Tribunal de Bogotá negó otra vez medida de aseguramiento contra Carlos Caicedo, Gobernador de Magdalena

Gobernador Carlos Caicedo
Gobernador Carlos Caicedo

El Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá negó la medida de aseguramiento contra Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena por el caso relacionado con presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo del sector de Gaira cuando ejercía como alcalde de Santa Marta.

El Magistrado al leer la decisión dijo que «no hay razón para concluir que la medida de aseguramiento o privacion de la libertad solicitada sea procedente«. «De suerte que con estas consideraciones, el Magistrado que les habla resuelve primero, negar la medida de aseguramiento y la privación de la libertad solicitada en contra del señór Carlos Eduardo Caicedo Omar actualmente gobernador del Magdalena», subrayó. Cabe recordar que es la segunda solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía que no se decreta en contra del mandatario regional. 

Vea aquí la Audiencia en la que niegan medida de aseguramiento contra el Carlos Caicedo, Gobernador de Magdalena:

 

En la diligencia el delegado de la Fiscalía interpuso el recurso de reposición, reiterando que Caicedo era un peligro para la comunidad y que seguía lesionando los recursos públicos, lo cual también fue rechazado por el juez. «Se trata de una argumentación que no cumple con el requisito de razón suficiente y es la Ley la que dice que eso, no es un criterio suficiente», ratificó el juez.  Sin embargo, insistió en que «lo que queremos decir es que la argumentación en la que se sustentó la medida solicitada no cumple  en nuestro criterio y se trata de una argumentación inválida».

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El mandatario manifestó que lleva más de 20 años de investigaciones y persecución política pero nunca ha sido condenado por la justicia porque ha actuado con honestidad y cumplimiento de los procesos de contratación, además que ha entregado todas las obras públicas.

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Durante la diligencia el representante del Ministerio Público hizo énfasis que a pesar de que hay pruebas que podrían afectar la contratación y pudo haber delitos contra la administración pública en materia de transparencia y en la selección objetiva y la utlización de los anticipos, no considera necesario el aseguramiento del funcionario.