Este sábado 31 de agosto, en la Sala de Audiencias del Complejo Judicial de Paloquemao, se reanudo la audiencia de medida de aseguramiento que definirá si Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como «El Pastuso», serán enviados a prisión o a un centro de reclusión militar. Este proceso ha capturado la atención nacional debido al presunto entramado de corrupción que se apoderó de millonarios contratos destinados al suministro de agua en La Guajira y a obras de mitigación en varios departamentos, incluyendo Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca.
La audiencia, que se lleva bajo la conducción del juez 35 de control de garantías de Bogotá, Sidulfo Hernández Toro involucra a altos funcionarios del gobierno.
La Fiscalía General de la Nación, en la audiencia anterior imputó a los acusados cinco delitos graves: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Según la fiscalía, Olmedo López y Sneyder Pinilla, en complicidad con otros altos funcionarios y el contratista Luis Eduardo López Rosero, habrían desviado recursos públicos para pagar sobornos a políticos influyentes, incluyendo a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, bajo la dirección de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
En audiencias anteriores, la Fiscalía presentó pruebas que incluyen chats de WhatsApp, testimonios y documentos que detallan cómo los acusados habrían redirigido contratos millonarios a favor de empresas y aliados políticos en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Los abogados defensores, entre ellos los hermanos Luis y Gustavo Moreno, manifestado no oponerse a la solicitud de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía y han pedido que sus clientes sean recluidos en una guarnición militar debido a amenazas contra sus vidas.
Siga aquí la audiencia y el análisis jurídico con los abogados penalistas invitados:
En este caso se ha denunciado la desaparición de 63 cajas con documentos clave de la UNGRD, lo que refuerza la solicitud de la Fiscalía para que los acusados sean enviados a prisión preventiva, argumentando el riesgo de destrucción de pruebas y la gravedad de los delitos imputados.
El abogado defensor solicitó a la Fiscalía salvaguardar los elementos probatorios como cajas de archivo, discos duros y demás elementos que se habrían perdido.
Además de la gravedad de los cargos, en este caso se han mencionado altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la exconsejera de las Regiones, Sandra Ortiz, quienes habrían estado involucrados en la red de corrupción según las declaraciones de los acusados.
«Usted señor Olmedo López dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad con destino a Congresistas. Coordinó con Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda, Maria Alejandra Benavides, asesora del ministro y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) en los cuales estaban interesados indebidamente los Senadores y Representantes integrantes de la comisión tercera de hacienda y crédito público, Julio Elías Chagüi, Wadith Alberto Manzur, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muño y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Bonilla.»: Fiscalía
