Un nuevo giro tomó el proceso penal que enfrenta el periodista y exdirector de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, luego de que tres de las cuatro mujeres mencionadas por la Fiscalía como presuntas víctimas anunciaran públicamente que no participarán de manera activa en el juicio por presunto acoso sexual. Sin embargo, las comunicadoras fueron enfáticas en aclarar que su decisión no representa una retractación ni un cambio en sus versiones sobre los hechos denunciados.
Las periodistas aseguran que nunca solicitaron la apertura de una investigación penal contra Vargas, que no se retractan de los hechos denunciados y que su decisión busca proteger su salud mental y evitar una nueva victimización. El proceso penal continuará porque el delito investigado es de carácter oficioso.
«En calidad de periodistas, y en contra de nuestra voluntad, nos encontramos vinculadas como presuntas víctimas dentro del proceso penal que se adelanta contra el señor Jorge Alfredo Vargas, frente al cual en las últimas horas se le imputaron cargos por el delito de acoso sexual»
“No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, presuntas víctimas
A través de un comunicado conjunto difundido este martes junto a sus abogados, las periodistas señalaron que nunca solicitaron la apertura de una investigación penal contra Vargas y que, desde el inicio, manifestaron tanto a Caracol Televisión como a la Fiscalía General de la Nación que no deseaban constituirse como víctimas procesales dentro del expediente. Según explicaron, consideraron que las medidas adoptadas internamente por el canal tras las denuncias fueron suficientes para ofrecerles garantías de seguridad, justicia y no repetición.
El caso tiene su origen en una serie de denuncias internas por presuntos comportamientos de acoso sexual atribuidos al reconocido periodista. Tras las verificaciones adelantadas por la empresa, Vargas salió de Caracol Televisión mediante la terminación de su contrato por mutuo acuerdo. Posteriormente, la información llegó a conocimiento de las autoridades judiciales y la Fiscalía decidió abrir una investigación penal, que avanzó recientemente con la imputación de cargos por el delito de acoso sexual.
Las tres comunicadoras sostienen que, una vez concluido el proceso interno en la empresa, fueron contactadas en repetidas ocasiones por la Fiscalía mediante llamadas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para que participaran formalmente en la actuación penal. Aunque reconocieron que el ente acusador tiene la obligación legal de investigar este tipo de conductas, insistieron en que su voluntad siempre fue mantenerse al margen de la actuación judicial como víctimas acreditadas.
“No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, señalaron en el documento, en el que también expresaron preocupación por lo que consideran una revictimización derivada de la exposición pública y mediática del caso. De acuerdo con su versión, su prioridad actual es preservar su intimidad, recuperar su bienestar emocional y continuar con sus proyectos de vida sin estar sometidas al escrutinio permanente que ha generado el proceso.
Las periodistas también hicieron referencia a la actuación de otras entidades estatales. En particular, recordaron que durante una inspección realizada por el Ministerio del Trabajo en las instalaciones de Caracol Televisión fueron solicitadas las denuncias internas, documentos que posteriormente terminaron siendo conocidos por la Fiscalía mediante orden judicial. A su juicio, esta situación contribuyó a la divulgación de información que debía permanecer protegida bajo criterios de confidencialidad.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la insistencia en que su decisión no implica negar la ocurrencia de los hechos denunciados. “No obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron”, afirmaron. Asimismo, subrayaron que no han solicitado el archivo de la investigación ni buscan obstaculizar el trabajo de la administración de justicia.
Desde el punto de vista jurídico, la determinación de las tres mujeres no significa el cierre del caso. Expertos recuerdan que el delito de acoso sexual puede ser investigado de oficio por la Fiscalía, lo que permite que el proceso continúe aun cuando las personas afectadas no deseen intervenir activamente en el juicio. Por esa razón, la imputación formulada contra Vargas mantiene vigencia y el expediente seguirá avanzando en las etapas procesales correspondientes.
Comunicado a la opinión pública
«En calidad de periodistas, y en contra de nuestra voluntad, nos encontramos vinculadas como presuntas víctimas dentro del proceso penal que se adelanta contra el señor Jorge Alfredo Vargas, frente al cual en las últimas horas se le imputaron cargos por el delito de acoso sexual. Por esta razón, nos dirigimos a la opinión pública para aclarar nuestra posición frente a dicho proceso.
No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar.
Desde el primer momento hemos sido claras, tanto ante Caracol Televisión S.A. como ante la propia Fiscalía General de la Nación, en que no es nuestro interés denunciar penalmente al señor Vargas. Consideramos que, tras las denuncias internas presentadas en la compañía, esta adoptó las decisiones que, a nuestro juicio, nos brindaron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición.
Una vez culminado ese proceso interno, la Fiscalía nos ha contactado e insistido, mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, para que hagamos parte de un proceso legal. Pese a nuestra negativa, conocimos que delitos como el acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo deben ser investigados de oficio por la Fiscalía General de la Nación.
Aunque respetamos que el ente investigador actúe en cumplimiento de su deber constitucional y legal, hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra intención de no constituirnos, por ahora, como víctimas procesales a través de un apoderado dentro del proceso iniciado por la Fiscalía. No obstante, dicha entidad ha insistido en nuestra participación, razón por la cual hoy nos vemos obligadas a aclarar públicamente una situación que nunca buscamos protagonizar y que, para nosotras, constituye una forma de revictimización.
Nuestra decisión ha sido conocida por las autoridades desde el inicio y responde exclusivamente a la necesidad de proteger nuestra intimidad, nuestra salud mental y nuestro proyecto de vida. No obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron. Prueba de ello es la terminación, de mutuo acuerdo, del contrato laboral del hoy imputado con Caracol Televisión.
No queremos ser objeto de estigmatización y consideramos que el manejo que la Fiscalía le ha dado a este caso nos está exponiendo a escenarios de acoso judicial y mediático. Nuestra salud mental y emocional depende de que podamos superar esta agresión sin revivir constantemente hechos que ya son de conocimiento de las autoridades.
Recordamos, además, que durante la inspección realizada por el Ministerio del Trabajo en las instalaciones de Caracol Televisión se exigió la entrega de las denuncias internas, pese a la insistencia del área de Gestión Humana de mantener la reserva de las víctimas. Posteriormente, la Fiscalía, mediante orden judicial, obtuvo copia de dichos documentos.
La Ley 906 de 2004, en su artículo 11, reconoce los derechos de las víctimas, entre ellos el derecho a recibir un trato humano y digno, así como a que se protejan su intimidad y seguridad. Invocamos esta normatividad para recordar que el ejercicio de nuestra libertad y autonomía no debe ser cuestionado por el sistema judicial ni por la sociedad.
Antes que ser mujeres o periodistas, somos seres humanos. Tenemos familia, una historia, un nombre, una trayectoria profesional y una vida que debe continuar. Hemos realizado un enorme esfuerzo para seguir adelante y reconstruir nuestros proyectos personales y profesionales.
No hemos renunciado a la verdad. No hemos negado los hechos. No hemos solicitado que la investigación se detenga y tampoco pretendemos obstaculizar el trabajo de la administración de justicia. Lo único que hemos pedido es que no se nos obligue a constituirnos como víctimas procesales, ejerciendo el derecho que tenemos a decidir cómo afrontar una situación profundamente difícil.
Pedimos que se respete nuestra decisión de no participar activamente en el proceso penal y de no ser revictimizadas. Lo hemos reiterado en numerosas ocasiones ante las autoridades competentes y hoy lo manifestamos públicamente.
Solicitamos a la Rama Judicial, a la sociedad y a los medios de comunicación respeto por nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestra voluntad»
El pronunciamiento concluye con un llamado dirigido a jueces, autoridades, medios de comunicación y ciudadanía para que se respete su identidad y su decisión. Las comunicadoras sostienen que tienen derecho a determinar cómo afrontar una situación que califican como profundamente difícil y piden que su voluntad de no constituirse como víctimas procesales no sea interpretada como una renuncia a la verdad ni como una deslegitimación de las denuncias realizadas.
Mientras tanto, el caso de Jorge Alfredo Vargas continúa bajo la órbita de la Fiscalía y de los jueces competentes. La atención pública se centra ahora en los próximos pasos de la investigación y en la forma en que la justicia resolverá uno de los procesos por presunto acoso sexual más mediáticos de los últimos años en el sector de los medios de comunicación colombianos.