Procuraduría fijó para el 15 de febrero inicio del juicio disciplinario contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.
- La Entidad señaló que las dos faltas por las que se investiga al ministro fueron calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación fijó para el próximo 15 de febrero de 2024 el inicio del juicio verbal contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación de pasaportes, el cual tendrá lugar en la sede de la Entidad.
El Ministerio Público ratificó que ese día el canciller tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.
«Desacato del Canciller y del Presidente de la República , a decisión de la Procuraduría atenta contra el Estado de Derecho«: Viceprocurador General
En el mismo sentido resaltó que las causas por las que se adelanta el proceso, por el que se profirieron cargos el pasado 24 de enero, tiene que ver con haber declarado desierta la licitación 001 de 2023, y decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que al parecer hubiera causales para adoptar esas determinaciones.
Finalmente, el organismo de control señaló que la consulta formulada sobre la suspensión provisional por tres meses a Leyva Durán debe ser resuelta por el despacho de la Procuradora General de la Nación, trámite este totalmente independiente del juicio verbal que adelantará la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
Para el Viceprocurador General de la Nación , Silvano Gómez Strauch, habría «desacato del Presidente de la República, Gustavo Petro, y del Canciller, Álvaro Leyva Durán, a la decisión adoptada por el órgano de control en una investigación disciplinaria atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley, además de sentar un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional«.
“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, expresó .
Agregó que «si esas mismas autoridades elegidas democráticamente desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico«.
“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, puntualizó.
