El Alto Tribunal determinó que la petición se tramitará a través del procedimiento ordinario para decidir las medidas cautelares, antes de determinar si procede o no otorgar la medida precautelativa.
También precisó que la decisión se tomó en el curso de una demanda de nulidad contra el acto administrativo que previó las reglas que debe seguir el personal médico frente al aborto, luego de que la Corte Constitucional profirió la sentencia C-055 de 2022, que estableció que dicho procedimiento médico no podía ser considerado como una conducta delictiva, siempre y cuando se efectuara hasta antes de las 24 semanas de gestación.
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Para el demandante, el Ministerio de Salud carecía de competencia para expedir la resolución regulatoria, por lo que la tutela se fundamentó en que se vería comprometido el derecho a la vida y se acudió a una medida cautelar de urgencia.
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El despacho al que le correspondió por reparto el conocimiento de la demanda, consideró que no estaban reunidos los requisitos para adoptar la medida cautelar de urgencia y que era necesario escuchar a la parte demandada antes de proferir una decisión.
