diálogo constante con la industria y sin afectar la competitividad del sector.
3️⃣ Medidas de defensa comercial y control al contrabando
El Ministerio de Comercio evaluará posibles medidas arancelarias y de defensa comercial frente a importaciones que afecten el mercado local. Además, se acordaron acciones concretas para combatir el contrabando y la evasión de impuestos:
- La POLFA y la DIAN intensificarán controles en molinos y centros de acopio para verificar el origen y volumen del arroz almacenado.
4️⃣ Creación de una Comisión Técnica
Se instalará una comisión conjunta con el objetivo de:
- Proteger a productores afectados por la caída de precios desde el 26 de junio.
- Reactivar apoyos financieros como el FONSA y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA).
- Diseñar nuevas herramientas que garanticen la sostenibilidad del cultivo.
5️⃣ Tarifa del Uso del Agua (TUA)
Se instalará una mesa técnica liderada por el Ministerio de Ambiente para revisar y ajustar el sistema de tarifas del uso del agua, buscando un esquema equitativo para los agricultores.
6️⃣ Revisión con la UGPP
El Ministerio de Hacienda coordinará una revisión de los criterios para la presunción de costos que usa la UGPP, con el fin de evitar cargas impositivas desproporcionadas sobre el sector rural.
«Nosotros mantendremos una vigilancia permanente sobre el impacto de nuestras medidas, con el objetivo de no generar ningún efecto negativo, ni en los productores ni en la industria, y por supuesto, en los consumidores, que también son a quienes protegemos«, resaltó la ministra @MCarvajalinoV.
🔄 Fases de implementación del acuerdo
🟢 Fase 1: Precio del arroz paddy verde
- Implementación inmediata del esquema de libertad regulada.
- Expedición de la resolución oficial tras revisión de la SIC.
🟡 Fase 2: Precio del arroz blanco
- Evaluación de impactos y diseño de mecanismos de regulación sin distorsionar el mercado.
- Concertación con la agroindustria.
🔵 Fase 3: Estabilización de la cadena
- Acciones de control al contrabando y evasión.
- Medidas de defensa comercial, revisión de tarifas, y fortalecimiento de apoyos financieros.
Un acuerdo en medio de una sobreoferta histórica
El acuerdo se da en un contexto desafiante para el sector arrocero. En 2024, Colombia alcanzó una siembra récord de 631,000 hectáreas, con una cosecha sin precedentes que desbordó la capacidad de almacenamiento y presionó a la baja los precios. El departamento de Casanare, con un crecimiento del 27% en su área sembrada en los últimos dos años, ha sido clave en esta sobreproducción.
El Consejo Nacional del Arroz advierte que, aunque el pacto representa un alivio inmediato, persisten retos estructurales: altos costos, baja rentabilidad y la necesidad de una política de largo plazo que garantice la sostenibilidad económica y ambiental del cultivo.
«Este acuerdo no es un punto final, sino un punto de partida«, afirmó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Carvajalino, al firmar el acta.
«Regularemos el precio sin generar efectos negativos sobre productores, industriales o consumidores. Todos son parte de esta cadena, y todos serán protegidos«.
Redacción Agroindustria
