Por primera vez, una alta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro será llevada ante la justicia por un escándalo de corrupción. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, por su presunta participación en el desvío de 3.000 millones de pesos de recursos destinados a emergencias gestionados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). La diligencia está programada para el próximo 29 de noviembre, y el ente acusador pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía le imputará los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en una audiencia programada para el próximo 29 de noviembre. También pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario contra la exsenadora, del partido Alianza Verde.
El entramado del soborno
El caso, que ha salpicado a varias figuras políticas, inició con el desvío de recursos públicos orquestado dentro de la UNGRD. Según documentos y testimonios recabados por la Fiscalía, Ortiz habría sido el puente entre el entonces presidente del Senado, Iván Name, y los directivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla. La evidencia señala que Ortiz entregó maletas con fajos de dinero en efectivo en la habitación 2312 del Hotel Tequendama Suites, en Bogotá, los días 12, 13 y 14 de octubre de 2023.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, reveló a las autoridades detalles minuciosos de las operaciones. Afirmó que él mismo llevó 1.500 millones de pesos en una maleta hasta la habitación de Ortiz y que, junto con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, supervisaron la entrega del dinero a Name. “Olmedo me dio instrucciones claras: ‘Este dinero es para el doctor Iván Name’. Fue entregado en dos partes, primero 1.500 millones y luego la misma cantidad al día siguiente”, relató.
El rastro del dinero
Las autoridades investigan si los fondos desviados terminaron financiando campañas políticas clave, como la de María Clara Name, hija de Iván Name y actual concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, así como la de Gabriel Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba. Documentos oficiales muestran que el apartamento al que llegaron con el dinero, en el edificio Bassel I en Bogotá, pertenece a Name.
En las audiencia contra Olmedo López y Sneyder Pinilla la fiscal del caso Andrea Muñoz mencionó la presunta participación de Ortiz en al entrega de dinero a Congresistas: «Usted, señor López, coordinó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name, a través de Sandra Liliana Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República; y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés Calle, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre«.
La defensa de Sandra Ortiz y la controversia política
Ortiz ha negado categóricamente las acusaciones y asegura que es víctima de una persecución mediática y judicial. “Hoy mi vida y la de mis hijas están en peligro por estas acusaciones. Soy inocente, lo demostraré”, afirmó en un video público. Sin embargo, para la Fiscalía el testimonio de Pinilla, las grabaciones de cámaras de seguridad y documentos notariales contrastan con su versión, por lo que impurtará a la exfuncionaria como parte de la red que desvió más de 228 mil millones de pesos.

Al respecto la exsenadora « inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento, ni el centro de servicios judiciales ni la @FiscaliaCol me ha notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad, sin coacciones. He asistido a más de 6 citaciones, la fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer».
La imputación contra Ortiz y el llamado a indagatoria de otros cinco congresistas, plantea serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.