El hermano del exalcalde Daniel Quintero deberá permanecer privado de la libertad en su domicilio mientras avanza el proceso por los contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los Bomberos de Itagüí. La Fiscalía sostiene que habría intervenido, sin ser funcionario de la entidad, en un esquema que movió contratos por $17.656 millones y del cual presuntamente fueron desviados $2.481 millones. La decisión fue apelada.
MEDELLÍN. Un juez de control de garantías ordenó este viernes 2 de octubre de 2026 la detención preventiva domiciliaria de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro del proceso penal por las presuntas irregularidades en millonarios contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La determinación fue adoptada por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con función de control de garantías, después de varias semanas de audiencias en las que la Fiscalía, los representantes de la entidad considerada víctima, el Ministerio Público y las defensas expusieron sus argumentos.
Quintero está imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La medida no constituye una condena. Se trata de una detención preventiva mientras continúa el proceso y Miguel Quintero mantiene su presunción de inocencia.
Fiscalía había pedido restringir su libertad
Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que era necesario imponer una medida privativa de la libertad debido, entre otros argumentos, al riesgo de obstrucción de la justicia y de no comparecencia al proceso.
La posición fue respaldada por la representación judicial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima, y por la Procuraduría.
El juez acogió la necesidad de restringir la libertad de Miguel Quintero, pero determinó que la medida podía cumplirse en su domicilio.
El despacho también estableció restricciones adicionales: Quintero deberá abstenerse de contratar con entidades públicas y no podrá relacionarse con testigos clave del expediente.
La Fiscalía había presentado decenas de elementos durante las diligencias, entre testimonios, contratos, comunicaciones y otros documentos con los que sustenta su teoría del caso.
¿Qué dijo el juez?
Uno de los asuntos que tuvo que resolver el juez fue la petición de la defensa de Miguel Quintero para que fueran descartados varios elementos presentados por la Fiscalía.
El despacho rechazó esa pretensión al considerar que la defensa no individualizó suficientemente cuáles elementos debían excluirse ni explicó con claridad las razones concretas para hacerlo.
Tras analizar los argumentos de las partes, el juez consideró procedente imponer una medida privativa de la libertad a Miguel Quintero, aunque bajo la modalidad domiciliaria.
Distinta fue la situación de Sebastián Ortega Urán, otro de los procesados: el juez permitió que continuara enfrentando el proceso en libertad, aunque también le impuso restricciones relacionadas con la contratación pública y el contacto con testigos.
La Fiscalía, la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana apelaron la decisión. La diligencia continuará el lunes 5 de octubre, cuando serán sustentados los recursos.
$17.656 millones en contratos bajo la lupa
El expediente se concentra en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Según la teoría presentada por la Fiscalía, los negocios investigados alcanzaron aproximadamente $17.656 millones y estuvieron relacionados, entre otros objetos, con elementos de protección y bioseguridad durante la emergencia por covid-19, capacitaciones y otros servicios.
La Fiscalía sostiene que el esquema habría permitido la apropiación irregular de aproximadamente $2.481 millones.
A Miguel Quintero específicamente le atribuye una presunta apropiación de alrededor de $1.387 millones. Estas cifras hacen parte de la tesis del ente acusador y deberán probarse durante el proceso.
La acusación: Miguel Quintero habría dado órdenes sin ser funcionario del AMVA
Uno de los elementos más sensibles de la investigación es precisamente que Miguel Quintero no era funcionario del Área Metropolitana y no firmó ni aprobó los contratos investigados.
Pese a ello, la Fiscalía sostiene que habría tenido capacidad para influir en decisiones internas de la entidad.
Según la teoría del ente acusador, el hermano del entonces alcalde habría liderado un esquema para utilizar la estructura administrativa del AMVA con el propósito de favorecer al Cuerpo de Bomberos de Itagüí en la adjudicación de proyectos.
La Fiscalía afirma que Quintero habría dado instrucciones para que otros funcionarios adelantaran las actuaciones contractuales y que detrás de ese direccionamiento existía un supuesto “acuerdo de favorecimiento”.
La supuesta comisión: primero 20 % y después 15 %
La Fiscalía también reconstruyó la forma en que presuntamente se distribuía el dinero.
De acuerdo con la imputación, inicialmente se habría pactado una comisión equivalente al 20 % del valor de los contratos.
Posteriormente, en junio de 2020, Miguel Quintero supuestamente se reunió con Misael Alberto Cadavid, entonces relacionado con los Bomberos de Itagüí, y con Álvaro Alonso Villada García, funcionario del Área Metropolitana.
Según la Fiscalía, en esa reunión se habría renegociado el porcentaje porque el 20 % resultaba demasiado elevado para el contratista.
La presunta comisión habría quedado entonces en 15 %.
La Fiscalía sostiene que los recursos salían del Área Metropolitana hacia los Bomberos y que posteriormente se utilizaban cheques girados a personas de confianza para retirar parte del dinero.
Los chats y “Mr. M”
Otro elemento incorporado al expediente son conversaciones de WhatsApp.
Según la Fiscalía, existió un grupo creado en 2020 denominado inicialmente “Alternativos”, cuyo nombre habría cambiado posteriormente a “Amigos”.
En esas conversaciones, según la teoría del ente investigador, Miguel Quintero habría sido identificado mediante expresiones como “Mr. M” o “nuestro jefe”.
Para la Fiscalía, esos mensajes forman parte de los elementos que permitirían reconstruir quién impartía instrucciones dentro del supuesto entramado.
La defensa ha controvertido la interpretación de estos elementos y ha cuestionado la suficiencia de las pruebas presentadas.
El testigo que comenzó a revelar el funcionamiento del esquema
Uno de los personajes centrales del expediente es Misael Alberto Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Cadavid fue inicialmente investigado dentro del mismo entramado y posteriormente comenzó a colaborar con la Fiscalía.
Sus declaraciones se convirtieron en una pieza relevante para que los investigadores reconstruyeran las relaciones entre los contratistas, funcionarios del Área Metropolitana y las personas que supuestamente ejercían influencia desde fuera de la entidad.
Durante la discusión de la medida de aseguramiento, el representante del Área Metropolitana sostuvo que algunos testigos, entre ellos Cadavid, habrían enfrentado presiones o campañas de desprestigio. Ese argumento fue utilizado para sustentar la necesidad de proteger el proceso judicial.
Ya existe una primera condena
El expediente ya produjo una condena.
En julio de 2026, Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, fue condenado a 19 meses de prisión después de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.
Cardona admitió haber elaborado y utilizado al menos 15 documentos falsos, entre cuentas de cobro y soportes destinados, según la investigación, a justificar desembolsos de recursos públicos por bienes o servicios que presuntamente no habían sido suministrados.
El fallo fue emitido por el Juzgado 28 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín.
¿Qué tiene que ver la Alcaldía de Daniel Quintero?
Los contratos investigados no fueron firmados directamente por la Alcaldía de Medellín sino por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad administrativa que agrupa a los municipios metropolitanos.
Sin embargo, el contexto político resulta relevante porque los hechos investigados ocurrieron durante la administración de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín, entre 2020 y 2023.
En ese periodo, el Área Metropolitana estuvo dirigida por Juan David Palacio Cardona, quien había sido postulado para ese cargo por Daniel Quintero.
La Fiscalía investiga precisamente si personas que no tenían una vinculación formal con el AMVA pudieron ejercer influencia sobre funcionarios y decisiones contractuales.
En ese escenario aparece Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde.
El ente investigador sostiene que, aunque no ocupaba un cargo dentro del Área Metropolitana, habría intervenido en decisiones relacionadas con contratación y habría dado instrucciones a funcionarios. Esa es una de las hipótesis centrales que deberá demostrar la Fiscalía ante un juez de conocimiento.
Los hermanos Quintero
Miguel Andrés Quintero Calle es hermano de Daniel Quintero Calle, quien ejerció como alcalde de Medellín desde enero de 2020 hasta su renuncia en 2023.
Miguel Quintero también ha participado en política y fue concejal de Medellín. Su nombre comenzó a aparecer reiteradamente en investigaciones sobre el funcionamiento de entidades durante la administración de su hermano.
En este expediente, sin embargo, la persona imputada es Miguel Quintero.
La existencia del vínculo familiar con el exalcalde no implica por sí misma responsabilidad de Daniel Quintero en los delitos atribuidos a su hermano. Las responsabilidades penales son individuales y deben establecerse a partir de las pruebas de cada proceso.
Otros tres imputados
Además de Miguel Quintero, la Fiscalía vinculó formalmente a otras personas.
Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Vanessa Álvarez Restrepo, quien estuvo vinculada al AMVA y posteriormente fue secretaria de Medio Ambiente de Medellín, fue imputada por interés indebido en la celebración de contratos.
Sebastián Ortega Urán, hijo del excongresista William Ortega, fue imputado por peculado por apropiación.
La Fiscalía sostiene que Ortega habría entrado posteriormente al esquema como supuesto enlace entre personas vinculadas con los Bomberos, exfuncionarios del Área Metropolitana y Miguel Quintero.
Miguel Quintero no aceptó los cargos
Durante la audiencia de imputación, Miguel Quintero manifestó que no aceptaba los cargos formulados por la Fiscalía.
Por tanto, el proceso deberá continuar y será el ente acusador el que tendrá que demostrar ante los jueces, con evidencia legalmente incorporada, que efectivamente existió el esquema descrito y que Quintero tuvo la participación que se le atribuye.
La casa por cárcel ordenada este viernes no significa que haya sido declarado culpable.
Es una medida cautelar destinada a asegurar determinados fines del proceso mientras avanza la actuación penal.
Una decisión que todavía puede cambiar
La batalla jurídica tampoco terminó con la determinación del Juzgado 27.
La Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana apelaron la decisión. El recurso deberá ser resuelto por un juez de segunda instancia después de escuchar la sustentación correspondiente.
Esto significa que la situación jurídica de Miguel Quintero todavía puede ser modificada.
Por ahora, la decisión vigente establece que deberá afrontar privado de la libertad en su residencia el proceso por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro de uno de los expedientes judiciales más importantes relacionados con la contratación pública durante la administración de su hermano Daniel Quintero en Medellín.
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