Advertencia de la Contraloría: Riesgos en la Ejecución de Contrato Millonario entre Mininterior y Universidad de Pamplona para Beneficio de Comunidades Indígenas
La Contraloría General de la República emitió una advertencia especial dirigida al Ministerio del Interior y a la Universidad de Pamplona en relación con el Contrato Interadministrativo Nro. 1840 de 2022, valorado en $151.136 millones. Este acuerdo, destinado a beneficiar a comunidades indígenas, enfrenta serios riesgos debido a falencias detectadas en su planeación y ejecución.
Tras un seguimiento continuo por parte de las Contralorías Delegadas para el Sector Defensa y Seguridad y para la Población Focalizada, se ha identificado un escenario preocupante que podría resultar en la pérdida de recursos públicos y en la insatisfacción de las necesidades de las comunidades indígenas involucradas.
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A pesar de que el contrato fue suscrito el 8 de agosto de 2022 con un plazo inicial de ejecución de 5 meses, el mismo fue prorrogado en dos ocasiones, llegando a una fecha límite de diciembre de 2023. No obstante, a más de un año de su firma, las comunidades beneficiarias no han recibido la totalidad de los proyectos inicialmente planeados para ejecutarse en un máximo de 5 meses.
La Contraloría General de la República ha detectado deficiencias sustanciales en la contratación con la Universidad de Pamplona, que incluye la «gestión administrativa, operativa, financiera, de asistencia técnica y de verificación en la implementación de los proyectos presentados por los pueblos indígenas». Esta modalidad de contratación no solo incumple con los requisitos establecidos para la contratación directa en Colombia, sino que también implica la delegación de funciones misionales del Ministerio en terceros.
Adicionalmente, la cuota de administración del contrato, establecida en un 10% del valor total y destinada a la Universidad de Pamplona, supera los límites establecidos por la Resolución No. 339/2021, planteando interrogantes sobre la adecuación de estos recursos para los fines estipulados.
En este contexto, la Advertencia Especial resalta el riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y la posible afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. Se enfatiza que, de no culminarse la ejecución de los proyectos, se perderá la inversión transferida por el Ministerio del Interior, afectando directamente a las comunidades indígenas que se buscaba beneficiar.
