A díez años fue sancionado el excanciller Álvaro Leyva Durán por la Procuraduría General de la Nación. El fallo disciplinario, leído en audiencia pública, concluyó que Leyva incurrió en dos faltas graves durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores, relacionadas con el polémico contrato de pasaportes de 2023.
- El Ente de control comprobó que el excanciller violó los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes.
- La sanción puede ser apelada ante el despacho de la Procuradora General de la Nación.
La falta señalada fue declarar desierta la licitación 001 de 2023, por un valor superior a 600.000 millones de pesos, sin fundamentos jurídicos, técnicos ni fácticos que justificaran la decisión. Este acto habría contravenido los principios de selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993.
La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por las irregularidades en la licitación de pasaportes.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal.
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Para la Procuraduría General en caso de la licitación de pasaportes, el excanciller Leyva tenía que haber adjudicado el contrato a Thomas Greg.
Vea la audiencia y el análisis de la decisión de la Procuraduría General contra el Excanciller Álvaro Leyva
El proceso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva firmó la Resolución 7485 que declaró desierta la licitación de pasaportes. Según el Gobierno de la época, los pliegos habrían estado diseñados para favorecer a Thomas Greg & Sons, la empresa encargada de expedir los pasaportes en Colombia durante 17 años.
No obstante, para la Procuraduría, esta declaración de desierta fue una decisión arbitraria. «En el acto administrativo no se concretaron las razones que impedían la selección objetiva de la propuesta presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023», señaló el procurador ponente Ernesto Espinosa durante la lectura del fallo.
Además, la decisión de Leyva generó consecuencias jurídicas y económicas para el Estado. Thomas Greg & Sons interpuso una demanda por 117.000 millones de pesos por daños y perjuicios, lo que desencadenó una serie de litigios aún sin resolución.
Una medida excepcional sin sustento legal
La Procuraduría también cuestionó la urgencia manifiesta decretada por Leyva para adjudicar el contrato sin licitación. Según las pruebas recabadas, esta figura extraordinaria no se justificaba, ya que no existían circunstancias imprevistas que comprometieran la seguridad o el funcionamiento del servicio público.
«La declaratoria de urgencia manifiesta fue adoptada de manera unilateral, ignorando las recomendaciones técnicas de los equipos encargados del proceso contractual», añadió Espinosa.
Aunque Álvaro Leyva defendió en su momento que sus decisiones buscaban salvaguardar los intereses del Estado, no asistió a la audiencia de lectura del fallo y se ha mantenido en silencio frente a las sanciones impuestas.
La Procuraduría destacó que el comportamiento del excanciller reflejó un patrón de acciones que transgredieron los principios de la contratación pública. La suspensión provisional de Leyva en febrero pasado, considerada una medida preventiva, marcó el inicio de un proceso que concluye con su sanción disciplinaria de díez años.
