La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dejó al descubierto una serie de testimonios, chats y declaraciones que, según la Fiscalía General de la Nación, lo ubicarían como una pieza clave en un supuesto entramado de corrupción que operó al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
El proceso judicial gira alrededor de seis contratos que habrían sido direccionados de manera irregular hacia el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, por un valor cercano a 17.656 millones de pesos, y en los cuales, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían desviado recursos mediante el cobro de comisiones ilegales.
Miguel Quintero, exconcejal de Medellín y hermano del exmandatario de la capital antioqueña, fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, cargos que no aceptó.
Ante el juez del caso, Quintero respondió: «No, su señoría, soy inocente».
Fiscalía pidió cárcel para Miguel Quintero.
Los tres testigos que sustentan la acusación
La Fiscalía basó gran parte de su solicitud de medida de aseguramiento en las declaraciones de tres personas que decidieron colaborar con la justicia: Misael Alberto Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí; Laura María Mejía, exjefa de la Unidad Logística del AMVA; y Juan Alberto Cardona, extesorero de los bomberos.
Los tres coinciden en señalar a Miguel Quintero como una figura determinante dentro de la estructura que, presuntamente, controlaba decisiones de contratación en la entidad metropolitana.
Laura María Mejía fue la primera en mencionar el nombre de Quintero ante la Fiscalía tras firmar un principio de oportunidad. Más adelante, Cadavid y Cardona también decidieron colaborar con la justicia y entregar información sobre lo ocurrido durante la administración del Área Metropolitana.
El supuesto «comité paralelo» de contratación
Uno de los capítulos más delicados expuestos por el ente acusador tiene relación con la manera en que se habrían definido cargos y nombramientos dentro del Área Metropolitana.
Según el testimonio de Laura Mejía, en una reunión realizada en un restaurante del sector de Las Palmas participaron Miguel Quintero y Álvaro Alonso Villada, quien posteriormente ocupó la Subdirección Administrativa y Financiera del AMVA.
De acuerdo con la exfuncionaria, ambos le ofrecieron un cargo dentro de la entidad y fue el propio Miguel Quintero quien terminó autorizando su vinculación contractual.
La testigo aseguró además que Quintero tuvo incidencia en la contratación de varios funcionarios estratégicos dentro de la entidad, situación que para la Fiscalía evidenciaría un nivel de influencia superior al que formalmente ostentaba.
La comisión del 15%
Sin embargo, la declaración más comprometedora fue la entregada por Misael Cadavid.
El excomandante de Bomberos relató que conoció a Miguel Quintero desde 2016 y que posteriormente este lo habría involucrado en la contratación con el Área Metropolitana.
Según su testimonio, durante varias reuniones celebradas en centros comerciales, oficinas y apartamentos en Medellín, se acordó que el Cuerpo de Bomberos de Itagüí ejecutaría contratos adjudicados por el AMVA.
Cadavid señaló que, inicialmente, se planteó entregar un 20% del valor de los contratos como contraprestación por el direccionamiento de los mismos, aunque finalmente la comisión habría quedado establecida en un 15%.
Ante la Fiscalía declaró:
«El señor Miguel Quintero era la persona que direccionaba la contratación del AMVA y él me indicó que estaba el contrato referente al manejo de bomberos y que hablara con Álvaro Villada; ya con él fue que se acordó el 15 por ciento de dineros como coima para estos contratos. Siempre fue Miguel Quintero el que coordinó todo lo referente a este tema».
La Fiscalía sostiene que ese mismo mecanismo se habría repetido en los seis contratos actualmente investigados.
Cómo habría operado el esquema
Durante la audiencia se presentó una reconstrucción del recorrido que seguían los recursos públicos.
Según la investigación, el AMVA realizaba los desembolsos a las cuentas del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Posteriormente, parte del dinero era retirada mediante cheques girados a terceros.
Uno de los nombres que aparece de manera recurrente es el de Germán Osorio, conductor de Misael Cadavid.
La Fiscalía reveló que a su nombre fueron expedidos 48 cheques que suman cerca de 945 millones de pesos.
De acuerdo con el testimonio de Juan Alberto Cardona, una vez los cheques eran cobrados, el efectivo regresaba a manos de los responsables del esquema.
Cardona relató:
«Cuando llegaba un pago a la cuenta de bomberos proveniente de los contratos del Área, el doctor Misael me decía que debía sacar la comisión para la gente del Área o para Álvaro Villada».
Asimismo explicó que el dinero era retirado en efectivo y posteriormente entregado por Cadavid.
Entregas en hoteles, centros comerciales y parqueaderos
Misael Cadavid entregó detalles sobre los lugares donde presuntamente se realizaban los pagos.
Según declaró, hubo encuentros para la entrega de dinero en el Éxito de San Juan, en el Mall El Indio, en instalaciones de los Bomberos de Itagüí y en la terraza del Hotel Novo.
La Fiscalía sostiene que, inicialmente, las sumas eran entregadas a Álvaro Villada.
Sin embargo, a partir de 2022 habría aparecido un nuevo intermediario: Sebastián Ortega, hijo del dirigente político William Ortega.
Cadavid declaró que por instrucciones de Miguel Quintero comenzó a entregar los recursos directamente a Ortega.
Chats que demostrarían poder de decisión
Otro de los elementos expuestos durante la audiencia corresponde a conversaciones de WhatsApp incautadas por los investigadores.
En una de ellas, fechada el 21 de febrero de 2020, Álvaro Villada consulta a Miguel Quintero acerca de la vinculación de una profesional a la entidad.
«Mr. M, esta doctora que la tenían engavetada, ¿la pongo a jugar o stop?», escribió Villada.
La respuesta de Quintero llevó al funcionario a detener el proceso de contratación, situación que para la Fiscalía demostraría el nivel de influencia que ejercía sobre decisiones administrativas del Área Metropolitana.
En otro intercambio de mensajes, Quintero habría manifestado preocupación porque no existía una persona de confianza en la dependencia ambiental del AMVA, advirtiendo que sin ese control «la cosa se para toda».
La audiencia continuará
La diligencia judicial fue suspendida y continuará el próximo 21 de septiembre, fecha en la que intervendrán la defensa de Miguel Quintero y los representantes de las víctimas.
Mientras tanto, el juez deberá decidir si el hermano del exalcalde Daniel Quintero continúa enfrentando el proceso en libertad o si es enviado a un centro carcelario mediante una medida de aseguramiento.
Entretanto, la Fiscalía aseguró que algunos de los testigos que han colaborado con la investigación habrían reportado presiones y amenazas, situación que también será objeto de verificación dentro del expediente.
El caso se perfila como uno de los procesos de corrupción más sensibles surgidos tras la administración de Daniel Quintero en Medellín, debido al alto monto de los contratos investigados y a las presuntas conexiones entre funcionarios públicos, contratistas y operadores políticos que ahora están bajo la lupa de la justicia.
