La Contraloría General de la República, a través de 32 actuaciones de control fiscal (auditorías de cumplimiento) realizadas en el 2026 a los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ejecutados en 2025, determinó: 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia penal, 5 se determinaron para indagación preliminar y 41 tienen incidencia fiscal por $39.139 millones.
En las auditorías de cumplimiento realizadas en 2026 sobre los recursos del Presupuesto General destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2025 a 32 Entidades Territoriales Certificadas-ETC-, se han evidenciado irregularidades en materia de sobrecostos, deficiencias técnicas e incumplimientos reiterados en el Programa.
Los resultados fiscales se encuentran asociados a falencias en la ejecución contractual (60%) que corresponden a debilidades en la planeación, información, supervisión y control; sobrecostos (30%) en pagos de manipuladoras de alimentos y en raciones alimentarias y mayores valores pagados (10%).
La Contraloría advierte sobre la no continuidad y posible afectación de 600 mil estudiantes en 13 Entidades Territoriales Certificadas ante contratos que han finalizado o están próximos a finalizar y no se evidencian procesos contractuales en curso o disponibilidad de recursos en 2026 para continuar con la prestación del PAE.
Ante este panorama, la Contraloría General de la República lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del PAE a nivel nacional.
La información oficial del PAE reporta una cobertura de 87% para 2026, es decir que todavía cerca de 1 millón de estudiantes en el país no reciben la alimentación escolar en sus entornos educativos.
