Las entidades públicas recurrirán a esta modalidad para conformar equipos técnicos, estructurar proyectos y poner en marcha las primeras iniciativas de la nueva administración, siempre bajo las causales previstas por la ley.
Con la llegada del nuevo Gobierno Nacional, la contratación pública entrará en una de sus etapas de mayor actividad. Durante los primeros meses de la nueva administración, las entidades estatales deberán conformar equipos de trabajo, estructurar proyectos y ejecutar los compromisos adquiridos con la ciudadanía, escenario en el que la contratación directa volverá a desempeñar un papel relevante.
De acuerdo con expertos en contratación estatal, esta modalidad permitirá atender necesidades específicas de la administración con mayor agilidad, siempre que se aplique dentro de las causales establecidas por la legislación colombiana. Su utilización busca facilitar la puesta en marcha de proyectos estratégicos sin dejar de lado los principios de transparencia, planeación, responsabilidad y control que rigen la contratación pública.
Especialistas de Red Summa señalaron que los primeros meses de un nuevo gobierno suelen caracterizarse por una alta demanda de contratación para celebrar convenios interadministrativos, realizar estudios técnicos, fortalecer las capacidades institucionales y vincular profesionales especializados. En muchos de estos casos, la contratación directa constituye una herramienta prevista por la ley para responder de manera oportuna a las necesidades del Estado.
Entre las principales ventajas de este mecanismo se destacan la agilidad para iniciar proyectos estratégicos, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, el acceso a conocimiento especializado y la posibilidad de atender requerimientos prioritarios sin los tiempos que demandan otros procesos de selección, siempre que exista una causal legal que lo justifique.
No obstante, los expertos advirtieron que la contratación directa no significa contratar sin reglas. Cada proceso debe estar debidamente sustentado, cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Asimismo, estiman que durante el arranque del nuevo Gobierno aumentará la demanda de asistencia técnica para apoyar a las entidades en la estructuración de proyectos, la elaboración de estudios previos y el desarrollo de procesos contractuales ajustados al marco legal.
