El hermano del exalcalde Daniel Quintero deberá permanecer privado de la libertad en su domicilio mientras avanza el proceso por los contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los Bomberos de Itagüí. La Fiscalía sostiene que habría intervenido, sin ser funcionario de la entidad, en un esquema que movió contratos por $17.656 millones y del cual presuntamente fueron desviados $2.481 millones. La decisión fue apelada.
MEDELLÍN. Un juez de control de garantías ordenó este viernes 2 de octubre de 2026 la detención preventiva domiciliaria de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro del proceso penal por las presuntas irregularidades en millonarios contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La determinación fue adoptada por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con función de control de garantías, después de varias semanas de audiencias en las que la Fiscalía, los representantes de la entidad considerada víctima, el Ministerio Público y las defensas expusieron sus argumentos.
Quintero está imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La medida no constituye una condena. Se trata de una detención preventiva mientras continúa el proceso y Miguel Quintero mantiene su presunción de inocencia.
Fiscalía había pedido restringir su libertad
Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que era necesario imponer una medida privativa de la libertad debido, entre otros argumentos, al riesgo de obstrucción de la justicia y de no comparecencia al proceso.
La posición fue respaldada por la representación judicial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima, y por la Procuraduría.
El juez acogió la necesidad de restringir la libertad de Miguel Quintero, pero determinó que la medida podía cumplirse en su domicilio.
El despacho también estableció restricciones adicionales: Quintero deberá abstenerse de contratar con entidades públicas y no podrá relacionarse con testigos clave del expediente.
La Fiscalía había presentado decenas de elementos durante las diligencias, entre testimonios, contratos, comunicaciones y otros documentos con