Canizales aceptó cargos, confesó haber actuado bajo órdenes de sus superiores en la SIJIN de Bogotá, donde sirvió durante dos años. Durante su intervención, expresó arrepentimiento y ofreció disculpas a las víctimas, entre ellas Meza, Perea y sus familias.
«Recibí órdenes de mis superiores; todo eso me llevó a creer que podía hacer un trabajo honesto y correcto para la comunidad», afirmó, justificando sus acciones con la confianza depositada en quienes la dirigían. «Cometí un error«, añadió, pidiendo disculpas no solo a las víctimas, sino también a los fiscales involucrados, Marbel Morales y Óscar Zapata a quienes les habría entregado los documentos.
En su relato, Canizales reconoció el impacto que su participación en estas actividades ilegales tuvo en su vida personal, mencionando el dolor que causó a su familia al perder su libertad y enfrentarse a una posible condena. Su intervención ante la jueza fue parte de un preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, que incluyó la admisión de su responsabilidad por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y falsedad material en documento privado.
“Como humanos cometemos errores y no somos perfectos y pues en mi caso no fue la excepción, por creer y confiar, recibí órdenes de mis superiores; todo eso me llevó a creer que podía hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad; sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, la señora Marelbys Meza, Luz Robles, Fabiola Perea, al señor Johnson Pineda, a los fiscales, la doctora Marbel Morales y al doctor Óscar Zapata y a sus familias, por fallar a la comunidad en general”, Por esa situación estoy totalmente arrepentida”
“Al perder mi libertad causé mucho daño a mi familia y pasé por situaciones muy difíciles, por eso ruego a ustedes de todo corazón que me disculpen por mi error cometido (…), por el daño y dificultades causadas a ustedes como víctimas y a sus familias, el cual nunca quise ocasionar”,
La Fiscalía degradó su rol de coautora a cómplice como parte del acuerdo, y se prevé que el 25 de septiembre se conocerá la sentencia final. Además, Canizales firmó un principio de oportunidad por el delito de violación de datos personales, lo que le otorga un beneficio adicional en el proceso.
Las interceptaciones ilegales no solo vulneraron los derechos de Meza y Perea, sino que terminaron con la carrera de la patrullera.