En una extensa carta el Excanciller Álvaro Leyva respondió a la decisión de la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por las irregularidades en la licitación de pasaportes.
Este es el comunicado de Álvaro Leyva:
«Hoy la Procuraduría General de la Nación ha pretendido imponer los “pliegos sastre” en Colombia.
He sido citado el día de hoy por la Procuraduría General de la Nación para conocer la decisión de primera instancia en el proceso que este órgano de control ha adelantado por haber declarado desierta la licitación LP 001 de 2023, conocida como la “licitación de pasaportes”.
Sobre el particular, me permito informar a la opinión pública y al país lo siguiente:
1. La decisión que el día de hoy ha tomado la Procuraduría General de la Nación es el epílogo de un juicio disciplinario plagado de irregularidades. Era ingenuo pensar que el resultado iba a ser diferente a pesar de lo que se probó con contundencia en el proceso.
2. Desde finales del año 2023, ya la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, actuando ligeramente, incurrió en prejuzgamiento al anunciar públicamente que “antes de finalizar enero tendremos resultados”, siendo ella la superior y nominadora de quienes hoy me sancionan, y la competente para decidir en segunda instancia. Violó con ello el derecho irreductible al debido proceso, garantía imperativa, perentoria, terminante e inderogable.
Obviamente, la citada funcionaria será objeto de recusación.
Vea la audiencia y el análisis de la decisión de la Procuraduría General contra el Excanciller Álvaro Leyva:
3. Para ahondar en los garrafales errores en los que se ha incurrido, la Procuraduría desconoció su competencia al pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos cuya legalidad se presume, y que solo los jueces contenciosos pueden desvirtuar.
4. Además, la Procuraduría adelantó un juicio que se suponía verbal y en audiencias donde el país nunca conoció a los integrantes de la Sala de Juzgamiento, ni siquiera conectados de manera virtual. No olvidemos que desde hace más de dos décadas la justicia sin rostro quedó proscrita por ser atentatoria de los Derechos Humanos. Así lo ha determinado tanto la Organización de Naciones Unidas como la Corte Constitucional de Colombia. Se quebrantó de esta manera la legalidad, el debido proceso y el principio de inmediación probatoria.
Este juicio es nulo de pleno derecho.
5. La Procuraduría ha tomado una decisión mezquina y ruinosa para los intereses públicos avalando que los llamados «pliegos sastre» pervivan en la contratación pública. Este proceder, tan alejado de la rectitud que se espera de nuestras instituciones, ha sido especialmente notorio en el caso de la contratación de pasaportes, sentando un precedente peligroso para el ejercicio de la función pública y el futuro de la contratación estatal.
6. El pliego de condiciones había sido diseñado para favorecer a una única empresa. Se mantuvo una apariencia de libre concurrencia cuando en realidad el ganador estaba predeterminado. Se confeccionó un pliego que no dejaba margen a la competencia, favoreciendo a una empresa que ha sido contratista durante más de tres décadas. En las últimas licitaciones solo un único proponente estaba habilitado para alcanzar mil puntos de mil posibles, sinónimo de perfección absoluta o rampante corrupción.
7. Las señales de alarma fueron claras y numerosas: 192 observaciones al prepliego, 104 observaciones al pliego de
condiciones, 1 denuncia penal, 1 acción popular, numerosas recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y múltiples advertencias de la propia Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
8. En tal contexto, al retomar la dirección del proceso contractual, la declaratoria de desierta de la licitación pública de pasaportes se fundó en el respeto de la Constitución, la ley y los principios de la contratación estatal. Fui Constituyente; mi Comisión, la de Derechos.
Constituyente que definió a Colombia en la Carta Fundamental de 1991 como un Estado Social y Democrático de Derecho. No iba yo a ser inferior entonces, ni inferior hoy, a esa oportunidad histórica que el pueblo soberano me brindó, desconociendo derechos fundamentales.
9. En el juicio disciplinario quedó probado, más allá de toda duda, el direccionamiento del proceso licitatorio. De ello dieron cuenta los soportes documentales, numerosos testimonios e incluso la Fiscalía General de la Nación cuando de manera desprevenida y objetiva concluyó que las exigencias de los pliegos solo podía cumplirlas un proveedor. Así fue demostrado en forma contundente por los abogados que me asistieron como defensores de confianza.
10. Sin embargo, todas esas pruebas fueron desconocidas groseramente en el fallo que hoy se notifica y que obviamente será
apelado y de ser necesario demandado o denunciado ante los jueces de la República, estos sí autónomos e independientes.
11. En este desolador panorama resulta inaplazable una revisión al ejercicio de la potestad disciplinaria. Es imprescindible que la Procuraduría retome su verdadero rol como guardiana de la moral pública, libre de interferencias políticas, y actúe en beneficio de una Colombia más justa y transparente.
Por lo pronto ha quedado claro que con la decisón tomada hoy por la Procuraduría, la señora saliente de la cabeza del Ministerio Público le ha hecho la venia a quienes considera deben ser intocables. Y bien ha quedado claro de igual manera que lo actuado goza del vicio de nulidad.
Manifiesto que a quién ha redactado este comunicado nada lo amilana.
En las últimas semanas he guardado prudente silencio que llega hoy a su fin. Retono a las iniciativas de paz que han enriquecido mi vida; a la búsqueda de una segunda oportunidad para todo el pueblo de Colombia; a mis mensajes regularmete dirigidos a nuestras ciudadanas y ciudadanos; a la exigencia porque se cumpla la declaración unilateral de Estado que recae sobre los Acuerdos de Paz de la Habana recogidos en documeto oficial del Consejo de Seguridad S/2017/272.
Propugnaré por que se cumpla el mandato prevalente en el orden interno de “concertar un gran ACUERDO POLITICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia político y social”.
Por último, quiero agradecer a mis abogados, doctores Yefferson Mauricio Dueñas y Mauricio Cristancho Ariza, quienes no hubieran asumido mi defensa si no estuvieran convencidos de mi recto proceder».