La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, formalizó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presunta extorsión, luego de asegurar públicamente que fue víctima de presiones económicas y amenazas por parte de una persona de su círculo de confianza. La funcionaria afirmó que alcanzó a pagar 20 millones de pesos, pero que las exigencias continuaron, lo que la llevó a hacer público el caso y posteriormente acudir a la justicia.
La denuncia fue presentada en la tarde del miércoles 22 de abril de 2026, un día después de que Rodríguez expusiera el caso en medios de comunicación. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y actual gerente del Fondo Adaptación sostuvo que la extorsión habría sido ejercida por una persona cercana, a quien incluso llevó desde su anterior equipo de trabajo al Fondo Adaptación.
De acuerdo con la versión entregada por la funcionaria, el presunto responsable le exigió dinero a cambio de no divulgar información sensible y, en medio de ese contexto, ella decidió entregar $20 millones. Sin embargo, Rodríguez aseguró que los requerimientos no cesaron y que, por el contrario, la presión continuó, motivo por el cual optó por denunciar penalmente los hechos. La misma funcionaria ha dicho que no se trataría solo de un caso de extorsión, sino también de amenazas y constreñimiento.
El caso tomó mayor dimensión pública después de sus declaraciones en entrevistas radiales y de la difusión de información sobre supuestos chats y pruebas entregadas a la Fiscalía. Rodríguez anexó capturas de conversaciones y otros elementos para sustentar su denuncia, material que ahora deberá ser verificado por los investigadores dentro del proceso judicial. Hasta el momento, esas evidencias forman parte de la versión de la denunciante y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial sobre responsabilidades.
En sus intervenciones públicas, Rodríguez también vinculó el episodio a un ambiente de presiones, conflictos internos y presuntas disputas de poder dentro del Gobierno. En ese contexto, aseguró que existiría una red orientada a desacreditarla y a desplazarla del Fondo Adaptación, entidad que actualmente dirige. Esas afirmaciones han ampliado el alcance político del caso, aunque varios de esos señalamientos siguen siendo materia de controversia pública y no cuentan todavía con pronunciamientos de fondo por parte de la Fiscalía.
Además de esta denuncia por extorsión, la funcionaria ha mencionado otros procesos que ya ha llevado ante la Fiscalía. Entre ellos, se encuentra el episodio relacionado con la presunta incursión ilegal en la vivienda de sus padres, un hecho denunciado meses atrás y que, según su relato, no correspondería a un robo común. También se ha conocido que ha interpuesto denuncias por injuria y calumnia contra varios funcionarios y personas de su entorno político y administrativo.
Reacciones al caso
Las declaraciones de Angie Rodríguez provocaron respuestas de otras figuras del Gobierno. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, rechazó sus acusaciones y sostuvo públicamente que la funcionaria estaría impulsando una ofensiva mediática contra el Gobierno. En declaraciones divulgadas por medios nacionales, Carrillo afirmó que ve en Rodríguez a «Yo veo a una persona desesperada, una persona que seguramente ha perdido el apoyo político que tenía al interior del Gobierno. Esto es una versión repotenciada de lo que ella hizo en diciembre» y negó que exista una confrontación bilateral, al señalar que, según su versión, los ataques han sido unilaterales.
«Esto no es una pelea, es un ataque unilateral que ella arranca en contra mía. Yo no tenía ningún problema con esta señora cuando era directora del DAPRE«: Carlos Carrillo, director de la UNGRD
A la controversia también se sumó la Unidad Nacional de Protección (UNP). Luego de que Rodríguez afirmara que requería mayores garantías de seguridad, el director de esa entidad, Augusto Rodríguez, aseguró La doctora Angie Rodríguez cuenta con un esquema de protección robusto y vigente, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explica los hechos, las fechas y las decisiones». Según esa respuesta oficial, no sería cierto que se encuentre o haya estado desprotegida durante este periodo.
Lo que sigue en la investigación
Con la denuncia ya radicada, será la Fiscalía la encargada de establecer si existieron realmente conductas constitutivas de extorsión, amenaza o constreñimiento, y de determinar la eventual responsabilidad de la persona señalada por la funcionaria. Entre los puntos que previsiblemente deberá aclarar la investigación están el origen de las exigencias económicas, las razones por las que Rodríguez decidió hacer un primer pago, la trazabilidad del dinero entregado y la autenticidad de los mensajes y demás pruebas aportadas.
Por ahora, el caso permanece en una etapa inicial y gira alrededor de una denuncia formal presentada por una alta funcionaria del Estado, con repercusiones tanto judiciales como políticas. Mientras avanzan las verificaciones, la atención pública seguirá puesta en lo que determine la Fiscalía sobre los hechos denunciados y sobre el contexto en el que, según Rodríguez, se habría producido la presunta extorsión.
