Audiencia Nicolás Petro. Juez solicitó que compareciera personalmente a la audiencia

Este lunes, el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, retoma la atención del país con una nueva jornada de la audiencia preparatoria. Ante el Juzgado Especializado de Barranquilla, presidido por el juez Hugo Junior Carbonó, quien solicitó al exdiputado comparecer personalmente para enfrentar las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En la última diligencia de diciembre, Petro Burgos participó de manera virtual, luego de afirmar que su familia y él habían recibido amenazas.

Su nuevo abogado, Alejandro Carranza, será clave en esta fase, donde la Fiscalía y la defensa presentan y sustentan las pruebas que se admitirán en el juicio.

En esta primera audiencia del 2025 la fiscalía iniciará con las solicitudes probatorias. Las pruebas que harán valer e introducir al juicio. Luego la defensa tomará la palabra para realizarlas. Después viene la última etapa que son las estipulaciones y finalmente el juez nuevamente le preguntará al procesado si acéptalos cargos o no.

Pruebas bajo la lupa

La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, de la Dirección de Lavado de Activos, lidera la estrategia del ente acusador. Durante tres días, en diciembre enumeró las pruebas que respaldan la acusación, incluyendo interceptaciones telefónicas, análisis financieros y testimonios de personajes clave. Entre estos testigos se encuentran figuras públicas como el exembajador Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf, quienes podrían aportar detalles sobre los presuntos movimientos de dinero ilícito.

Un punto central en la investigación es el análisis financiero de Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez. Según la Fiscalía, el estudio busca determinar si hubo un incremento patrimonial desproporcionado entre 2018 y 2022, período en el que ambos declararon ingresos salariales y honorarios que podrían no justificar su estilo de vida.

El rastro de las criptomonedas

Otro de los elementos del caso es el supuesto uso de criptomonedas para ocultar movimientos financieros. La Fiscalía sostiene que interceptaciones telefónicas sugieren que Nicolás Petro habría recurrido a este mecanismo, además de utilizar empresas para transferir divisas entre ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Estos movimientos apuntan a una presunta estrategia de lavado de activos.

Informes financieros de la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Los celulares: cajas de Pandora

Los dispositivos electrónicos de Day Vásquez y Nicolás Petro han sido una mina de información para los investigadores. Mensajes, registros de llamadas y documentos de los teléfonos han brindado información de presuntas transacciones y contactos que involucran a empresarios y políticos.

Entre los vínculos más controvertidos están los presuntos nexos financieros con Gabriel Hilsaca, hijo del empresario conocido como «El Turco Hilsaca». Además, las declaraciones su ex esposa, Day Vásquez apuntan a que presuntamente Nicolás Petro habría recibido más de 1.050 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, alias «El Hombre Marlboro», en el contexto de acuerdos políticos y económicos aún no esclarecidos.

Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, ha sido llamada por la Fiscalía. Facturas, contratos y documentos relacionados con el arriendo del penthouse en Barranquilla donde residía la pareja forman parte del expediente.

La Fiscalía solicitó a la Embajada de Estados Unidos un informe relacionado con la extradición de Lopesierra.

Por su parte, la defensa de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, deberá confrontar las pruebas presentadas por la Fiscalía como algunos testimonios y la interpretación de los análisis financieros. En esta audiencia, tendrá la oportunidad de introducir sus propias pruebas y testigos para construir una narrativa alternativa.

El avance del juicio dependerá de las estipulaciones probatorias, una etapa crucial donde se definirá qué evidencia será admitida en el juicio.

El juez Hugo Junior Carbonó tiene la tarea de garantizar que este proceso se desarrolle con total transparencia y equilibrio jurídico, mientras el país observa atentamente cada paso en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.