Emilio José Tapia Aldana, conocido por su participación en grandes escándalos de corrupción en Colombia, fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Tapia aceptó su responsabilidad en irregularidades relacionadas con el contrato del caso ‘Centros Poblados’, que buscaba llevar internet a escuelas rurales, y en dos procesos contractuales de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino.
Tapia admitió los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Como parte del acuerdo, ofreció disculpas públicas, se comprometió a colaborar con la justicia y a devolver los 5.063 millones de pesos apropiados de manera ilegal. Hasta ahora, ha restituido la mitad del monto con ocho títulos judiciales, y el saldo será cubierto con pagarés respaldados por un inmueble en Medellín.
El caso ‘Centros Poblados’ comenzó en octubre de 2020, cuando Tapia y otros involucrados formaron una unión temporal para participar en una licitación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por un billón de pesos. Con documentos falsificados, lograron la adjudicación del contrato 1043 de 2020. Posteriormente, presentaron pólizas bancarias falsas para recibir un anticipo millonario. De este, Tapia destinó 5.063 millones de pesos para compras personales, obras de arte y pagos legales.
En 2021, Tapia lideró un consorcio que obtuvo contratos con Emcali por más de 6.000 millones de pesos. Estos proyectos, relacionados con la PTAR de Puerto Mallarino, se aseguraron mediante la falsificación de pólizas que garantizarían créditos. La maniobra engañó a los funcionarios de Emcali, quienes aprobaron los contratos sin detectar las irregularidades.
Tras su condena, Tapia Aldana seguirá privado de la libertad en un centro carcelario de Barranquilla, donde permanece desde el inicio de las investigaciones.
